Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
Las negociaciones del ELN y el Gobierno caminan por una cuerda floja compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior, el Alto Comisionado para la Paz, un mensaje de urgencia de la Ley de Orden Público y el Congreso de la República.
En vilo queda la posibilidad de paz, no solo por la posibilidad de no conseguir un acuerdo, sino porque el conflicto no cesa en las comunidades que han venido desde Chocó a denunciar el desplazamiento y los asesinatos que suceden en sus territorios.
Este es un panorama del acontecer entre el Gobierno y la guerrilla del ELN:
Plano Internacional
El Gobierno nacional, por medio de la Cancillería, envió una nota diplomática al gobierno de Cuba en la que solicitó la entrega a Interpol del jefe máximo jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista —alias ‘Gabino’—, quien se encuentra en un tratamiento médico en la isla. Esta solicitud pone de manifiesto el riesgo de las negociaciones con el ELN, además incurre contra la decisión del mismo Estado colombiano que había determinado la presencia de los jefes en Cuba.
Cuba se perfilaba, nuevamente, como el país garante para las negociaciones, este reversazo pondría en aprietos internacionales a Cuba por los argumentos expuestos por el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos. El anuncio del gobierno insta que ‘Gabino’ no hace parte de la mesa de negociación y que por eso las dos circulares rojas expedidas por la Interpol no se anulan.
Ceballos también le solicitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro que confirme si hay presencia de cabecillas en territorio venezolano y, de ser así, ponerlos a disposición de la Interpol.
Ceballos se refirió, además de ‘Gabino’, a Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’; Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’ y Eliécer Chamorro, alias ‘Antonio García’, quienes se encontrarían en Venezuela.
El alto comisionado afirmó que depende de que el ELN abandone el secuestro para restablecer la mesa de negociación. Además, aseguró que, según informaciones que tiene el gobierno, en las zonas de Chocó, Arauca y Norte de Santander habrían sido registrados alrededor de 44 secuestros.
A su vez, se refirió a los ataques del ELN al oleoducto Caño Limón – Coveñas que, según cifras del gobierno, ha sufrido 82 voladuras este año. Desde 1986 habría 3,4 millones de barriles derramados a cuenta de ataques a infraestructura.
Plano Nacional
Las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron el lunes 19 de noviembre —en primer debate— la prórroga de la Ley de Orden Público (148). Este proyecto trata sobre los mecanismos para permitir las negociaciones con grupos al margen de la ley y sobre los temas de seguridad.
EL proyecto, que viene con mensaje de urgencia, tiene tres grandes puntos: uno que pretendía generar unas condiciones de negociación que advertirían más complicaciones a la reactivación de la mesa de negociación y que fue derrotado por la oposición; otro, que pudo salvar el gobierno, tiene que ver con la creación de unas zonas de intervención estratégicas con una presencia militar protagónica en las zonas. Para el mantenimiento de dichas zonas se crearía una nueva subcuenta de financiación. Esta disposición entraría a competir presupuestalmente con los Programas de Desarrollo Territorial (PDTES).
El ponente del proyecto, el senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino —ficha clave del excandidato ala presidencia Germán Vargas Lleras— dijo que las Zonas Especiales de Intervención no afectarán los PDET, sino que se buscan poner en marcha la implementación del Acuerdo con las FARC.
Ante el proyecto, Iván Cepeda dijo que: «varios de los artículos son inconstitucionales, como la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral y la subcuenta en Fondo Paz para esas zonas». Además, aseguró que de ser aprobado tal como está, demandarán la inconstitucionalidad de los artículos.
Nancy Patricia Gutiérrez —ministra del Interior y autora del proyecto— salió en defensa de la avanzada del Centro Democrático al referirse al proyecto: «esta ley no pretende desbaratar absolutamente nada sino garantizar el orden público y armonizar con acciones que quedaron consignadas en el acuerdo de La Habana».
El tercer punto fundamental y polémico es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dándole facultades de asesoría directa con el presidente Iván Duque para la toma de decisiones. Este organismo asesor tendría voz para definir si una organización se puede determinar cómo Grupo Armado Organizado, lo que le impediría entrar a negociar con el Gobierno.