Por: Anamaria Corrales, colaboradora – Pares
“Construyendo país”
Un “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” requiere que el gobierno escuche. La plataforma digital para la construcción del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia es una herramienta útil, pero valdría la pena revisar si promueve la equidad en un país donde “hay 20 millones de colombianos que no tienen acceso a banda ancha”, como señaló recientemente la Ministra de Comunicaciones. A diciembre, esta plataforma señala la participación de 10.000 colombianos.
Por otra parte, pareciera que haber hecho 17 Talleres Construyendo País en 20 semanas de gobierno, llevando a cabezas de ministerios y entidades cada sábado a regiones es una buena manera de acercarse para “escuchar las preocupaciones y las ideas de las comunidades”. Sin embargo, aunque en las jornadas preparatorias representantes de la comunidad discuten qué le plantearán al gobierno y algunos delegados presentan la síntesis durante el taller, los 3 minutos que tienen para hablar son insuficientes para tener una idea detallada de cada problemática. En la página de la Presidencia se documentan solo los discursos del Presidente y algunos mensajes de ministros. El candidato Duque planteó que se haría seguimiento a los compromisos. Sería bueno que las propuestas de las comunidades, los compromisos y el seguimiento sean públicos.
Construyendo confianza
Pero hay otras maneras de escuchar y de recoger inquietudes, especialmente cuando hay reuniones donde se tratan o se espera tratar temáticas específicas. En esos escenarios más pequeños, pero igualmente públicos, es posible que los funcionarios recojan detalladamente las inquietudes y a la vez expliquen políticas o ideas para constituir planes o intervenciones. Pero parece haber una tendencia a dejar sin interlocución al campesino o a la oposición.
Para el 5 de octubre, la bancada alternativa convocó a una audiencia pública en Popayán para descentralizar los procesos de diálogo social y escuchar directamente de las comunidades las problemáticas que enfrentan, en ese caso, las de la violencia. Con las dificultades y los costos y tiempos de transporte, allí se reunieron “más de mil personas provenientes de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, quienes dieron a conocer a los asistentes la grave problemática que enfrentan en materia social”. Pero no llegaron los representantes del Gobierno nacional que habían sido invitados.
El 19 de octubre se realizó en La Macarena el Segundo Foro Ambiental para dialogar, entre otros temas, sobre alternativas frente a la problemática de la deforestación. Sin embargo, “ni el Ministerio de agricultura ni el Ministerio de Medio Ambiente ni las agencias de tierrras, desarrollo rural y de renovación del territorio dieron la cara (sic)”. Con todo y esa desatención, las comunidades expidieron y socializaron el Manifiesto ecológico por una justicia ambiental para la Sierra de la Macarena.
Posteriormente, el 2 de noviembre se realizó el Foro “Caminos y discusiones para el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos” convocado por la Defensoría del Pueblo. El Viceministro de Agricultura intervino después de la apertura realizada por el Defensor del Pueblo y se retiró de inmediato sin escuchar las intervenciones de los asistentes. De gobierno nacional solo quedó el director del DANE, entidad que es responsable de un tema crucial en lo que se refiere al campesinado (estadísticas) pero brillaron por su ausencia las entidades a cargo de la ejecución de la política agraria y de la atención de conflictos interétnicos.
En Policarpa, Nariño, se presentó una situación semejante el 2 de diciembre. A la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT-, tras la Alerta Temprana 082 de la Defensoría del Pueblo sobre los municipios de la cordillera de Nariño, no llegaron los representantes del gobierno nacional. Los alcaldes de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa se levantaron de la mesa “para no legitimar la inoperancia de este espacio”, según dejaron constancia en un comunicado. En el documento también resaltan el compromiso de las autoridades municipales por el mejoramiento de las condiciones de sus territorios y habitantes, algo que no pueden atender solos y requiere del nivel nacional.
Otra situación se vivió en el Congreso de la República el 10 de diciembre cuando la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común convocó a una audiencia pública sobre el estado de la Implementación del Programa de Sustitución -PNIS. Como informó el Representante Jairo Cala, los congresistas cursaron invitación a los ministerios de Defensa, Salud y Protección, Justicia y del Derecho, Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, a la Alta Consejería para el Posconflicto, así como a la Procuraduría, Defensoría y Contraloría, pero no recibieron respuesta. Sólo asistieron e intervinieron el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa (MinJusticia) y un asesor de la Dirección de Sustitución de Cultivos. Cuando se retiró el Viceministro por otro compromiso informó que quedaba un funcionario de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del mismo ministerio. Allí la comunidad resaltó la voluntad de dialogar.
Con 200 campesinos presentes, un Ministro de Agricultura, un Consejero para el Posconflicto, un Director de la Agencia de Tierras o de Desarrollo Rural, podrían haber accedido de manera directa a la información que les traían y a hablar de frente, responder y escuchar.
“Uno los tiene que escuchar pero ellos no nos escuchan”
Si el Presidente Duque quiere hacer realidad su eslogan “el futuro es de todos”, es importante que oriente a sus funcionarios para escuchar, aprovechar las oportunidades que se dan en territorios y con comunidades, y para que no sigan dejando plantados a los campesinos y a las autoridades locales.
Escuchar es una herramienta para construir país, nación, inclusión y por supuesto equidad. Como dijo una campesina del Catatumbo: “uno los tiene que escuchar pero ellos no nos escuchan”.