De acuerdo con fuentes del terreno, el deseo de continuar con el negocio del narcotráfico, el desencanto ante los incumplimientos del Estado frente al acuerdo firmado en La Habana, el miedo ante el asesinato de excombatientes y la necesidad de frenar el avance de grupos que se autodenominan paramilitares, llevaron a diferentes excombatientes de las FARC a volver a tomar las armas y, actualmente, mantienen un enfrentamiento armado con el Clan del Golfo, quienes serían los que tienen en alerta roja en materia de seguridad al municipio de Ituango debido a los desplazamientos masivos y los asesinatos selectivos.
Algunos excombatientes de FARC-EP decidieron sumarse al Clan del Golfo, como es el caso de alias ‘Carnitas’, ‘Jeringa’ y ‘Serpa’, este último asesinado en extrañas condiciones hacia el mes de mayo de 2017. El conocimiento profundo del territorio y de las rutas del narcotráfico de estos hombres fortaleció la estructura criminal de este Grupo Armado Organizado en la región y permitió el establecimiento de alianzas con los Pachelly, integrada al Cartel del Norte del Valle de Aburrá, quienes a su vez ya venían ingresando al Norte antioqueño vía Valle Toledo y San Andrés de Cuerquía para gestionar actividades de narcotráfico.
El Clan del Golfo, con colaboración de ‘Carnitas’, se fortaleció en el territorio y facilitó el ingreso de hombres del Frente Rubén Darío Ávila, también de la misma estructura criminal, pero que opera San José de Uré, al sur de Córdoba, aumentando la presencia en el territorio de estos grupos que se autodenominan paramilitares, con ello también se incrementó el asesinato selectivo de líderes sociales, civiles y excombatientes de las FARC reincorporados.
Según fuentes locales, la situación de victimización a excombatientes de las FARC detonó, en gran medida, el rearme de una facción del extinto Frente 36 al mando de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias ‘Cabuyo’, en oposición al dominio del Clan del Golfo y a sus acciones en el territorio, por lo que se dio inicio a una confrontación abierta entre estos grupos armados.
Según información reciente obtenida en entrevistas a periodistas regionales, los llamados ‘disidentes’ de las FARC que estarían liderando nuevos grupos en Antioquia son: alias ‘El Burro’ por el Frente 5, operando en el Norte antioqueño y Urabá; alias ‘El Pájaro’ y ‘Mauro Ratón’ por el Frente 34, operando en Urrao; alias ‘Segundo’ por el Frente 58, operando en Urabá; alias ‘Ramiro’ por el Frente 18, operando en Ituango y Briceño; y los alias ‘Cabuyo’ y ‘Diomedez’ por el Frente 36, operando en Ituango, Briceño, Yarumal, Anorí, Valdivia y apareciendo por algunas zonas de Bajo Cauca.
Algunas fuentes apuntan a que ‘Ramiro’, disidente del extinto Frente 18 es el mismo ‘Carnitas’, pero de esto no hay claridad. Así mismo, también indican que ‘Carnitas’ habría sido trasladado al Sur de Córdoba con el fin de bajar el perfil. No obstante, al contraste de esta información, miembros de la fuerza pública señalan que ‘Carnitas’ continúa en su territorio de acción y que sostendría diferencias con ‘Cabuyo’ porque el primero querría seguir trabajando con el Clan del Golfo y no deseaba subordinarse sino controlar el negocio del narcotráfico en esta subregión y el segundo tiene una marcada diferencia con esta estructura criminal que ya llevó al enfrentamiento armado.
Para este último fin, ‘Cabuyo’ habría tranzado una alianza o pacto de no agresión con Caparrapos, con el fin de derrotar al Clan del Golfo. Campesinos señalan que estos combates se están dando porque este GAO sería responsable del asesinato de líderes sociales del sector y a excombatientes de la guerrilla. Estos combates, sumados a los asesinatos selectivos, son la causa de los desplazamientos forzados que viene padeciendo Ituango.
Para 2018, los combates han incrementado entre los grupos liderados exmiembros del Frente 36 de las FARC contra estructuras del Clan del Golfo. Así mismo, ha aumentado el copamiento ilegal de territorios, las disputas por los mismos y el riesgo sobre las comunidades que allí habitan.
Además, El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales del Departamento denunciaron, en marzo de 2018, que en las subregiones del Norte (específicamente Ituango) y Bajo Cauca antioqueño está constriñendo y amenazando a la población rural organizada comunitariamente y a quien no les quiera obedecer.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Ituango registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va de 2018, y «existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas», desarraigo que sería causado por las disputas entre los grupos armados mencionados. Al parecer, en Ituango el desplazamiento no es masivo como en el Bajo Cauca sino que se da de tipo “desplazamiento gota a gota”, lo cual no causa mayor impacto a nivel departamental y genera un subregistro imposible de seguir ya que, además, a las familias desplazadas por vereda sienten temor de realizar las denuncias.
En el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño la situación de seguridad es compleja. Fuentes en territorio aseguran que el Clan del Golfo pretende el control territorial absoluto por lo cual ha incrementado sus acciones en contra de otros grupos y también frente a las comunidades. Al respecto, una fuente afirmó que “están exigiendo copias de las actas de reuniones de líderes comunales, censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos”.
Otro hecho que se está presentando es la extorsión a las grandes empresas mineras, las cuales son declaradas objetivo militar si no pagan el monto. Esta sería la razón por la que la Continental Gold habría recibido ataques. El primero ocurrió el 5 de septiembre de 2018, cuando dos trabajadores se movilizaban hacia su lugar de trabajo, a las afueras del casco urbano de Buriticá (Occidente), y fueron víctimas de un ataque con arma de fuego. Uno de ellos quedó gravemente herido y el otro, Óscar Alarcón, ingeniero del proyecto minero, perdió la vida.
Posteriormente se capturaron presuntos integrantes de las AGC y se les sindicó del atentado. Luego vino el asesinato de los tres geólogos, cometido en la vereda Ochalí de Yarumal, cometido en la madrugada del 20 de septiembre. De este se acusó al grupo que lidera Cabuyo y que firma como Frente 36 y a miembros del ELN. Por lo que se han presentado varias capturas. De acuerdo a información recogida por fuentes en terreno, estos ataques hacia personal de la empresa minera se deberían a la negativa de la misma de pagar la extorsión.
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