Por: Carol Sánchez.
Se cumple un año desde que se posesionaron los 38 magistrados de la JEP que asumieron la labor de brindar justicia restaurativa y verdad a las casi 9 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. En la mañana del 16 de enero, la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, presentó un balance sobre el trabajo de los últimos 12 meses de la entidad y la presencia de los comparecientes.
Entre las cifras, cabe destacar que han sido un total de 11.675 personas las que han firmado actas de sometimiento a la JEP, entre las que se encuentran 9.687 excombatientes de las FARC, 1.938 miembros de la fuerza pública, 38 agentes del Estado y 12 participantes de protesta social. Además, se han recibido 168 informes de organizaciones civiles, víctimas e instituciones del Estado. Los informes de las víctimas, puntualizó Linares, fueron posibles, en parte, gracias al trabajo que realizó la JEP en 19 zonas del país, pues su presencia ayudó a asesorarlas para la elaboración de estos.
Sobre las críticas y ataques que se le han hecho a Jurisdicción desde los sectores de la derecha del país, Linares aseguró que la Jurisdicción es para la paz y no para la venganza, por lo que su principal objetivo es garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. La togada dejó en claro que no responderá a presiones mediáticas o políticas: “Pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de Derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”, afirmó.
Además, la magistrada hizo énfasis en la independencia que manejará la Jurisdicción para cumplir con su labor y tomar las decisiones pertinentes respecto a la priorización de casos, que “serán producto del ejercicio judicial autónomo e independiente de un juez que actúa en democracia”. Para la priorización existen actualmente dos criterios: tipos de victimización e impacto en los territorios y comunidades.
A la fecha, la JEP tiene cinco casos entre sus expedientes: 1) retención ilegal de personas por parte de las FARC, 2) situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (1990-2016), 3) ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza Pública, 4) situación en Urabá (1986-2016) y 5) Situación en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, todos municipios de Cauca.
Los grandes ausentes en lo que se podría denominar una rendición de cuentas de la JEP, fueron los miembros del partido FARC, ninguno se presentó. Por parte del gobierno nacional solo asistió la ministra de Justicia Gloria María Borrero.
