Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
A las 7 de la noche del 18 de enero, en una alocución presidencial que tuvo lugar después del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Iván Duque decidió levantar la mesa de negociaciones con el ELN y reactivar las órdenes de captura y las circulares rojas de Interpol contra los delegados de la guerrilla. Duque, a su vez, le solicitó a Cuba colaboración con la captura y entrega de los delegados del ELN que aún están en ese país.
El mandatario insistió en que la voluntad de paz del ELN se debe demostrar con la liberación de todos los secuestrados que se encuentran en poder del grupo armado, sumado al cese definitivo de las acciones violentas. Duque, además, aseguró que pondrá a disposición toda la capacidad de las fuerzas militares para combatir al ELN y fortalecer la desmovilización individual de sus militantes.
Ya el gobierno nacional, por medio de Miguel Ceballos —Alto comisionado para la Paz— había anunciado que, por los actos cometidos por el ELN en el marco de las posibles negociaciones de paz, se hace insostenible un camino de resolución pacífica con esta guerrilla. Esto en las horas de la mañana del mismo 18 de enero.
La decisión de levantar la Mesa llegó luego de que la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto martínez, y el Ministerio de Defensa, dirigido por Gillermo Botero, afirmaran que los responsables del atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander fueron hombres del ELN. La explosión se había dado un día antes, el 17 de enero en horas de la mañana, y dejó 21 muertos y 68 heridos.
Cabe recordar que recién inició el gobierno el presidente Iván Duque —el 7 de agosto de 2018—, el presidente anunció que se daría un plazo de 30 días para evaluar la viabilidad de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Desde ese día, el gobierno advertía que este grupo guerrillero tenía que tener ‘voluntad de paz’ para restablecer el diálogo, que aunque con dificultades, había logrado concertar una mesa de Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz.
A propósito de de las acciones del ELN, el Alto Comisionado para la Paz aseguró que desde el 7 de agosto, el ELN ha secuestrado 9 personas de un total de 17 que tendría en poder esta guerrilla. Sobre los ataques de oleoductos, señaló que serían alrededor de 5 en estos 18 días que lleva el 2019 y 89 en 2018. Es importante señalar que, en los últimos años, el ELN había tranzado una disputa con el Clan del Golfo en el Sur del Chocó y en algunas subregiones del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente por el control territorial asociado a economías ilegales. Asimismo, en la región del Catatumbo, desde el año 2017, la disputa con Los Pelusos se intensificó y dio lugar a graves afectaciones humanitarias.
Según León Valencia —Director de la Fundación Paz & Reconciliación— el gobierno, durante estos cinco meses, no ha tomado una decisión sobre proceder militarmente contra el ElN o negociar, lo cual ha permitido la continuidad de los actos de la guerrilla, que obedecen a las vicisitudes de la guerra.
Según la investigación adelantada por la Fundación Paz & Reconciliación en el informe ‘Cómo va la Paz: lareestructuración unilateral del Acuerdo de Paz’, el ELN tiene presencia en 115 municipios en el país, una expansión en 19 municipios con respecto del año 2016. Este informe señala también que:
…se han registrado 245 acciones por parte del ELN en el periodo comprendido entre el 10 de enero, cuando finalizó el cese al fuego bilateral y el 31 de octubre, periodo en el cual el ELN decretó dos ceses unilaterales: el primero para las elecciones a Congreso, y el segundo para las presidenciales, en los cuales no se registró ningún hecho violatorio.
Por otra parte, Valencia desvirtúa las visiones que asocian este fenómeno al Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC debido a que, posterior a la firma del Acuerdo, los indicadores de violencia disminuyeron de manera radical, en consecuencia, “Colombia no es la misma de la década del noventa”. A su vez, señala las diferencias entre una guerrilla y otra son significativas:
“mientras las FARC tenía una estructura altamente jerárquica y centralizada, con un volumen capaz de amenazar la estabilidad del Estado, el ELN es una organización federada, es decir, descentralizada y con menor capacidad bélica”. En este sentido, la salida militar que probablemente tome el gobierno, sería “larga y dolorosa. Es decir, conllevaría a terrorismo brutal, que cobra vidas. Por otro lado, la salida negociada permitiría una reconciliación nacional.”
Por su parte, Luis Celis, experto en conflicto armado interno, afirma que en el ELN hay una gran desconfianza del camino de la negociación, así como en el gobierno. A su vez, sostiene que parte de la alianza uribista no tiene interés en superar la violencia, “se sienten a gusto con este desorden. El uribismo no tiene interés en la transformación que demanda la paz”. En este momento, para Celis, cada bando tiene que asumir su responsabilidad de cómo va a actuar. Además, confía en que el ELN no se a desbocar en un escenario de terrorismo urbano: “…no veo ese escenario. Sin embargo, en la medida en el que el ELN considere hacer presencia en las ciudades, lo va a hacer, el gobierno tiene que actuar responsablemente, no convocarnos a un baño de sangre”.
En este escenario, diversos sectores, entre ellos el mismo Presidente, han convocado a una manifestación este domingo para rechazar los actos terroristas en el país. Para León Valencia, un capítulo parecido ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando se presentó una movilización en contra de las FARC en razón del fortalecimiento de la estrategia del secuestro y, especialmente, de personas públicas como es el caso de Ingrid Betancourt. En este caso, se construyó un rechazo generalizado en la opinión pública que dio lugar a una arremetida de la Fuerza Pública contra las FARC que, incluso, alcanzó niveles de victimización contra la población civil.
Los analistas coindieron en que la sociedad colombiana está cansada de la violencia y que este domingo será importante debido a que es una oportunidad para que la sociedad civil levante la voz frente a cualquier tipo de acción o incentivo de violencia.