Por: Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
Negociación imposible en el gobierno Santos
La posibilidad del ELN y el pasado Gobierno de lograr un acuerdo de paz terminó oficialmente el 1 de agosto del 2018. La negociación comenzó formalmente el 30 de marzo de 2016 cuando ambas partes se comprometieron a adelantar una agenda de 6 temas: participación de la sociedad en la construcción de paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto e implementación.
La Mesa funcionó con una dinámica normal desde febrero de 2017, casi un año después de que fuera instalada. El asunto que demoró el comienzo de los ciclos fue el secuestro y la negativa de la guerrilla para abandonar esta práctica. En su momento, el Gobierno Santos logró una solución intermedia que consistía en la liberación de algunos secuestrados y comenzar las conversaciones formales con la búsqueda de un pacto sobre asuntos humanitarios, uno de los subtemas incluido en el Punto 5 de la agenda.
La búsqueda de un cese al fuego bilateral y la concreción del Punto 1 de la agenda fueron los ejes sobre los cuales las delegaciones trabajaron a lo largo de los 6 ciclos sin lograr ningún acuerdo final. A continuación se presentan los principales hitos de la negociación.
A pesar de que no se lograron más avances, el trabajo de las delegaciones dejó dos importantes insumos al país y al actual Gobierno:
Se pactó y se dio cumplimiento al primer cese bilateral en la historia con el ELN. La evaluación que hicieron las Delegaciones y el Mecanismo de Monitoreo permitió la construcción de consensos sobre un nuevo protocolo que mejoraría las condiciones en caso de un nuevo cese y un clima de mejora de las condiciones para la paz en las regiones de presencia del ELN
Se construyeron algunos criterios y alcances del ejercicio de participación que propone el Punto 1 de la agenda, esto a partir de las Audiencias con sociedad civil[1] desarrolladas en 2017.
Se avanzó en un programa de desminado humanitario, particularmente la propuesta de Pacto por la Paz de Nariño.
Se estableció un acuerdo para disminuir los niveles de violencia en el departamento del Chocó. A esta iniciativa se le llamó Mesa Humanitaria de Chocó.
Negativa del Gobierno Duque
Iván Duque anunció en su discurso de posesión presidencial que se daría 30 días para evaluar el proceso de paz con el ELN y tomar una decisión al respecto de su continuidad. Para desarrollar esa labor pidió el apoyo de la Iglesia Católica, que ha tenido un rol central en la mediación; a los países garantes y a Naciones Unidas; además, designó a Miguel Ceballos, actual consejero para la paz. Durante esos 30 días se dieron dos hechos que permitieron que ese plazo se extendiera de manera indefinida:
Secuestro por parte del ELN de cuatro militares (el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres, el patrullero Yemilson Leandro Gómez y el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva) y dos civiles en Chocó.
Secuestro de tres soldados en Fortul, Arauca.
En ese mes, y como único tema de diálogo, el ELN y el Gobierno conversaron sobre la liberación de los secuestrados que se dio en dos fechas: el 5 de septiembre en Arauca y el 13 en Chocó. Por parte del Gobierno, quién estuvo a cargo de la interlocución fue Miguel Ceballos. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre los protocolos que se iban a poner en marcha para la liberación, pues el ELN solicitaba que estuvieran presentes los países garantes de la Mesa de Conversaciones, condición a la que el Gobierno se negó sustentando que ese evento estaba por fuera de las conversaciones de paz, y que nada tenían que ver los países garantes. Así las cosas, el ELN asumió que este sería un gesto unilateral y entregó los secuestrados a una comisión del CICR y de sociedad civil.
A pesar de esta tensión, varios actores nacionales e internacionales han manifestado la importancia de darle continuidad a la Mesa: La Comisión de Paz de la Iglesia católica, que incluso planteó la posibilidad de que la sede de las conversaciones fuera en Colombia; las Comisiones de Paz de Senado y Cámara se ofrecieron como mediadoras y resaltaron la importancia de buscar una salida negociada al conflicto; el Presidente español Pedro Sánchez, que se ofreció como facilitador; Naciones Unidas, que presentó un documento de recomendaciones a Duque en materia de paz, en el que piden no dejar a un lado las negociaciones con el ELN y profundizar el esfuerzo en “lograr un acuerdo mejorado de cese al fuego y diseñar la participación comunitaria en el proceso”. Las organizaciones sociales y otros organismos de la comunidad internacional también han reiterado la necesidad de darle continuidad a ese proceso.
Y es que los beneficios de los diálogos no fueron menores: desde 2016 a diciembre de 2018, se presentó una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Esto, sin duda, impactó de manera positiva a las comunidades y a los actores que comparten el territorio con esta guerrilla, como las empresas petroleras, blanco histórico de este grupo armado. Por ejemplo, los ataques a la infraestructura petrolera en el 2018 se redujeron en un 72% con respecto al 2016, situación que benefició no sólo a las empresas víctimas de estos ataques, sino también a la nación en general, pues sólo en 2016 Ecopetrol tuvo que gastar $40.400 millones de pesos en reparaciones a oleoductos con ocasión de los explosivos detonados por esa guerrilla.
No obstante, el presidente Iván Duque ha dejado de lado la política de paz que tenía el anterior Gobierno y reconoce la existencia de un conflicto armado, virando hacia una política de legalidad y estabilización. Esto se ve reflejado en el cambio de discurso, que usa un lenguaje de código penal y no uno de DIH, que reglamenta los conflictos. En ese marco de interpretación, Duque tomó, al menos cuatro decisiones que mantuvieron la mesa suspendida desde su posesión:
El 19 de septiembre el Gobierno retiró de sus funciones al equipo negociador y no delegó nuevas personas para continuar conversaciones con el grupo guerrillero.
En ese mismo mes anunció públicamente que el Proceso tendría continuidad en el caso de que el ELN liberara a todos los secuestrados.
Retiró de manera unilateral a Venezuela como uno de los países garantes de la negociación.
Impidió la mediación por parte de actores de la sociedad civil y políticos interesados en la continuidad de la Mesa.
El 7 de agosto se reactivó la circular roja de Interpol contra el máximo comandante del ELN, alias ‘Gabino’ y la de alias ‘Pablito’, lo que resultó una presión importante para el Gobierno cubano, pues le obligaba a capturarle.
La modificación a la Ley de Orden Público.
Sin embargo, el 17 de enero de 2019, se presentó una explosión con un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander que dejó 21 muertos y 68 heridos. Inmediatamente comenzó a circular la hipótesis de que el responsable había sido el ELN. Al día siguiente, el 18 de enero, la Fiscalía le otorgó la autoría a la guerrilla. La reacción del Gobierno Nacional, como lo hizo saber el presidente Iván Duque, Alto fue la de no continuar los diálogos con esta guerrilla.
Finalmente, en horas de la mañana del lunes 21 de enero el ELN lanzó un comunicado en donde aseguraba que la acción en la Escuela de Cadetes fue «lícita dentro del derecho de la guerra».
[1] Fueron 10 audiencias en total: , 8 presenciales y 2 virtuales, con un total de 208 participantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil: comunitarias, empresas, territoriales, sectoriales, víctimas, entre otras que respondían a las delegaciones sobre dos temas: (i) mecanismos y formas de participación de la sociedad que deberían implementarse en el marco de las Conversaciones de Paz; y (ii) experiencia que la organización o sector considere importante para los mecanismos y formas de participación de la sociedad.
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