Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
Maritza Ramírez Chaverra era lideresa de 42 años del corregimiento Aguas Blancas, municipio de Tumaco, Nariño. La lideresa adelantaba procesos con la comunidad relacionados con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) y por la defensa de Derechos Humanos. Además, era presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Aguas Blancas.
El pasado jueves 24 de enero se dio a conocer la muerte de Maritza en el Hospital Universitario Departamental de Nariño, ubicado en la ciudad de Pasto. Este anuncio se dio tras diez días de su desaparición —14 de enero— cuando, según versiones de la comunidad, fue vista por última vez en las horas de la noche en un sector conocido como EL Tigre siendo abordada por un grupo de hombres.
Tal como lo dio a conocer la Confederación Nacional de Acción Comunal, Ramírez ya había manifestado a la comunidad amenazas en su contra. Además, el ataque en el sector de El Tigre dejó heridas de tal gravedad que fue remitida primero al hospital San Andrés de Tumaco y posteriormente llevada al Hospital Universitario de Nariño, donde durante estos días los médicos no pudieron impedir su muerte.
Luis Fernando Moreno, —líder comunal de Nariño— afirmó que “en el municipio de Tumaco han venido ocurriendo varias muertes de líderes y lideresas sociales y eso nos tiene muy preocupados. Maritza había puesto una denuncia sobre amenazas, a ella la golpearon en la zona del Tigre, en la vía que de Tumaco conduce a Pasto”. Advirtió, además, que en la zona han amenazado varios líderes y lideresas, como también presidentes de JAC. El líder precisa que en la región esta violencia sobrevive a la inoperancia de los canales de alerta y la mirada indiferente que ha manejado el Estado.
Según el más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación, ‘Cómo va la Paz: la Reestructuración Unilateral del Acuerdo de Paz’, en la región de Tumaco, y en general en el departamento de Nariño, hay un vacío de poder producto de la salida de la guerrilla de las FARC-EP. Esto, entre otras cosas, ha generado una disputa desde finales de 2017 y que arrecian hasta estos días, sobre la disputa entre grupos armados ilegales para hacerse con el control de las rutas del narcotráfico.
Esta disputa por hacerse al control de la cadena del narcotráfico azota, especialmente, al municipio de Tumaco. PARES advierte una proliferación de los grupos armados ilegales por todo el departamento de Nariño, fenómeno que ha aumentado potencialmente los homicidios y el desplazamiento en Tumaco.
Esta situación la dio a conocer La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), quien advirtió que en las zonas rurales —alrededor de ocho veredas— de Tumaco albergan 263 personas que han sufrido las dinámicas de violencia al punto de tener que abandonar forzosamente sus territorios. Además, el informe que presentó OCHA habla de la confinación de las comunidades en razón al accionar de los grupos armados ilegales que operan en la región.
Los organismos humanitarios señalan que en la región se presentó un desplazamiento forzado que oscila entre 700 personas en zona rural de Tumaco, las cuales son, mayoritariamente, provenientes de comunidades afrodescendientes e indígenas. Por su parte, Anny Mercedes Castillo Vivas, personera distrital de Tumaco, advierte que la situación es aún peor y que podría tratarse de cerca de 1600 personas, aproximadamente 513 familias.
Cabe recordar que Tumaco alista un Paro Nacional para hacerle frente a la situación de asesinato impune de sus liderazgos. En los próximos días se reunirán las Federaciones de Acción Comunal de Nariño con el fin de evaluar la forma en que tomarán medidas, pero también el pliego de exigencias sobre las garantías de seguridad y protección que presentarán al gobierno de Iván Duque.
ESPECIAL COMPLETO: Los líderes asesinados tienen rostro.