Por: José Roberto Acosta, aliado PARES
La supuesta venta de Medimás EPS es un nuevo capítulo de una complicada novela protagonizada por empresas privadas y que va desde Saludcoop a Cafesalud, a quienes el gobierno de turno les ha escrito un libreto con leyes, decretos y resoluciones para que se aprovechen de billonarios recursos del sistema público de salud.
El gobierno intervino a Saludcoop EPS en el año 2011, recibiendola con pérdidas por $320.000 millones y la entregó a Cafesalud EPS con pérdidas por más de $2 billones. En las dos entidades nombró a Guillermo Grosso como interventor. Hoy, Grosso está preso por por petición de la Fiscalía General de la Nación y es acusado por la Contraloría General de la Nación de irregularidades fiscales por un monto de $ 269.808 millones y ordenó indagación preliminar por $720.000 millones adicionales.
Después del saqueo en manos del Gobierno de estas dos EPS, se decidió vender los cinco millones de usuarios de Saludcoop-Cafesalud a Medimás por un valor de $1,2 billones en junio del año 2017, a pesar de que sus socios nunca certificaron experiencia en actividades de aseguramiento en salud ni tampoco garantizaron el debido pago del precio acordado. A la fecha, Medimás no ha pagado las cuotas desde julio del año 2018 y adeuda a Saludcoop-Cafesalud $123.260 millones, siendo causal suficiente para que se solicite echar para atrás la venta ante un Tribunal de Arbitramento, pero no se actúa en una actitud cómplice con un incumplimiento abiertamente perjudicial en lo económico y con los usuarios de Medimás.
La presidenta de las Junta Directiva de Cafesalud es la Sra. Lia Heenan, socia del cuestionado Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la trama de corrupción relacionada con los ‘bonos agua’ y que perjudicaron las finanzas de 117 municipios. Ahora, el gobierno ha propuesto hacer el pago de las deudas en el sistema de salud a clínicas y hospitales que bordean los $8 billones de pesos, pero sin aclararle a los ciudadanos sobre los casos de corrupción que abarca también a otras EPS como Coomeva y Cruz Blanca.
Ante los incumplimientos de Medimás con su contraparte en el negocio, con sus usuarios que siguen en un inaceptable maltrato por el pésimo servicio que atenta contra sus vidas y con sus empleados, médicos, enfermeros y personal administrativo, pareciera que trata de escaparse mediante una venta a un inversionista extranjero, el cual solo se reconoce por su experiencia en temas de software pero poco o nada en temas de aseguramiento de salud.
En esta maniobra de vender a Medimás a un extranjero, se tendría un nuevo comprador de “buena fe” contra el cual las reclamaciones se tendrían que plantear en la jurisdicción norteamericana, en donde la preferencia no será la protección del derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa o la protección de los recursos públicos y de los derechos de empleados y proveedores de Medimás EPS, sino los intereses mercantilistas del nuevo inversionista.
Los últimos estados financieros de Medimás EPS reportan activos totales por $1,95 billones, deudas por $2,2 billones y pérdidas acumuladas por $716.147 millones. Cifras que configuran causal de liquidación y ha justificado su sometimiento al control de la Superintendencia de Sociedades desde octubre del año 2018 por la “clara existencia de una situación crítica de orden contable, financiero, administrativo y jurídico que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones”, mientras que la Superintendencia de Salud y el anterior Ministro de Salud guardaron silencio y fueron cómplices de este saqueo a los dineros públicos, tal y como lo han documentado detallados informes de la Contraloría y Procuraduría General de la Nación.
Tan errática novela ha venido siendo ventilada en un complejo debate jurídico ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde junio del año 2017, donde cursa una Acción Popular que contra la venta de activos de Cafesalud a Medimás entablamos junto con el Senador Jorge Robledo, y en el que ha logrado vincular a los asesores privados como Posee Herrera Abogados, Lazard Banca de Inversión y Price Waterhouse Cooper. El pasado 23 de enero, la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno ordenó parar la venta de Medimas hasta que se falle de fondo este proceso de Acción Popular.
En su desespero, algunos trabajadores de Medimás consideraron que haber parado la venta a un extranjero frustró la esperanza de que les pagaran sus sueldos atrasados desde el pasado mes de noviembre, pero esa promesa es solo un engaño más de Medimás EPS, pues de lo poco que se conoce de los términos de tan sospechoso negocio, no se deja en claro la inyección de recursos nuevos y en efectivo y, tal vez, se repita la historia de Saludcoop que aún debe billones a empleados y proveedores.
A pesar de la presión ciudadana, de los usuarios, de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Superintendencia de Sociedades, hasta la fecha, la acción del actual Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud se parece bastante al actuar complaciente del anterior gobierno, permitiendo que Medimás siga disponiendo de $330.000 millones mensuales de recursos públicos de la salud como se le dé la gana.