Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares.
Al menos hay dos cosas claras sobre el tema de victimización a líderes sociales. Por un lado, que todo lo que ha intentado hacer el Estado colombiano ha fracasado. Se debe reconocer que ha habido iniciativas positivas como el cuerpo élite en la Policía Nacional o los pilotos de protección comunitaria. Sin embargo, en el territorio el impacto es casi que nulo.
Lo segundo, es que el año 2019 muestra una tendencia a empeorar, es decir, no solo la victimización seguirá sino, sobre todo, podrá aumentar en los meses que vienen, por tres razones: 1. se celebraran elecciones locales. 2. La justicia transicional avanzará en su búsqueda por la verdad y la restitución de tierra. 3. La guerra por las zonas que las Farc ocupaban continuara.
Como lo he escrito en otras ocasiones, el 65% de los perfiles victimizados tienen tres características: 1. Son líderes reclamantes de tierra o verdad. 2. Son líderes que quieren participar en política y 3. Líderes comunales que apoyan procesos de sustitución de económicas ilegales o se oponen a mercados ilegales en sus territorios.
En ese sentido, es claro que el gobierno debería, por lo menos, crear unos planes de emergencia para proteger estos perfiles de líderes sociales y garantizar una mayor eficiencia ante el surgimiento de riesgos en las comunidades. Hacer estas dos cosas supone, perfeccionar un sistema de alertas tempranas que permitan una rápida reacción ante un riesgo y, además, que las comunidades, ciudadanos y líderes sociales deben tener confianza en que, ante denuncias de riesgo, la información suministrada por ellos no se filtrará.
Es decir, que debe existir una buena contra inteligencia para evitar casos de corrupción. En muchas zonas del país, como en el Urabá, más demora el ciudadano en una oficina institucional, que el criminal en enterarse que se interpuso una denuncia.
Desafortunadamente, el gobierno no ha entendido esta situación. Siguen con la vieja lógica militarista que no soluciona la victimización a líderes sociales, además siguen negando la sistematicidad y lo único que se dedican a hacer es a anunciar medidas para luego retractarse de las mismas. El mejor ejemplo fue lo ocurrido con el General Barrero, quien considera que los líderes sociales son guerrilleros, no cree en la victimización, está involucrado en el escándalo de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales y aun así lo colocaron a dirigir el plan de protección a líderes sociales. En su cargo apenas duró unas horas, pues ante las críticas nacionales e internacionales el gobierno reversó la decisión.
La falta de visión en el gobierno nacional es increíble. Una mezcla entre prejuicios políticos, ineptitud y falta de conocimiento del territorio es la mejor combinación para que no pase nada y todo siga tal cual como está: contando líderes sociales asesinados cada dos días.