La paz que nunca llegó al Bajo Cauca

5 febrero, 2019

La paz que nunca llegó al Bajo Cauca

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares.

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la ex guerrilla Farc auguraba la disminución de la violencia, al menos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las zonas dejadas por este grupo poco a poco han sido cooptadas por distintas bandas criminales que actualmente tienen amenazadas a las poblaciones, caso tal de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas.

La salida del grupo guerrillero de estas zonas auguraba la llegada del Estado, pero no solo por la llegada de la Fuerza Pública, pero de todas sus instituciones; sin embargo, la implementación de los acuerdos se ha dado a pasos lentos, que ya se ven las consecuencias de su mal manejo.

La situación de desplazamiento en la zona cada vez es más problemática debido a las amenazas a la población por parte de distintos grupos armados que están en constante disputa y control territorial como la Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), los Caparrapos, grupos postfarc, neoparamilitares y ELN.

Hay un hecho victimizante que está aumentando: hecho victimizante por amenazas (…).  Así mismo, tenemos más de 1.500 declaraciones que se han recibido en los últimos cuatro meses del Bajo Cauca, principalmente de Tarazá, lo que equivale aproximadamente a 5.000 personas”, expresó a la prensa Ramón Rodríguez Andrade, director general de la institución.

De acuerdo con registros de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el año pasado 8.983 personas fueron expulsadas de estos municipios, mientras en 2016 la cifra fue de 4.139, lo cual deja demostrado, en parte, la incapacidad estatal de retomar el control de estas zonas y mitigar la violencia.

Así mismo lo expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que señaló que el Bajo Cauca era una “zona de guerra” que había superado la capacidad del Estado.

Dos grupos dominantes

Son diversos los grupos que se han confrontado por el control de las zonas tanto rurales y del casco urbano, sin embargo, las AGC y los Caparrapos, disidencias de la misma AGC, son los dos grupos que actualmente tienen mayor dominio, territorial y mantienen una lucha por  el control de los cultivos de coca y las rutas de narcotráfico.

“Ambos (grupos) están en disputa por extender su dominio territorial. Disputa que a febrero de 2018 ya llevaba 3 desplazamientos masivos que sumaban 822 personas desplazadas en Cáceres”, según información de Pares, tras una investigación adelantada en terreno. Asimismo, se conoció de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió el aumento de este fenómeno.

Antes de la confrontación entre las partes, el Bajo Cauca estuvo gobernada por el narcotraficante José Bayron Piedrahita, conocido como el “Barón Comercial” o el “Zar de la Droga”, en connivencia con la AGC. Actualmente se encuentra preso en Bogotá y a la espera de ser extraditado. Su captura generó el reacomodamiento de nuevas estructuras criminales, que aún intentan retomar el control de la zona.

A diferencia de los ya mencionados municipios, en Caucasia han hecho fuerte presencia grupos paramilitares a lo largo de su desarrollo social, político y económico. Por lo tanto, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quedaron diversos reductos que conllevaron a la conformación de estructuras como las AGC, Los Rastrojos, y ahora los Caparrapos, entre otros, quienes comenzaron a pelearse las rutas del narcotráfico.

Algunos habitantes de la comunidad de Caucasia explicaron a los investigadores de Pares que ya no sólo están obligados a pagarles la extorsión a las AGC, sino que también deben hacerlo con los Caparrapos para “evitar muertes y amenazas”.

Foto: Andrea Aldana

El motor de guerra

Tanto la AGC, como los Caparrapos son estructuras que se benefician de todas las economías ilegales tales como la extracción ilegal de minerales, el narcotráfico y el microtráfico. Como se ha mencionado, ambos grupos ocupan la mayor parte del Bajo Cauca aunque se ha notificado la presencia del ELN y nuevas estructuras: Paisas, Zorros y Limpieza Social, que no están de acuerdo con la sustitución de cultivos de coca, pactadas en el acuerdo de paz del gobierno y la ex guerrilla Farc.

A los desplazamientos, se suman las amenazas a las que están siendo sometidos los campesinos que quieren acogerse a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que pretendían reducir los sembradíos de coca en la región. De acuerdo con información del sino la UNODC, este territorio produce el 46% de la coca que se da en la región Central del país.

“En El Bagre hay 3 grupos en disputa por el territorio: AGC, Caparrapos y Limpieza. Y todos le dieron la orden a los campesinos del municipio de no integrarse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)” pactado en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla Farc.

Según denuncian, ambos grupos los están extorsionando antes de recibir el pago del PNIS y les están exigiendo el 10% de ese pago bajo amenaza de muerte si se desobedece, esto viene siendo cerca de 200 mil pesos.

Colombia es el principal productor de coca en el mundo, con 171.000 hectáreas sembradas, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU.

Cabe destacar que la presencia de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca no es poca. Sin embargo, el estado actúa muy lento pese a las alertas tempranas desde varios frentes en especial la Defensoría del Pueblo.


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