Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Un grupo de más de 300 reclusos que fueron combatientes de las guerrillas de las Farc, del ELN, del EPL, de las extintas AUC, así como también algunos militares, manifestaron este miércoles su voluntad de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto colombiano. Este anuncio se presenta en medio de un panorama político dividido: un sector del país está comprometido con la búsqueda y explicación de lo que pasó durante el conflicto armado, mientras otro sector se empecina en negarlo.
Ex integrantes de estos grupos, así como algunos militares recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, firmaron una carta dirigida a La Jurisdicción Especial para la Paz JEP, a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, en la que solicitan que la JEP escuche sus relatos sobre cuál fue la verdad sobre su participación en la guerra.
Cada uno de estos testimonios sería una contribución fundamental en el trabajo que viene realizando cada una de estas entidades. “Les manifestamos a ustedes nuestro deseo de contribuir a la paz total de la nación, acogiéndonos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, toda vez que hemos sido autores, testigos, y/o participantes activos de la guerra fratricida”, declaran en la misiva.
Algunas trabas a la justicia
La JEP, columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el anterior gobierno y las Farc, ha sufrido varias reformas desde el momento de su creación en 2016. La bancada del Centro Democrático, partido político al que pertenece el presidente Duque, propuso diversos cambios. Uno de ellos, y que generó el rechazo de algunos sectores de oposición y víctimas, fue el del sometimiento de los militares en una sala especial para ser juzgados.
Otro punto de quiebre fue el del juzgamiento a terceros que participaron en el conflicto armado. En principio, ellos debían presentarse a la justicia, sin embargo, se resolvió que depende de la propia voluntad el de presentarse o no a la JEP.
Pese a las discordias, el texto pasó, primero a conciliación en el Congreso de la República el año pasado y posteriormente a revisión por parte de la Corte Constitucional; sin embargo, el presidente Duque aún no le ha dado el visto bueno. Esta ley de procedimiento sigue sin ser aprobada y ha generado inquietudes sobre el porqué la demora en su sanción presidencial.
Sin miedo a la verdad
El excongresista y promotor de paz, Álvaro Leyva Durán, dijo a Fundación Paz y Reconciliación-Pares que hay temores en algunos sectores políticos, “a nadie le gusta que le llegue la hora en que se sepan cosas, que quisieran guardar y que preferirían evitar que se conocieran”.
Es por eso que esta iniciativa de quienes durante más de 50 años se enfrentaron a sangre y fuego a lo largo del todo el territorio nacional, significa la posibilidad de reconciliación y esclarecimiento. Agregó Leyva Durán en su cuenta de Twitter “todo el ataque a la JEP, incluyendo la supuesta inconveniencia de su ley estatutaria es por miedo a la verdad”.
Cabe recordar que la posible llegada a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica del historiador Darío Acevedo, quien ha cuestionado el conflicto en Colombia, y en cambio ha solicitado que de ahora en adelante se le denomine “amenaza terrorista”, ha generado un fuerte rechazo por parte de un amplio sector de la sociedad.
Reescribir la historia para silenciar la verdad de las víctimas es una grave afrenta , y además se convierte en un obstáculo que impide superar el conflicto y encontrar el camino de la no repetición.
Una luz de esperanza para las víctimas
“La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas saluda esa carta porque es muy importante en términos de mandar un mensaje de personas que tienen la voluntad de entregar información, que tienen una gran potencialidad de aliviar el sufrimiento de miles de familia que buscan a sus seres queridos”, expresó a Pares Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Alrededor de 82.000 personas han desaparecido de manera forzada. Por lo tanto, la UBPD creada también tras el pacto de paz, ha trazado una metodología para poder reparar lo más pronto posible a las familias.
Según Monzón, este proceso consiste en consultar fuentes, recopilar información, cruzarla, y verificarla para que el análisis de esas fuentes sustente el plan de búsqueda para encontrar las personas desaparecidas. En ese sentido, esta iniciativa por parte de los reclusos es un espaldarazo a la verdad.
“Sin duda, es absolutamente indispensable no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna, las circunstancias propias de los mismos, los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional, y de los sitios geográficos a donde todo tuvo lugar, lo mismo que el origen de las fuentes de financiación”, agregaron los ex combatientes.
La directora de la entidad que tendrá una vigencia de 20 años prorrogables por ley, también indicó que si los excombatientes y militares están dispuestos a entregar información individual o de manera colectiva la van a recibir con total agrado para poder identificar mayor número de personas.
En conclusión, la misiva es esperanzadora para todas las víctimas y las organizaciones que actualmente trabajan por encontrar la verdad, pese a las políticas y medidas que se han implementado desde el gobierno para frenar el acceso a la verdad.
“Estamos convencidos que nuestra obligación en este momento de la vida nacional es aportar sin temor, a la historia de Colombia y a la solución del conflicto, contribuyendo con confesiones, develaciones y señalamientos, sin escatimar nuestra responsabilidad”, señalaron en la carta.