Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP y tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Este componente es parte fundamental de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las Farc.
Sin embargo, han aparecido en el escenario sectores políticos del país que se oponen con fiereza a la JEP, y le exigen al presidente Duque que objete y devuelva al Congreso de la República el marco legal para su funcionamiento. Dicha normatividad ha sido objeto de revisiones y debates desde el año 2018.
El trámite normal que tiene una ley como esta se surtió. En un primer escenario fue presentada y aprobada en el Congreso que la pasó a la Corte Constitucional para el control previo. La Corte la declaró exequible en el mes de noviembre. El viernes pasado, finalmente, esta ley estatutaria fue enviada para sanción presidencial; pero hay serios indicios que apuntan a que la secretaría jurídica de Casa de Nariño estaría pensando en objetarla por inconveniencia.
Tres opciones para la JEP
El Representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, miembro del partido Centro Democrático, entre otras personalidades, envió una carta al presidente Duque en la que le manifestó las razones por las cuales se debería objetar dicha ley.
El principal motivo que esgrime este sector político, en cabeza de Uscátegui, es que la violencia sexual que se ha cometido contra los niños en el marco del conflicto armado, sería juzgada por este organismo y por lo tanto, los responsables obtendrían las rebajas en la condena establecidas.
Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, hay tres escenarios posibles sobre este asunto. El primero es que el Presidente objete toda la ley, el segundo que el Presidente la sancione, y el tercero que la firme pero con una petición adicional para modificar ciertos puntos en el Congreso.
En ese sentido, “si el Presidente objeta la ley, hay una especie de limbo porque la Corte Constitucional ya la declaró exequible”, entonces “entraríamos en una especie de inseguridad jurídica, lo que llamamos choque de trenes”, expresó Ávila. Por lo tanto, como la JEP ya está funcionando y lo que está a la espera es una ley de procedimiento para la Jurisdicción, entonces el texto regresaría al Congreso hasta llegar a un consenso.
“La segunda opción es que el Presidente sancione la ley, pues muchos en el Centro Democrático dicen que es mejor tener esa ley, a no tener nada, porque entonces la JEP se mandaría sola”, agregó. Por último afirma que “la opción que parece más viable, es que el Presidente la firme, pero va a firmar además un documento donde le va a pedir al Congreso que modifique una serie de cosas, por ejemplo, el tema de delitos sexuales que se está reclamando el sector uribista.”
Camilo Bernal Sarmiento, docente de la Universidad Santo Tomás y experto en temas de Derechos Humanos y Justicia Transicional, expresó a Pares que algunos sectores opositores al proceso de paz y a los mecanismos de justicia transicional están intentando dilatar el proceso. “Están utilizando esta facultad presidencial para ambientar políticamente la necesidad de reformar a la JEP en el Congreso, demorando su puesta en marcha”, apuntó.
De acuerdo con Bernal, hay molestias en los puntos que la Corte declaró constitucionales, como por ejemplo, la elección de los magistrados por parte del Comité de Escogencia.
El tema de la discordia
La JEP, un mecanismo judicial creado por el Pacto de Paz, tiene por objeto juzgar a los responsables en el marco del conflicto armado y rebajar las penas. Por ejemplo, aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, tendrán penas alternativas. Quienes participen de manera tardía, o no mientan en sus declaraciones, recibirán entre 8 a 20 años de prisión.
En ese sentido, los opositores a la ley dijeron que se están violentado los derechos de los menores de edad, puesto que estos beneficios de rebajas en la pena también los tendrían quienes confiesen un delito sexual contra los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.
Sin embargo, Bernal indicó que es “eso es completamente falso”. Según la Corte Constitucional, si se aplicara la justicia ordinaria, eso desincentivaría a los responsables a contar toda la verdad, afectando los objetivos de la jurisdicción especial, y sobre todo, dejando en la impunidad los delitos contra los menores de edad.
“Tal como esta Corte ha señalado en otras oportunidades, los delitos sexuales perpetrados por actores armados en el marco del conflicto armado, y especialmente contra niñas, niños y adolescentes, presentan un bajo nivel de confesión por sus autores y son poco denunciados por sus víctimas, debido al temor a represalias por parte de los perpetradores, la estigmatización social y las barreras institucionales de acceso a la justicia”, señaló la Corte Constitucional en una sentencia de control previo.
En definitiva, la JEP solo puede imponer las sanciones a los delitos “cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, de acuerdo con el acto legislativo 01 de 2017.
¿Un Presidente sin capital político?
De acuerdo con Ávila, lo más probable es que el Presidente sancione la ley, pero con algunos reparos. En ese caso, el proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá al Congreso a segundo debate. Posteriormente el Presidente deberá sancionar sin poder presentar objeciones el proyecto. Sin embargo, Duque “le dice a la comunidad internacional que él va a cumplir y que él no va a sabotear (la paz). Fue a Europa diciendo lo mismo”, expresó el analista.
También señaló que hay sectores dentro de la bancada de su partido que están haciendo todo lo posible por tumbar la JEP y esto demostraría que en este momento está sin capital político y podría depender en su decisión de lo que le impongan desde el Centro Democrático “Yo creo que lo que él va a tomar como camino es que se va a ajustar a la ley lo más que pueda, y va a justificar todo lo que haga con esa premisa”, puntualizó.
En definitiva, lo que parece más probable para académicos y analistas, es que Duque sancione la ley estatutaria con algunos reparos, se debata nuevamente en el Congreso y sea sancionada, pero en un tiempo más lejano. Al parecer, la justicia, la verdad y la reparación para millones de víctimas del conflicto armado colombiano, tendrá que seguir esperando.