Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Desde su creación en 2017, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en un campo de tiro para los opositores del Acuerdo de Paz. A pesar de que ya está en funcionamiento, aún le hace falta la aprobación presidencial a su ley de procedimiento. A varios sectores del uribismo que le piden al presidente Duque que la objete, ahora se sumó el Fiscal General de la República.
Según Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, hay cuatro (4) puntos del proyecto que van en contravía de la Constitución. Lo curioso es que la misma Corte Constitucional, quien vela por el cumplimiento de la carta magna, ya había declarado exequible dicha ley.
Las razones del Fiscal General
“Estas personas que están poniendo estos obstáculos, no saben lo que fue el sufrimiento de los campesinos colombianos y de la gente que sufrió esto durante 50 años”, expresó a Fundación Paz y Reconciliación-Pares, el senador Iván Marulanda del partido Alianza Verde.
Vale la pena recordar que la JEP es el mecanismo que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Por esta razón, es de vital importancia que se apruebe con urgencia la ley que la reglamenta.
Según Martínez, hay cuatro (4) inconsistencias en la ley que reglamenta el funcionamiento del tribunal: 1. No se sabe quién se encargará de revisar los delitos cometidos después del pacto de paz, 2. No se cumplan las garantías de no repetición, 3. Se suspendan las investigaciones sobre conductas cometidas durante el conflicto, y 4. Existe impunidad por parte de los responsables de los crímenes de guerra.
En ese sentido, el expresidente, senador y cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe, señaló que la ley debería ser objetada, sin embargo, son decisiones presidenciales. El problema para Iván Duque, manifiesta Ariel Ávila, subdirector de Pares, es que se está quedando sin capital político y la mayoría de los miembros de su partido le han solicitado que no sancione la ley,
Por ahora, el presidente Duque cuenta con 20 días para analizar el documento y tomar decisiones. De acuerdo con analistas, el presidente sólo podría considerarla inconveniente por temas de orden económico o social, más no inconstitucional; puesto que, ya tiene la aprobación del máximo tribunal.
La Corte Constitucional ya dio luz verde
“Señor Fiscal. Usted como ciudadano puede estar en desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, pero como funcionario público le corresponde acatarlas. Sus objeciones no son otra cosa que insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón”, señaló desde su cuenta de Twitter Juanita Goebertus, Representante a la Cámara .
De acuerdo con la congresista, cada uno de los puntos controvertidos por el Fiscal General tienen una sustentación jurídica. En el mismo orden expuesto por Martínez, Goebertus le responde: primero, que los delitos cometidos antes del pacto estarán a cargo de la JEP, y si existe reincidencia, se abrirá un incidente de incumplimiento y por último el caso se remitiría a la justicia ordinaria.
En segundo lugar, la Corte Constitucional y la Corte Suprema resolvieron la relación entre la Fiscalía y la JEP, por lo cual, la primera puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP. Lo estipulado es que la Fiscalía no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.
Un tercer punto resuelto por la Corte Constitucional, es que a los ex combatientes que reincidan en actos delictivos, que no digan la verdad y no reparen efectivamente a las víctimas, perderán beneficios de rebajas sobre las penas aplicables. Por último, frente al tema de impunidad, Goebertus explicó es que “es posible concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Investigar hecho a hecho, caso a caso genera impunidad”, de acuerdo con la sentencia.
La encrucijada de Duque
Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que Martínez lo que busca es reabrir un debate político que ya se había dado en el Congreso, por lo tanto, resultaría innecesario cuando la máxima Corte ya avaló el proyecto.
“En esa medida la reapertura de esos debates políticos corresponderá a desarrollarla en el ámbito político, porque en el ámbito jurídico ya fue revisado por la Corte Constitucional”, señaló Linares.
Este proyecto de ley lleva más de dos años en trámite. Pasó por los debates correspondientes en ambas Cámaras, posteriormente llegó a manos de la Corte quien lo declaró exequible. Ahora le corresponde a Duque decidir cuál es la ruta de esta ley.
Según Linares, el contenido de la ley ya fue analizado de manera exhaustiva por parte de la Corte que es el órgano de cierre en estos asuntos. En ese sentido, ya interpretó el alcance y el contenido de esas normas.
Pero dado el caso que Duque decida objetarla, el paso a seguir es que el texto sea regresado al Congreso y pase a segundo debate. Allí podrían ocurrir dos escenarios de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Ambas partes discutirán cada artículo en plenaria y si se avala todo, el presidente sólo deberá sancionarlo sin ningún reparo.
El otro panorama podría ser que no lleguen a un consenso y en definitiva con “una sola cámara que no acepte las objeciones la ley queda en firme, el estatuto queda en firme”, aseguró Marulanda. “Esto sería rápido en la legislatura ordinaria, en marzo seguramente. De lo que no estoy seguro es de las mayorías”, puntualizó.
En conclusión, Duque se encuentra en una encrucijada: su partido le pide repetidamente que objete la ley, mientras poco a poco se queda sin apoyo político. Sancionar la ley podría dejarlo sin el respaldo de una bancada uribista en el Congreso que le exige, no solo abandonar las iniciativas de paz que se venían ejecutando en el gobierno anterior, sino torpedear el mecanismo creado para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.