Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Hoy sabemos que Empresas Públicas de Medellín -EPM asignó a dedo el contrato de adjudicación de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que pretendía suministrar, para el año 2022, el 17% de toda la energía que consume el país.
Esta mega obra no solo cambió el caudal al río Cauca siendo un desastre medioambiental anunciado, sino que también afectó las vidas de los habitantes del cañón del río.
Además, el daño sobre la memoria histórica del país es enorme. El proyecto borró del mapa una zona en la que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se han perpetrado alrededor de 110 masacres y yacen 2.345 desaparecidos.
¿Qué pasó en el proceso de contratación de
Hidroituango?
La Fiscalía General de la Nación reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, además, solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortua y Luis Javier Vélez Duque, exgerentes de EPM.
Los exgerentes, dice la Fiscalía, deberán responder por incumplimiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva en el proceso contractual de Hidroituango.
Además, la Fiscalía General citará a indagatoria sobre este mismo asunto de irregularidades en la contratación del proyecto a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque— en calidad de gerente EPM Ituango— y Juan Esteban Calle Restrepo —gerente de EPM E.S.P—.
Según lo dio a conocer Martínez Neira, Hidroituango abrió una licitación publica que se configuraba como una convocatoria para empresas internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas.
Las empresas descartadas
Para 2010 las cosas transcurrían sin mayores contratiempos, hasta que, sin ningún aviso previo, en marzo del mismo año se suspendió el proceso que posteriormente fue adjudicado de forma directa a EPM.
Había seis empresas más que estaban participando del proceso de licitación: Consorcio Kepco, empresa encargada de suministrar el 93% de energía en Korea, China Three Gorges Corporation, una de las empresas más grandes del mundo y que, entre otras cosas, construyó la hidroeléctrica más grande del mundo; Three Gorges Dam.
Por otra parte, se encontraban tres firmas brasileñas, Electrobrás que cuenta con amplia experiencia en la suministración de energía en Brasil, Odebrecht de la cual el país conoce su efecto negativo en los escándalos de corrupción más dramáticos a lo largo del continente en la historia reciente.
Constructora Camargo Correa, ¿una nueva Odebrecht?
De la tercera empresa, Constructora Camargo Correa -CCC, llama la atención que ha sido, hace más de 20 años, la empresa constructora del proyecto central hidroeléctrica Porce III, al nordeste antioqueño y la planta de aguas residuales de San Fernando, en Itagüí.
Hace exactamente dos años, el gerente de CCC, Miller Soares Rufino Pereira, aseguró que el consorcio trabajaba únicamente en las obras civiles en Hidroituango con una participación del 55%. Las otras firmas que adelantaban trabajos eran la Constructora Concontreto con el 35 % y el 10 % restante lo manejaba Coninsa Ramón. Cabe decir que estas últimas firmas son antioqueñas. La asignación de este proyecto al consorcio fue en el año 2012 cuando Aníbal Gaviria Correa era alcalde de Medellín.
Para hacerse a la asignación de la operación, construcción y mantenimiento de las obras de construcción de la presa, central de máquinas y demás obras asociadas, el consorcio CCC resolvió presentar la propuesta más económica: 1.900 millones de dólares. Con esta cifra, se generó una reducción del 13 % frente al presupuesto de 2.200 millones de dólares que había presentado EPM.
Es decir, la estrategia fue presentar valores inferiores al umbral de presupuesto de EPM, aun cuando se calcula que el costo final de las obras que adelantó el consorcio CCC osciló entre los 5.300 millones de dólares, una cifra muy superior a lo prometido para ganarse la licitación.
El ojo de la Fiscalía ya estaba sobre el proyecto
Justamente, hace un año la Fiscalía General le abrió investigación preliminar al consorcio CCC después de que se conocieran casos de corrupción en Brasil y Perú. El fiscal Martínez advirtió en 2017, que un grupo de la polémica unidad anticorrupción había sido dispuesto por la fiscalía para recopilar información en el proceso de contratación con el proyecto Hidroituango.
Este proceso de investigación comenzó a partir de una denuncia que fue interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
En ese momento, Martínez Neira le comunicó a la opinión pública que se proyectaron dos líneas de investigación sobre los presuntos pagos irregulares en la contratación del proyecto de Hidroituango.
El trabajo de investigación ha puesto la lupa sobre dos aspectos. el primero es la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y el segundo, la fase de celebración de contratos, que hasta hoy, empieza a arrojar algunos nombres de directivos que tendrán que dar explicaciones frente a la mencionada operación contractual del ambicioso proyecto antioqueño.
Frente al consorcio CCC que se proyecta como un actor relevante en el caso Hidroituango, su gerente en Colombia, Miller Soares Rufino Pereira, sostiene que cumplió todas las exigencias que estaban en los pliegos. Con respecto a las responsabilidades, señaló que la Constructora Camaro Correa no es responsable de la ejecución de Hidroituango.
Contraloría y Procuraduría también ponen la lupa
El Vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee, reveló que la auditoria de más de 200 contratos, va en una primera inspección —específicamente— sobre la infraestructura física, es decir la presa, los túneles y las obras conexas. Rodríguez Yee sostuvo que “la finalidad exclusiva de nosotros es identificar la gestión fiscal y nos ha llamado la atención los elementos de contratos que evidenciaban un retraso y también estamos viendo unas desviaciones de unos costos a partir de esos retrasos”.
Por su parte, ayer 27 de febrero se llevó a cabo una audiencia de control político convocada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que pretendió la presencia de los actores involucrados en el proyecto energético. Además, Carrillo, advirtió que “Hay que solicitar una comisión de investigación independiente, una comisión con expertos nacionales y extranjeros, que no sea contratada por Empresas Públicas de Medellín, sino por el Gobierno Nacional, porque esto es un problema de Estado”.
Un desastre que crece
La incertidumbre sobre este megaproyecto crece. El río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido.
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