Por: Redacción Pares
Según informe dado a conocer este lunes, 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la Jurisdicción Especial Para la Paz – JEP por hechos relacionados con la Unión Patriótica, y otros 4 miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso. Los generales José Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río fueron vinculados por el tribunal en este caso de de magnicidio.
La Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 víctimas. El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP.
Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto «se denomina genocidio por razones políticas».
Más de 6 mil víctimas del genocidio contra la UP
El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante).
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estima este universo en 6.201 para el mismo período: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002. Señala además que, entre ellas, «3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia».
La JEP tomó esta decisión a partir de dos informes: «¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional», de la Corporación Reiniciar, y «Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002», del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Los presuntos responsables
La JEP estableció que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a ese tribunal híbrido expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP.
Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.
Así mismo, se identificó a i) un mayor y un sargento mayor, cuyo acogimiento por las mismas razones está siendo decidido por la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas (SDSJ), ii) otros dos miembros más de la fuerza pública –de alto rango– quienes solicitaron acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la victimización a miembros de la UP se está investigando, y iii) 13 exagentes y funcionarios del antiguo DAS que han solicitado su acogimiento ante la Jurisdicción.
Territorios donde se concentra la violencia contra la UP
Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.
Según la Fiscalía «el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos». Y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 «concentran el 63,4 por ciento de las víctimas, es decir, 2 de cada 3».
A pagar una deuda histórica
El Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la «afectación de sujetos colectivos».
De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por «una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos».