Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Después de tantos interrogantes que surgieron a partir de los videos que se dieron a conocer desde el viernes por la Fiscalía General sobre el caso del fiscal de la JEP Bermeo recibiendo fajos de dólares; la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la misma Fiscalía General de la Nación y la Justicia de Estados Unidos están envueltas en lo que resulta ser un auténtico y confuso choque de trenes.
Los reflectores sobre los juzgados de Paloquemao
La audiencia de este martes rápidamente trajo a la escena un presunto caso de narcotráfico en el que Carlos Bermeo pretendía enviar 120 kilos de cocaína a Roma. En este asunto también está implicado Luis ‘el tuerto’ Gil, quien se encuentra hospitalizado a pocos kilómetros del complejo judicial de Paloquemao, pero le falla la señal de internet para conectarse vía Skype y realizar la diligencia judicial. La defensa precisa que no hay claridad en la imputación debido a que se estaría tratando de dos hechos distintos para investigar.
A Bermeo le imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Al exsenador Luis Alberto Gil, le imputaron concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias en servidor público. A Ana Cristina Solarte, esposa de Bermeo, le imputan concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias en servidor público en calidad de partícipe interviniente; ninguno de los imputados aceptó los cargos y alegaron ser inocentes.
Según el fiscal del caso, Bermeo habría ofrecido a cambio de remuneración, retardar por al menos tres (3) meses más la extradición de Santrich. El trabajo de Bermeo tuvo que ver con retrasar el envío de la carta con la solicitud de información que hizo la Justicia Especial a los Estados Unidos en el caso Santrich. Según el investigador, se solicitaron USD 2 millones y de esta suma; USD 500 mil eran para Bermeo.
Bermeo y sus secuaces
Hay dos cosas más que emergieron de la audiencia. Por un lado, Bermeo les habría presumido a los agentes infiltrados que tenía contacto con magistrados de la JEP y por otro, la fiscalía admitió que el dinero entregado en el momento de la captura de Bermeo, efectivamente, sí salió del fondo del ente investigador. Frente al contacto que tenía Bermeo en la JEP, aún despiertan dudas las pruebas presentadas que supuestamente prueban esos señalamientos.
Otras de los escenarios en los que la Fiscalía no logró disipar dudas, tiene que ver con lo que señaló El Espectador horas previas a la audiencia. No hubo claridad sobre el papel y proveniencia “del hombre que se hizo llamar Asaf, de acento mexicano, quien habría buscado al exsenador Gil para expresarle su inquietud por el proceso de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”.
A pesar que la Fiscalía asegura que Bermeo tendrían relación con el caso Santrich en un asunto que debe demostrarse, no se advirtió sobre el papel de Asaf y Gil con respecto a los señalamientos que resultaban categóricos por parte de la Fiscalía de algo que definió como «incidencia en el trámite de Zeuxis Hernández». Sigue la confusión.
Caso Santrich, un entramado con la Fiscalía protagonista
El viernes 1 de marzo se conoció el contenido de la carta que le envío la justicia de Estados Unidos al gobierno colombiano, en la que manifestaba que no mandaría las pruebas sobre la solicitud de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Santrich’. Para ese momento, todo advertía estar a favor de Santrich quien ya completa 332 días privado de libertad.
Sin embargo, horas después de que la opinión pública conociera que no enviarían las pruebas, la Fiscalía General de la Nación vía Twitter publicó el siguiente mensaje: “capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Bogotá, en el momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández”
La Fiscalía a través de videos iba contando sobre la forma en que fueron capturados Carlos Bermeo y Luis Gil, en los trinos, el órgano investigador aseguró de forma categórica que el operativo arrojó la captura de Yamit Prieto Acero y Luis Orlando Villamizar, tras recibir un pago de 460 mil dólares en lo que era un acuerdo de pago de 500 mil dólares para incidir en la extradición de Santrich.
Frente a esto, es necesario hacer hincapié en los detalles revelados por el Fiscal Néstor Humberto Martínez sobre el operativo. La Fiscalía contó con la presencia de agentes infiltrados de la DEA, quienes ofrecieron dinero a Gil para que incidiera desde la JEP en el trámite de extradición de Santrich.
La Fiscalía puso la trampa
En este sentido, la modalidad que utilizó la Fiscalía es la del entrampamiento, en el que se puede inducir a las personas en cuestión a cometer un delito, una clásica estrategia que utilizan las autoridades estadounidenses es su país.
Sin embargo, en suelo colombiano está prohibida esta modalidad por medio de las sentencias C – 176 de 1994 y C – 156 de 2016 de la Corte Constitucional y el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal. Específicamente, tanto el articulo 243 y el 242 indican que “está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado”.
Ahora bien, con respecto a los detalles revelados por Martínez Neira, en medios ha circulado la versión que conduce a que la Fiscalía habría dispuesto de un fondo especial para contar con los 500.000 dólares que posteriormente fueron entregados en los videos que expuso la Fiscalía. Como lo dio a conocer en Caracol Radio, la Fiscalía habría presentado un recibo por medio del cual se autorizaron su uso para fines del operativo de captura.
¿Qué viene para el caso Santrich?
Hoy la JEP, decidió cerrar la etapa práctica de pruebas y continuar con el estudio sobre la garantía de no extradición de Santrich. Así las cosas, desde hoy se cuentan cinco (5) días hábiles para que las partes puedan presentar alegato, en este sentido, desde el próximo martes 12 de marzo se empezará a definir si la Sección de Revisión le concede o no la garantía de no extradición.
La Jurisdicción, a las 6 de la tarde y por medio de un comunicado de la Sala Plena descartó en “términos absolutos” que el ex funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), hubiera podido incidir directa o indirectamente en trámite de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández, que está bajo la responsabilidad de la Sección de Revisión de la JEP.
A su vez, la JEP le solicitó al director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez Santoyo, un informe completo sobre la vinculación de sus colaboradores y los procedimientos meritocráticos aplicados. Patricia Linares, directora de las JEP, aseguró que la Sala Plena avala la decisión y la extiende a todos los órganos y dependencias de la Jurisdicción. Cabe agregar que Giovanni Álvarez fue quien nombró al exfiscal Carlos Bermeo.