Glifosato: fumigar campesinos no ha funcionado

7 marzo, 2019

Glifosato: fumigar campesinos no ha funcionado

Por: Redacción Pares

La experiencia colombiana demuestra que la solución al problema de las drogas ilícitas implica un esfuerzo integral, intenso y sostenido en el corto, mediano y largo plazo sobre cada una de las partes que componen el sistema del narcotráfico: cultivos de uso ilícito, producción, y comercialización.

Se trata de un problema complejo que se debe a factores como la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, razón por la cual la solución a este implica un abordaje desde diferentes enfoques: económico, de desarrollo territorial, descentralización y gobernabilidad.

Un análisis desapasionado sobre el problema

Hay un vacío de poder que se generó con la salida de las Farc de sus zonas de operación y ello llevó al surgimiento y llegada de diferentes estructuras criminales, quienes aumentaron la presión para que los campesinos sembraran más hoja de coca.

Sumado a ello, en varias regiones del país, pero no en todas, familias de cocaleros aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del acuerdo de paz. Como se ve, las razones son múltiples, pero resulta claro que mientras los precios estén altos y la demanda aumente, será difícil doblegar este mercado ilegal.

Pares ha señalado que el aumento de los cultivos de coca no se puede adjudicar a que el Gobierno nacional hubiese bajado la guardia en la lucha contra las drogas, de hecho, la realidad es más compleja. Se podrían dar cuatro explicaciones, sin embargo, una de ellas es la más importante y es la explicación económica.

Con la revaluación del dólar, el precio de la hoja de coca se incrementó casi un 40 por ciento, igual sucedió con la base de la pasta. Un gramo de pasta base pasó de valer 1.200 pesos o 1.400, dependiendo de la región, a valer 1.900 pesos.

Como en cualquier mercado el incentivo para cultivar aumentó. Pero el precio no solo aumentó por el dólar, también por la demanda cada vez más grande de nuevos actores en el mercado, particularmente Brasil. 

De hecho, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares el precio de la pasta base de coca llegó a estar a 1.200 pesos en zonas como el Putumayo y desde 2013 comenzó a aumentar el precio, actualmente está cercano a los 1.900 pesos, incluso en zonas como Guaviare en 2017 se pagó a 2.400 pesos el gramo de pasta base de coca.

Era obvio esperar un aumento de los cultivos con esta dinámica en el mercado. La economía del narcotráfico funciona bajo las reglas de cualquier mercado mundial.

Audiencia en la Corte Constitucional

Este jueves se llevó a cabo una audiencia pública en la Corte Constitucional, en la que el Gobierno indicó cuáles son sus planes en la política contra las drogas y el uso del glifosato. 

En ese sentido, el Presidente en su intervención indica que el narcotráfico afecta los derechos de millones de colombianos a la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente. Constituye una amenaza al orden constitucional en los territorios y por eso necesitamos de todas las herramientas para combatirlo.

Duque hace un llamado a la Corte Constitucional «para que podamos usar todas las herramientas en la erradicación de cultivos ilícitos y enfrentar las graves afectaciones a la seguridad nacional, la salud y al medio ambiente.»


Y manifiesta que «La modulación de la sentencia T-236 de 2017 le daría un fortalecimiento al orden público y a la defensa de los derechos fundamentales. Este diálogo busca reconocer la amenaza de los cultivos ilícitos. Esta no es una causa ideológica; es la defensa de nuestra Constitución.»

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos declaró «Colombia ha luchado contra las drogas como ningún otro país. Una guerra que no se ha podido ganar en medio siglo es una guerra fracasada o, por lo menos, destinada al fracaso. Mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucren de las rentas ilícitas.»


Y finalizó señalando que «se debe combatir el narcotráfico con pragmatismo y eficacia, en lugar de volver al pasado con estrategias ya ensayadas que fracasaron. La sustitución voluntaria ha sido exitosa, así lo demuestra la cifra de 0.6% de resiembra del último informe de verificación de UNODC»

Autoridades han advertido sobre los peligros del glifosato

“Todas las razones para la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes”, expresó en su momento el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, en respuesta a la propuesta de reiniciar estas fumigaciones manifestada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca fueron suspendidas en octubre de 2015 como resultado de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y el cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que se aplicara el principio de precaución en caso de que no se encontrara una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgos derivados del uso de este herbicida.

El glifosato fue clasificado como “probablemente cancerígeno para los humanos” tras una reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) –que hace parte de la OMS–, cuyos resultados fueron publicados el 20 de marzo de 2015 en la revista científica The Lancet Oncology.


A partir de la evidencia disponible, la IARC concluyó que la exposición al glifosato podía estar relacionada con la generación de linfoma no hodgkiniano (un tipo de cáncer del tejido linfático) en humanos, y señaló que en experimentos con animales la exposición al herbicida aumentó la probabilidad de otras enfermedades, como carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma (un cáncer que comienza en el revestimiento de los vasos sanguíneos), tumores en piel y adenoma pancreático (tumores en el páncreas).​

Adicionalmente, en las aspersiones sobre cultivos ilícitos la población no tiene la posibilidad de expresar su voluntad de exponerse o no al riesgo, a diferencia de lo que ocurre en las aspersiones sobre cultivos lícitos.

«Hemos envenenado a los campesinos con la fumigación»

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha indicado que desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, «se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con el famoso glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa.»

Es decir, señala Ávila, por casi 20 años envenenamos nuestros campesinos y zonas rurales. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos. Invito a cualquier parroquiano a que visite las cárceles en Putumayo, Caquetá, Guaviare, llenas de campesinos que dicen: “Me cogieron por Ley 30”

Pero otra de las situaciones que llama la atención es  que de las cerca de 200.000 hectáreas de hoja de coca, el 49 por ciento  se concentra en 10 municipios de los 1.122 que tiene el país.

Estos municipios, en los últimos años, han estado en los primeros lugares con hectáreas de coca, lo que varía es el número de hectáreas, pero el bajo Putumayo y el Pacífico nariñense siempre han punteado. La conclusión es también simple: a pesar del Plan Colombia, el Plan Consolidación, la situación no ha cambiado.

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS

El PNIS es un capítulo especial del acuerdo sobre Reforma Rural y fue formulado con el objetivo de que contribuya a la generación de condiciones y oportunidades que permitan a comunidades y campesinos cultivadores desvincularse definitivamente de los cultivos de uso ilícito y transiten de manera sostenible hacia un modo de vida digno.

Por esa razón contempla medidas de carácter estructural y de largo plazo, como el desarrollo social y económico de las zonas afectadas con cultivos, pero también una serie de beneficios dirigidos a la población vinculada a esta economía y que tienen un tiempo de implementación de tan sólo dos años.

El 10 de diciembre de 2018 se realizó una audiencia pública en el Congreso de la República sobre el estado de la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito).

Delegados campesinos de 13 departamentos, integrantes de la Junta de Direccionamiento Estratégico y del Consejo Permanente de Dirección de PNIS, así como de organizaciones de la sociedad civil, alcaldías y congresistas del partido FARC.

En esa audiencia, los asistentes reiteraron mensajes que se han transmitido en múltiples escenarios: hay compromiso y cumplimiento de los campesinos que suscribieron los Acuerdos, pero hay muchos retrasos, incumplimientos, decisiones unilaterales, mensajes contradictorios en territorios y una gran incertidumbre proveniente del gobierno.

Hay que definir conjuntamente los territorios, con presupuesto socializado y rendición de cuentas que no se ha hecho, y la ruta de intervención en municipios con Acuerdo o sin Acuerdo pero con voluntad: no hay territorio del país que no merezca ser tenido en cuenta. Por eso más que recursos para el PNIS son recursos para la vida y el desarrollo.

Sustitución Voluntaria frente a fumigación con glifosato

Para el mes de septiembre de 2018 la Alta Consejería para el Posconflicto había firmado 101 acuerdos colectivos en 89 municipios de 14 Departamentos, y se habían inscrito al programa 97.967 familias.
Para finales del año pasado, se habían reportado 30.265 has erradicadas con un porcentaje de cumplimiento del 90%.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC ha manifestado su compromiso con un trabajo integral y de sustitución de cultivos ilícitos. “La transformación de los territorios sigue siendo el camino más claro para lograr la paz y el desarrollo en las zonas más afectadas por los  cultivos de coca. Esa transformación es posible si se supera la mirada centrada en el lote y se entiende y actúa sobre las complejidades de los territorios y las comunidades.”

Sin embargo, el gobierno del presidente Duque ha replanteado la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esto afecta de manera grave la estrategia de la Alta Consejería y de la Dirección de Sustitución de cultivos.

Si bien, se ha repetido en diferentes ocasiones que se les cumplirá a las familias, parece que está se verá afectada por la implementación de acciones lideradas por el Ministerio de Defensa en materia de la lucha contra el narcotráfico, que ha afirmado que la sustitución será obligatoria, es decir, se priorizará la erradicación y que regresará a las fumigaciones.

Aquellos que creen que la fumigación es la solución están equivocados, la situación es mucho más compleja y el reto es crear una estrategia de lucha contra las drogas que involucre la persecución y seguimiento al lavado de activos, al tráfico de insumos para el procesamiento de la cocaína y a los agentes estatales corruptos, pero fumigar y encarcelar campesinos lo hemos hecho los últimos 20 años y no ha funcionado. 


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Artículo por: Redacción Pares @ | Publicado: Hace 3 meses

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