JEP “Una oportunidad para cerrar la brecha de impunidad”

9 marzo, 2019

JEP “Una oportunidad para cerrar la brecha de impunidad”

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares

“Nosotros tenemos una posición firme de defensa de la JEP porque creemos que Colombia tiene que cumplir con el acuerdo de paz, y porque creemos que es una oportunidad para las víctimas de este país.”

ICTJ es el Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental internacional que asesora a los gobiernos, a la sociedad civil y a los sectores de las sociedades que están buscando caminos para enfrentar el legado de graves violaciones a los derechos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH ocurridos durante conflictos armados.

Pares habló con María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia; antropóloga especializada en el planeamiento del uso de la tierra en la Universidad de la Habana. Tiene experiencia en instituciones públicas tales como la Presidencia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y en agencias internacionales como el IIDH, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ACNUR y PNUD.

Pares: ¿Qué es el ICTJ y qué funciones cumple?

María Camila Moreno: El ICTJ es el Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental internacional, que tiene su sede en Nueva York, y que fue creada en el año 2000.

Está actualmente en 15 países y brinda asistencia a los gobiernos, a la sociedad civil, a los sectores de las sociedades en diferentes países que están buscando caminos para enfrentar el legado de graves violaciones a los derechos o infracciones al DIH ocurridos, bien sea durante conflictos armados o regímenes autoritarios.

Estas sociedades de una u otra manera están haciendo un tránsito de la guerra a la paz o se encuentran en situaciones políticas complejas, que de alguna manera interpelan los sistemas ordinarios de justicia o las políticas públicas ordinarias deben pensar en alternativas para atender a las víctimas o luchar contra la impunidad siempre en contextos políticamente muy sensibles.

Yo siempre insisto en que estamos hablando de política, estamos hablando de cómo garantizar los derechos de las víctimas en su mayor nivel posible, derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición en contextos de enorme sensibilidad y complejidad políticas.

Esos contextos, que son distintos en cada lugar, son los que llevan a la búsqueda de mecanismo alternativos, de mecanismos especiales para enfrentar estas situaciones también especiales o extraordinarias.

Pares: ¿En qué circunstancias llega el ICTJ a Colombia?

M.C.M: El ICTJ llega a Colombia en el año 2007 cuando en el marco de la implementación inicial de la primera fase de la ley de Justicia y Paz, después de la negociación de las AUC con el gobierno del expresidente Uribe. Y el ICTJ llega porque en ese momento la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación nos hace una solicitud para hacerle una asistencia técnica y un apoyo en su planeación, en la definición de sus tareas.

En ese contexto llega el ICTJ y estamos hasta hoy. Durante buena parte de nuestra presencia en Colombia estuvimos muy concentrados en el seguimiento de la ley de Justicia y Paz porque fue la primera experiencia en el país de una agenda cercana a la justicia transicional.

De todas maneras la ley de Justicia y Paz fue un mecanismo extraordinario en el marco de un acuerdo político  que buscaba satisfacer los derechos de las víctimas, entonces podría ser como una primera experiencia colombiana en justicia transicional y por eso el ICTJ llega y ha acompañado al país a partir de esa época.

Luego, cuando se va a iniciar la negociación con las Farc, el mismo presidente Santos le hace una solicitud al ICTJ para hacer una asistencia técnica y un apoyo a los diferentes actores en la búsqueda de un modelo de justicia transicional que pudiera responder a las necesidades particulares del país en ese momento.

Nosotros estuvimos muy cerca del proceso de negociación en un diálogo permanente con las dos partes, el ICTJ siempre se planteó que el apoyo sería a la mesa de negociación, no a ninguna de las dos partes exclusivamente.

No fuimos asesores del gobierno ni de las Farc, siempre planteamos que nuestro apoyo era a la mesa, es decir, a las dos partes y obviamente estuvo concentrado en el punto 5 que era el punto de víctimas aportando experiencia internacional.

Pares: ¿Cuál fue el papel que jugó el ICTJ en el diseño del Sistema de Justicia Transicional en Colombia?

M.C.M: Lo que viene después de la firma del acuerdo corresponde a esos dos mandatos que se nos pide tener ya en la fase de posacuerdo. Efectivamente, el ICTJ hizo parte de ese componente de selección con otras entidades: Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y el SUE Sistema de Universidades Estatales.

Las cinco entidades nombran a una persona para que hiciera parte de este comité de selección. Por otro lado tuvimos una participación en todo el desarrollo legislativo del punto 5, participamos en el proceso de alistamiento al que nos invitó el gobierno, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio de Justicia, a hacer parte del grupo asesor para el diseño inicial de las normas que tendrían que llegar al Congreso.

Ahí también hicimos aportes técnicos; una vez iniciado el funcionamiento de las tres unidades del Sistema, hemos estado desde el principio en su puesta en funcionamiento brindando asistencia técnica, apoyando en varios aspectos y eso es lo que seguimos haciendo.

En el caso de la JEP nosotros allí estamos trabajando y apoyando en la asistencia técnica y tenemos varias acciones. Por ejemplo estamos ayudándole a fortalecer su estrategia de comunicaciones, estamos ayudándole a construir a la Secretaría Ejecutiva, la estrategia de pedagogía a los comparecientes que incluye a las Farc y a la Fuerza Pública. Además estamos haciendo asistencia técnica o diálogo técnico con los magistrados de las diferentes salas en temas especializados de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario.

“El ICTJ está apoyando unas organizaciones de la sociedad civil en la formulación de sus informes a la JEP.” Foto: Pares

También estamos apoyando a la Comisión de la Verdad, estamos trabajando con ellos en la estrategia de responsabilidades y reconocimiento de víctimas, y los estuvimos apoyando en el diseño de la estrategia de trabajo con colombianos víctimas en el exterior, que ya está en marcha.

Pares: ¿La experiencia del proceso de Justicia y Paz con las AUC sirvió en el diseño del Sistema de Justicia Transicional surgido de la mesa de diálogo de La Habana?

M.C.M: Nosotros en Justicia y Paz trabajamos en distintos niveles. Nos interesaba poder hacer asistencia técnica, aportar asistencia internacional para fortalecer las capacidades nacionales. En esa época trabajamos con diferentes actores que tenían que ver con Justicia y Paz: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga y de las salas de los tribunales de Justicia y Paz.

Cuando empezó, nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad; tanto los fiscales como los magistrados tuvieron que cambiar el paradigma, pasar de la investigación del caso aislado, del hecho al hecho, del caso a caso donde se establece un crimen un responsable y una víctima, a tener que afrontar la masividad de víctimas, la masividad de hechos y la masividad de perpetradores.

Eso fue un desafío enorme para el sistema de justicia, no era solamente investigar el hecho aislado, sino tener que adaptar la lógica investigativa a investigación de organizaciones criminales complejas en contextos también complejos.

Yo creo que el aprendizaje de Justicia y Paz es un aprendizaje absolutamente valioso para este país; tenemos casi 50 sentencias que tienen una información muy importante que permite tener una mejor comprensión de lo que ha sido el fenómeno paramilitar en Colombia.

El hecho de que se hayan hecho visibles las responsabilidades de otros actores que no eran propiamente los que participaban en las estructuras armadas, sino que haya develado la dimensión política y financiera, la relación con la fuerza pública del paramilitarismo es importantísimo, y eso de una u otra manera ha tenido algún eco en la justicia ordinaria, no como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres.

Ha habido también un aprendizaje en términos judiciales muy importante de los fiscales lo que el trabajo ha hecho la Fiscalía para adoptar por ejemplo el enfoque de la investigación en contexto, eso es producto de Justicia y Paz y hay que valorarlo. Es un activo para el sistema de justicia de este país.

Pares: ¿Esos aprendizajes y experiencias cómo quedaron plasmados en el diseño de la  JEP?

M.C.M: Cuando se estaba diseñando la JEP, uno de los temas era reconocer las lecciones aprendidas de Justicia y Paz, reconocer los éxitos y las grandes frustraciones. Un problema de entrada fue el diseño que se trató de corregir con la reforma a la ley 1592 y los decretos que vinieron después.

Pero digamos que el pecado original de Justicia y Paz es que se pretendió que un mecanismo de justicia penal garantizara la verdad, la reparación, la justicia e incluso las garantías de no repetición; le pedimos al mecanismo de justicia penal que se encargara de todo, y por supuesto eso era inviable. Esa es la principal lección aprendida de Justicia y Paz que se retoma en el diseño del Sistema Integral.

Ahí viene un aprendizaje muy interesante que se retoma en el diseño de la JEP, y es que Justicia y Paz no era un procedimiento especial dentro de la justicia ordinaria, estaba inserto y tenía que actuar con las herramientas de la justicia ordinaria.

Es decir, tenía que imputar con base en el código penal y el código no estaba pensado para este tipo de cosas, entonces los magistrados, en este aprendizaje en la marcha, se enfrentaron a un delito de carácter internacional como el reclutamiento forzado de menores y tuvieron que remitirse a los instrumentos internacionales, al Derecho Penal Internacional, al Derecho Internacional Humanitario sin vulnerar el principio de legalidad, ese era el gran reto.

Ese fue un aprendizaje importantísimo y eso es lo que quedó en la JEP con el sistema de fuentes, que es lo que le dice al magistrado usted en primer lugar tiene el código penal, la legislación nacional, pero además, y se lo dice la Constitución, tiene otro sistema de fuentes que puede usar que es el DIH, el Derecho Penal Internacional y puede usar esas categorías para imputar. Ese es un aprendizaje que viene de Justicia y Paz.

Luego vienen otros desafíos y es cómo enfrentar la masividad y cómo entender la complejidad, no solo del conflicto armado, sino de las estructuras paramilitares, de las alianzas que tenían y de las personas que hacían parte de la organización pero no eran los combatientes propiamente dichos.

Eso implica un desafío en términos metodológicos y de investigación tanto para los fiscales como para los magistrados. Ahí empiezan a adoptar la metodología de la investigación en contexto para poder entender un fenómeno que hundía sus raíces en las estructuras legales del país.


“Las acciones de los paramilitares eran planes criminales que tenían unos objetivos que iban más allá de matar gente, sino también despojar tierras e intereses económicos geoestratégicos.” Foto: Pares

Para entender eso fueron muy útiles para los magistrados los libros que salieron en esa época de León Valencia, de Claudia López, las tesis de Luis Jorge Garay porque les daban la posibilidad de tener ese contexto, entonces el derecho penal empieza a nutrirse de la sociología, de la antropología de la ciencia política, de la historia porque era eso lo que les permitía entender que no eran delitos cometidos aisladamente.

Pares: ¿Qué características tiene la JEP que la hacen diferente a la Ley de Justicia y Paz del gobierno del expresidente Uribe?

M.C.M: Lo primero que hay que insistir con la JEP es que es el producto de un acuerdo político y es la primera vez que en una negociación política para terminar un conflicto armado, las dos partes que se enfrentaron acuerdan el mecanismo para rendir cuentas por los errores o los excesos que cometieron durante el conflicto armado.  

Lo que nos señala la experiencia internacional es que los tribunales para enfrentar los delitos que se cometieron en conflictos o en regímenes autoritarios, no fueron acordados por las partes sino que fueron impuestos.

Aquí las dos partes acuerdan someterse voluntariamente a un sistema de justicia como parte del compromiso con el acuerdo, y además las dos partes diseñan el mecanismo y eso es absolutamente innovador.

A esta JEP no están llegando las partes a someterse, sino que aquí lo que hay es una decisión política, sobre todo de las Farc, de que se va a comprometer a rendir cuentas y eso esta sociedad no lo termina de entender ni de digerir.

Las Farc van a la JEP porque fue su compromiso político, está honrando un compromiso y eso no se ha terminado de entender ni siquiera dentro de la JEP, con gente que viene de la justicia ordinaria con otra lógica.

Pares: Hasta el día de hoy ¿cuál ha sido la bitácora de vuelo de la JEP?

M.C.M: La JEP es un sistema complejo con dos rutas, una de reconocimiento y otra de no reconocimiento, además de todo el proceso de amnistía, que es un eje central. Para poner a funcionar eso se requiere un esfuerzo importante, primero para darle vida jurídica, y acordémonos que una cosa fue lo que quedó en el acuerdo y otra fue lo que salió del Congreso, porque en ese sentido la correlación de fuerzas políticas había cambiado, esa fue una primera fase.

Una segunda fase, cuando ya los magistrados están nombrados y es que se inicia la puesta en marcha de la Jurisdicción, ahí hay enormes desafíos, porque al mismo tiempo que la JEP se está creando con todos sus mecanismos legales y está en diseño y puesta en funcionamiento su operación, al mismo tiempo tiene que empezar a tomar decisiones. Eso no pasó en ningún país con un tribunal internacional, lo que significa que estamos en un proceso de ensayo y error porque es algo completamente nuevo.

Una tercera fase es que, por ser una Jurisdicción nueva, no solamente la JEP tiene que ponerse a funcionar al mismo tiempo que tiene que ir resolviendo, sino que también es un desafío para todos. Es nuevo para el sistema de justicia ordinario, para la Corte Suprema de Justicia, para la Corte Constitucional, para el Consejo de Estado, para la Fiscalía General, para la sociedad, para los comparecientes y para las mismas víctimas, todos nos tenemos que adaptar a esta situación.

Luego hay otro tipo de desafíos que tienen que ver con que la sociedad entienda qué es la JEP, ahí sigue habiendo muchos vacíos pedagógicos.    

Pares: ¿Hay sectores interesados en que la JEP no funcione tal y como está previsto en el acuerdo de paz?

M.C.M: Claro, digamos que es normal que a una herramienta tan nueva le cueste ponerse a funcionar, pero hay que sumarle que en este país hay sectores que no están de acuerdo con la JEP, porque es hija del acuerdo de paz, que a su vez no fue el resultado de un consenso del país.

Es decir, aquí no hubo un consenso sobre la necesidad de la salida negociada del conflicto, lo que pasa es que en ese momento teníamos un gobierno que se dio la pela y lo sacó adelante, pero aquí no hubo consenso sobre lo que se firmó en La Habana y no ha habido consenso sobre la implementación de lo que se acordó con la JEP como una columna vertebral del acuerdo.

La JEP hereda esa falta de consenso y está siendo blanco de ataques que son al acuerdo y eso es complejo porque la debilita mucho y es complejo porque la Jurisdicción es el componente de justicia de nuestro sistema integral, nuestro modelo de justicia transicional; un modelo de justicia que es la JEP, un componente de verdad que es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene un programa de reparación.


“Hay que impulsar y acompañar al Sistema de Justicia Transicional ahora, en este momento en el que el país está tratando de hacer ese tránsito de la guerra a la paz.” Foto: Pares

Pares: ¿Y en ese tránsito de la guerra a la paz, qué papel juega la JEP?

M.C.M: Un elemento central es la palabra confianza. Es la palabra clave en todo este proceso de implentación, es decir, uno de los objetivos más importantes de la JEP, además de que se rindan cuentas por lo que pasó en el conflicto y que las víctimas tengan justicia, es que los colombianos volvamos a creer en el sistema de justicia de este país.

Con un sistema de justicia con unos niveles de impunidad enormes, la JEP aparece como una promesa de lucha contra la impunidad y como el mecanismo que va a hacer posible que las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto vuelvan a creer en la justicia. Por eso la legitimidad de la Jurisdicción es tan importante, y eso lo han entendido los detractores, y por eso los ataques van dirigidos a deslegitimarla.

La JEP tiene que demostrar que hace justicia en serio y que las sanciones sean genuinas, que es el término que usó la fiscalía de la Corte Penal Internacional cuando se refirió a la JEP, y genuinas quiere decir que se cumpla con el rigor necesario, porque aquí lo importante no solo es ser, sino parecer.

Y tiene que ser legítima para la sociedad, en esa medida es muy importante la participación de las víctimas para que los procesos sean rigurosos, que se garantice el debido proceso, ya que al final el que tiene que quedar fortalecido es el Estado de Derecho

Pares: ¿Cómo va a hacer la JEP para hacer un trabajo riguroso y responsable si sobre ella están puestos todos los reflectores políticos y mediáticos?

M.C.M: Precisamente, esta JEP no se puede dar el lujo de aplazar las primeras sentencias para dentro de cinco años, como pasó con Justicia y Paz porque las víctimas han estado esperando justicia por décadas, entonces la Jurisdicción tiene que encontrar un balance entre brindar una justicia oportuna, rigurosa, de calidad e imparcial, pero al mismo tiempo no dejarse presionar por el contexto; por culpa de la presión política no puede salir con cualquier decisión de cualquier manera.

Es lo que está pasando con Santrich, una presión feroz pero el procedimiento tiene sus tiempos y sus trámites y la decisión tiene que llegar cuando se hayan cumplido todos los trámites.

La sociedad tiene que entender que la JEP no es un tribunal de retaliación ni de venganza, pero eso es difícil de entender para un país que ha vivido en la impunidad y está ávido de ver que la justicia funcione. El gran desafío es que si las víctimas y la sociedad no tienen confianza desde ya en la JEP, imagínese cuando salgan las sanciones, si desde el principio se socava su legitimidad va a ser muy difícil que esta sociedad acepte las sanciones restaurativas.  

Pares: ¿Hay temor a la justicia transicional, a la JEP?

 M.C.M: Se le tiene miedo a la JEP porque va a aportar verdades que este país está reclamando desde hace mucho tiempo.

A la JEP irán todos aquellos actores que hayan tenido una participación directa o indirecta en el conflicto, y la Jurisdicción busca la mayor cantidad de verdad posible de todos los actores para todas las víctimas, independientemente de qué lado vengan. Hay una enorme demanda de verdad y de justicia en este país y eso asusta especialmente a unas élites que tradicionalmente se han sentido inmunes a la justicia y saben que va a llegar gente a hablar y los van a señalar.

La JEP está diseñada para a mayor verdad, menor punibilidad, es decir, está diseñada para que mediante una serie de incentivos en todos los procedimientos se logre la mayor cantidad de verdad.

Por ejemplo, cuando la persona dice yo no acepto decir la verdad y no acepto responsabilidad y se va al juicio adversarial, incluso ahí tiene el recurso de la última palabra ya que antes de la sentencia la persona tiene la posibilidad de decir sí voy a decir la verdad y ahí, por haberla dicho tarde pero haberla dicho al fin, no tiene los 20 años de cárcel sino máximo 8.   

Pares: ¿Qué pasa si el presidente Duque este lunes objeta la ley estatutaria de la JEP?

M.C.M: Si el presidente Duque objeta la ley estatutaria, en términos de funcionamiento de la JEP, no tiene un efecto directo porque la Jurisdicción ha venido funcionando sin ley estatutaria pero sí con la Constitución en el acto legislativo con la ley de procedimiento, y lo que debería resolver la ley estatutaria, la JEP lo está resolviendo remitiéndose al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Además, tiene la posibilidad de acudir a ese sistema de fuentes del Derecho Penal Internacional y el DIH. La JEP no se queda sin herramientas.

Sin embargo, por supuesto que la ley estatutaria es importante porque regula unos aspectos que están sin regular. Por ejemplo el régimen de sanciones, es decir, cómo se tazan las sanciones, eso está en la ley estatutaria. La participación de las víctimas está desarrollada en la ley estatutaria y aunque está mencionada en el acto legislativo y en las reglas procesales, lo grueso está en la ley estatutaria.

El tratamiento diferencial a los militares en aspectos como la definición de la responsabilidad de mando está en la ley estatutaria. Sin todas esas herramientas lo que vamos a tener son unos magistrados interpretando según su criterio, es decir, 38 criterios distintos y eso en términos de seguridad jurídica es peligroso.

Pares: ¿Qué análisis se puede hacer sobre la posición del gobierno acerca de negar la existencia del conflicto armado colombiano?

M.C.M: Ese debate me parece retórico y ‘chimbo’. La Constitución dice mediante los artículos transitorios que están en el acto legislativo 01 de 2016 que la competencia material de la JEP son los hechos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado, por lo menos del primero de diciembre de 2016 hacia atrás no se puede negar el conflicto.

 Pero el debate es interesante hacia adelante. Entiendo que el Consejero de Derechos Humanos dijo en Ginebra, durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no hay conflicto armado con el ELN. Ese es el debate hoy, si seguimos en conflicto armado. Aunque si uno se atiene al DIH e incluso al análisis que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, seguimos en conflicto armado, no por capricho sino porque hay unos factores objetivos, medibles que lo determinan.  Pero para atrás no hay discusión.

Pares: ¿Le preocupa la posición adversa del Fiscal General frente a la JEP?  

M.C.M: No se puede reducir el asunto a que el Fiscal General es un enemigo de la JEP. Decir eso da mucha popularidad en redes sociales, pero creo que no refleja realmente lo que está pasando. El Fiscal ha planteado un conflicto de competencias con la JEP para una zona gris. El Fiscal no ha cuestionado la competencia de la JEP desde el primero de diciembre de 2016 hacia atrás, no se ha metido con eso.

Las críticas y las discusiones que ha planteado son, uno, con los delitos de ejecución permanente, es decir, el delito que realmente le interesa es el de narcotráfico, ni siquiera se ha metido con la desaparición forzada. Él está reclamando competencia sobre eso, lo que pasa es que la Corte Constitucional ya lo resolvió porque ella dice que si el delito se empezó a ejecutar antes del primero de diciembre de 2016 es competencia de la JEP, si es después es competencia de la justicia ordinaria; pero el Fiscal insiste que no porque ese tema, como el de la extradición, tiene que ver con la agenda gubernamental de la lucha contra el narcotráfico.

Por ejemplo el tema de bienes de las Farc también es zona gris. Lo que el Fiscal discute sobre este asunto es que los bienes que no aparecen en la lista y que según él son de las Farc, por no haber estado en la lista desde el principio y por él saber que son de las Farc, entonces nuevamente la competencia recae sobre la Fiscalía General.

La extradición, la extinción de dominio y la lucha contra el narcotráfico son temas sobre los que él se ha pronunciado y ahí hay una disputa de cuándo termina la competencia de la JEP.

Pares: ¿Qué gana Colombia con la consolidación de la JEP como un tribunal de justicia transicional?

M.C.M: Nosotros tenemos una posición firme de defensa de la JEP porque creemos que Colombia tiene que cumplir con el acuerdo de paz, nosotros defendemos el acuerdo por sobre todas las cosas porque es un compromiso del Estado y porque creemos que es una oportunidad para las víctimas de este país, y es una oportunidad para cerrar la brecha de impunidad.

Démosle el tiempo para que funcione, el espacio para que sea capaz de convencer a la sociedad que ese es el camino, démosle la oportunidad. Lleva un año y medio y ha logrado mucho si la comparamos con tribunales internacionales que en la mayoría de los casos se tardan entre dos y tres años para empezar a funcionar.

La JEP empezó a funcionar desde el día uno y ya tiene siete casos abiertos en un año, ha resuelto amnistía, ahí podría ir un poco más rápido, pero ahí va tomando decisiones. La Jurisdicción no ha estado cruzada de brazos y tiene ante ella unos retos enormes y esto va a ser un proceso largo de consolidación. Hay que dejarla trabajar.


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Artículo por: Carlos Castelblanco Pinedo @ | Publicado: Hace 2 semanas

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