Por: Redacción Pares
El Estado de Derecho en Colombia pretende garantizar los derechos de los ciudadanos, superar los conflictos, alcanzar la paz social y sancionar efectivamente las conductas delictivas.
En la Constitución Política, al consagrar el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, se considera esta función pública que cumple el Estado como esencial para construir convivencia y el respeto básico de los derechos.
Altos índices de desconfianza en la justicia
De acuerdo con el último informe ‘Estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018’, realizado por la Registraduría Nacional, respecto a la pregunta, “¿qué tan probable es que un delito sea sancionado y castigado por la justicia en Colombia?”, la probabilidad de que un delito sea sancionado es considerada por los ciudadanos, baja; tan sólo el 18% de los encuestados lo consideran probable y el 35% creen que es improbable.
Analizando este dato por regiones, las más pesimistas respecto a la probabilidad de que un delito sea sancionado son Valle de Cauca (14%), Bogotá (16%) y región Pacífica (12%), mientras que la región Oriental (21%) y Atlántica (21%), es donde creen que hay mayor probabilidad de que en Colombia, un delito sea sancionado o castigado por la justicia.
Impunidad en Colombia, entre las más altas de la región
En el Índice Global de Impunidad 2017, que mide los niveles de impunidad en el mundo, a partir de una metodología cuantitativa estructurada desde el análisis de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos, se señaló a Colombia como uno de los cinco países del continente americano con mayor índice de impunidad (México, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia).
A nivel global, los trece países con mayor impunidad fueron: 1) Filipinas (75.6 puntos), 2)India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú (69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos).
Estos resultados llevaron a que el actual Fiscal General de la Nación, en agosto de 2016, al tomar posesión de su cargo, expresara de forma categórica: “La impunidad en Colombia ronda por el 99%”.
Ineficiencia y desconfianza, los dos motivos principales
En cuanto a la percepción de los encuestados sobre las cuatro razones que más dificultan su acceso a la justicia, se encontró en el estudio que el 65% del total de encuestados considera que la demora en los procesos es lo que atenta contra una administración de justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento.
La falta de confianza en la autoridad (57%) y de recursos y tiempo para movilizarse hasta las entidades correspondientes (48%), son las otras causas manifestadas por los encuestados como aquellas que dificultan su acceso a la justicia.
En el análisis por regiones, la demora en los procesos se mantiene como la primera razón que dificulta el acceso a la justicia por parte de los encuestados. Bogotá (77%) y la región Oriental (75%), se destacan por tener el mayor número de encuestados que hacen esta afirmación.
¿Vivimos resignados ante la injusticia?
A la pregunta, en los últimos dos años ¿usted se ha defendido de alguna una injusticia?, se evidencia que apenas el 18% de los encuestados sienten haberse defendido de alguna injusticia, mientras que el 82% restante no lo siente así.
Por regiones la situación es similar, siendo Bogotá con 24% y la zona Oriental con 23%, los que presentan un mayor porcentaje de afectación.
La situación por género también es muy equitativa pues el 20% de los hombres se han defendido de alguna injusticia, mientras que el porcentaje de mujeres alcanza un 16%.
Por estrato socio económico, el estrato que presenta mayor porcentaje es el estrato tres, con un 21% y el menor es el estrato uno, con tan solo un 14%. Curiosamente entre los encuestados, quienes no se sienten cercanos a ninguna religión son quienes más marcan en esta pregunta con un 25% y los que menos, son los católicos con un 16%.
En cuanto al acceso a la justicia, sobresalen tres grupos de motivos: 1) las personas que indican que no tienen los recursos (48%) y quienes desconocen los derechos o las formas para acceder a la justicia o a los trámites (45%).
En segundo lugar están los que sienten falta de confianza en la justicia (57%) y quienes consideran que hay demora en los procesos (65%); y finalmente, aquellos que no denuncian por vergüenza con sus familiares o amigos (12%) o que creen que pueden tener represalias por denunciar (43%).
La cultura del ‘vivo’
Estos hallazgos aportan a la reflexión sobre los bajos niveles de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones encargadas de recibir las denuncias por hechos delictivos y de ayudarlos en el procesamiento de las mismas, reitera la urgencia de acciones para recuperar la confianza en las instituciones.
Una de las discusiones que se repiten en Colombia tiene que ver con la presencia de una cultura cotidiana que manifiesta el quiebre entre la conducta y el cumplimiento de la ley y su observancia, la debilidad institucional para castigar esas conductas y la falta de una fuerte sanción social que la rechace.
Esto conlleva a la consolidación de un Estado de Derecho en el cual se vive en una suerte de aprobación de la cultura del vivo o del atajo.