Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El anuncio de las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP por parte del presidente Iván Duque, fue la continuación de más de ocho meses en la que la JEP ha sido atacada por el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Hoy, más unidos que nunca contra la JEP y el acuerdo de paz.
Contrario a la idea de que la atmósfera para objetar la Ley Estatutaria se reduce a las últimas semanas, lo que se ha desarrollado es un constante y sistemático ataque a las competencias de la JEP. A pesar que el presidente Duque en su discurso señaló que no es un choque de trenes, la decisión es un reversazo a la sentencia de la Corte Constitucional que, después de un detallado análisis, declaró exequible la Ley Estatutaria.
Un ataque contra el Acuerdo de Paz
De hecho, ese capítulo en el que se vio salpicada de presunta corrupción deja con muchos interrogantes sobre la forma en que opera la Fiscalía contra la JEP. Recién se produjo la captura, la Fiscalía aseguró de forma categórica que Bermeo el exfiscal tenía una relación directa con el caso Santrich. Sin embargo, este lunes Martínez Neira ya se retractó, después de haber puesto en entre dicho al Tribunal. “No tenemos ninguna prueba para relacionar a Santrich con el exfiscal de la JEP”: señalo la Fiscalía.
El Presidente con su anuncio de objeción abre un capítulo de debate alrededor de Justicia Transicional frente a la justicia ordinaria. “El fuero que me corresponde como presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones.
«Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país”.
Cabe recordar que con el Acuerdo de Paz que se adelantó con las FARC-EP, se crearon mecanismos que desde su formulación buscaron “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”.
Para ello dispusieron de dichos mecanismos autónomos e independientes del gobierno y la clase política tradicional; dándole vida a la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Bloqueos contra la JEP
Justamente, dicha independencia se ha visto bloqueada cuando la JEP está abriendo casos delicados para actores estatales como lo es el caso de las Ejecuciones Extrajudiciales ‘falsos positivos‘ y sobre el genocidio de la Unión Patriótica.
De hecho, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional ha estado vinculado a 1065 casos en desaparición forzada, 2988 casos en asesinatos selectivos, 219 masacres y 126 en casos de violencia sexual.
¿Qué viene para la JEP?
Al medio día, el Gobierno Nacional radicó el texto que consagra las seis objeciones por inconveniencia que le realizó Duque a la Ley Estatutaria. Es decir, en este momento el texto se encuentra en poder de la Secretaría General del Congreso de la República.
Una vez inicie el periodo de sesiones ordinarias, se creará una comisión que será la encargada del estudio de las objeciones planteadas por Duque. De ese estudio saldrá un informe que se someterá a las plenarias para decidir su viabilidad. La ruta posterior a la del Congreso es la revisión de la Corte Constitucional quien volvería a sentar posición.
Así las cosas, la disputa se dará en el Congreso y para que las intenciones del mandatario se materialicen necesita lograr la Cámara de Representantes 85 votos para aprobar las objeciones y en el Senado, el Gobierno requiere de 54 votos.
Ahora, Duque tendrá que sortear cómo alinea mayorías, puesto que el partido de gobierno, en este momento, solo cuenta con el partido Conservador, Colombia Justa Libres, el Mira. Es decir, buscará votos en las toldas del Partido Liberal, Cambio Radical y —aunque de gobierno— del Partido de la U que se encuentra fragmentado.
Visos del debate
Según la Representante a la Cámara de Representantes por Alianza Verde, Juanita Goebertus, la decisión de objetar atenta contra la separación de poderes y “viola de manera flagrante” la decisión que había emitido la Corte Constitucional. Además, precisa que la objeción sobre la reparación por medio de los bienes de las Farc ya estaba resuelta por la Corte.
Entre otras cosas, se refirió a la objeción de que la JEP no pueda practicar pruebas para decidir sobre la extradición, sin embargo, ya se había estipulado por la Corte Constitucional que la JEP debe disponer de las pruebas para determinar si los delitos señalados tuvieron lugar antes o después de la firma del Acuerdo de Paz.
Para el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila, con las objeciones presentadas representará un choque de trenes que se extenderá hasta finales de 2019, presentará una inseguridad jurídica con el hecho de que las amnistías no las revise la JEP, sino que el Alto Comisionado para la Paz tenga mayor facultad de hacerlo y, finalmente, para el analista con esta decisión el gobierno nacional está yendo en contra del Estado de Derecho.
¿Cómo opera actualmente la JEP?
En este sentido, la JEP, que está conformada por tres salas en la que participan 18 magistrados, un Tribunal para la Paz integrado en total por 20 magistrados y una Unidad de Investigación y Acusación, que hace las veces de Fiscalía. Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja sobre tres tipos de pena y sobre todas las conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias.
En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía. Por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar.
Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan aquellas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada. En definitiva, si el presidente Duque sanciona la Ley Estatutaria permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana.
Acá puede encontrar la cronología de los ataques más llamativos hacia la JEP