Por: Redacción Pares
Haciendo uso por primera vez al derecho de réplica y a través de un representante, seis partidos de oposición expusieron, en la noche de este martes, las razones por las que consideran que las objeciones hechas por el Gobierno Nacional a la JEP son perjudiciales para el país.
El derecho a réplica hace parte del estatuto de la oposición. Posterior de una alocución presidencial, los partidos opositores tienen 48 horas para presentar su réplica, reza la ley “en los mismos medios, con igual tiempo y horario”. Sin embargo, solo podrán hacerlo tres veces al año.
Seis partidos unidos por la JEP
Los partidos que hicieron la histórica declaración son: La Lista de la Decencia, el Movimiento Colombia Humana, el Partido MAIS, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Partido Polo Democrático Alternativo, y el Partido Alianza Verde.
«De eso depende la fortaleza de una democracia, porque quien gana debe gobernar para todos y no para unos pocos. Es fácil despreciar la oposición cuando se está de acuerdo con las políticas del Gobierno.» señalaron.
«El Gobierno no cumple sus funciones constitucionales»
«Pero cuánta falta hace que ésta disponga de garantías concretas cuando los ciudadanos sienten que el Gobierno no cumple con sus funciones constitucionales o que se olvida de sus necesidades», explicaron.
Agregaron que «Si hoy se abre esta puerta, el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto.»
«Un Gobierno alejado de la Colombia rural»
Además, señalaron que la decisión de Duque sí afectará la construcción de paz en Colombia: «Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc no genera ningún efecto en la realidad».
En ese sentido precisaron que «La Paz no son beneficios para los excombatientes. La paz no se reduce a su desarme ni a la reintegración de la base. La paz es desarrollo rural, es participación ciudadana, es la satisfacción de los derechos de todas las víctimas.
«Se puede activar la Corte Penal Internacional»
En la declaración realizada este martes, advirtieron «Así que por supuesto que la decisión de objetar la Ley de la JEP pone en riesgo la construcción de paz. La falta de certeza jurídica puede generar un crecimiento en las disidencias, poniendo en grave riesgo la seguridad territorial.»
Y señalaron que si no se deja trabajar a la JEP, tendrá que venir un tribunal internacional a hacer ese trabajo «Después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser percibido como un país que retrocede. Las demoras en los procesos de investigación, juzgamiento y sanción podrían incluso activar la competencia de la Corte Penal Internacional.»
«Una decisión que nos divide»
«No es cierto, como dice el Presidente que la decisión de objetar la Ley de la JEP nos una en vez de dividirnos.» expresó la representante a la Cámara, Juanita Goebertus quien fue la vocera del mensaje. «¡Todolocontrario! Con su decisión de objetar el Gobierno nos devuelve a las discusiones de Octubre de 2016 entre los del Sí y los del No.» añadieron.
«Pero más grave aún, nos distrae de los temas de la agenda nacional que son verdaderamente importantes para que el país prospere.»
«La paz de Duque es limitada»
Los movimientos opositores señalaron que «el Gobierno Duque ha demostrado que le apuesta a una concepción mucho más limitada de paz. Insiste en que la paz es una política de Gobierno y no de Estado, y renuncia a implementar de buena fe el Acuerdo de Paz como lo establece la Constitución.
«En 2017 Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años en el país, y logramos reducir el número de muertes por el conflicto en un 97%, el desplazamiento en un 79%, y las víctimas de minas en un 99%».
«Un Plan Nacional de Desarrollo sin recursos para las víctimas»
En cambio, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque no incluye los recursos del Pacto por la construcción de paz en el Plan Plurianual de Inversiones, y las metas trazadas hasta la fecha no permitirán transformar los territorios más afectados por la guerra, ni satisfacer los derechos de las víctimas.»