Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares.
Alrededor del mundo se podría concluir que no son tiempos normales en política. En los Estados Unidos, el presidente Trump utilizó su poder de veto para mantener viva su emergencia nacional y construir un muro en la frontera sur.
No es raro que se utilice la capacidad de “veto” en los Estados Unidos, lo llamativo es que, por un lado, es el primer “veto” de Trump, porque los republicanos que dominan el Senado nunca antes habían aprobado algo que no le gustara al presidente y, por otro lado, porque nunca antes, en ninguna presidencia, ningún congreso, había desaprobado una declaración de emergencia nacional.
Igualmente, Theresa May en tiempos normales habría tenido que renunciar luego de la estruendosa derrota de su proyecto de salida de la Unión Europea, pero no lo ha hecho y algunos aún creen que podrá salvarse. Pero tal vez lo que más ha sorprendido en los últimos tiempos es el dinamismo en el discurso, pues los que defendían el libre comercio ahora son los más proteccionistas y aquellos que protegían sus economías, ahora reclaman libre mercado.
En Colombia también se han dado situaciones sorprendentes. Valdría la pena mencionar tres de ellas. Por un lado, un exministro de la era Uribe (2002-2010), Andrés Felipe Arias, está condenado en Colombia por actos de corrupción.
Él había escapado hacia los Estados Unidos y desde allí dijo ser un perseguido político. Actualmente esta a punto de ser extraditado hacia Colombia, pero increíblemente los miembros del actual Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, han dicho que la condena del exministro Arias es injusta, que es un perseguido político y que, en caso de que sea extraditado por los Estados Unidos, se debería revisar su condena. Esto lo que significa es que es el propio Gobierno el que llama a desconocer la justicia y viola abiertamente la separación de poderes.
El otro hecho fue la objeción parcial a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual es el modelo de justicia transicional. A pesar de que la ley fue discutida ampliamente en el Congreso de la República, y de que la Corte Constitucional la declaro exequible, es decir, ajustada a la Constitución, el presidente Iván Duque objetó parte de ella. El presidente se fue en contra del Estado de derecho y ha llevado a lo que en Colombia se conoce “como choque de trenes”, es decir, una confrontación entre poderes.
A esta situación de un abierto comportamiento en contra del Estado de derecho, en las últimas horas se sumó una nueva situación. La señora Claudia Ortiz, actual directora de la Agencia de Desarrollo Rural, ha utilizado la institución para favorecer al candidato a la gobernación del céntrico departamento de Boyacá, Guillermo Sánchez, quien es candidato del partido de Gobierno para las próximas elecciones locales del mes de octubre.
El favorecimiento con recursos públicos de candidatos a cargos de elección popular está prohibido en Colombia y es duramente castigado. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación, luego de conocer los videos que mostraban dicho favorecimiento, suspendió a la señora Ortiz por tres meses y si todo se ajusta a derecho, será suspendida por varios años para ejercer en cualquier cargo público.
A pesar de los videos, una senadora del partido de Gobierno, María del Rosario Guerra, y el presidente del senado, Ernesto Macías, arremetieron contra el procurador general. María del Rosario Guerra, quien pertenece a una de las familias más tradicionales en política regional, con varios miembros de este clan en líos judiciales, manifestó que “no le hace bien al procurador volverse el opositor del Gobierno”. Seguidamente agregó que el procurador estaba tomando una actitud agresiva en contra del Gobierno Duque.
El partido de Gobierno en una clara postura de atacar todo aquello que no controla al gobierno, ahora ha enfilado baterías contra el procurador, hace unas semanas fue contra la Corte Suprema y luego del choque de trenes, por las objeciones, fue contra la Corte Constitucional. Todo lo anterior muestra los típicos comportamientos de los gobiernos neopopulistas, aquellos a los que poco les gustan las instituciones democráticas y el control de poderes.
El gran reto de las sociedades modernas, alrededor del mundo, ya no es ni siquiera mejorar las actuales instituciones democráticas, todo parece indicar que el reto es conservarlas y protegerlas de estos nuevos regímenes que podrían calificarse de demócratas-autoritarios.
Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País