Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares
“No se puede perder el centro de todo este asunto que son los niños y las niñas que sufrieron afectaciones durante el conflicto. En estos días, de repente, pasamos al tema del perpetrador como protagonista. Claro que hay que perseguir a los responsables, pero el Acuerdo está diseñado para pensar la justicia desde las víctimas, no para el castigo en sí mismo del victimario, sino para tener un proceso restaurativo para las víctimas.”
Pares habló con Hilda Molano Casas, abogada de la Universidad Nacional y quien actualmente es la Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia- COALICO, cuya misión es contribuir a la disminución del uso, reclutamiento y vinculación de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano, mediante procesos de observación, prevención, protección e incidencia política frente a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional.
Pares: ¿Cómo llega COALICO a la mesa de negociaciones de La Habana como una de las organizaciones asesoras en el tema de la afectación de niños y niñas en el conflicto armado colombiano?
Hilda Molano Casas: COALICO fue creada en octubre de 1999 y es un espacio de confluencia y articulación de organizaciones de la sociedad civil, de carácter nacional e internacional, que a través de monitoreo, incidencia política, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, para disminuir los impactos del conflicto armado en los niños y las niñas, y en particular por aquellas relacionadas con el uso, reclutamiento y vinculación de la niñez a los grupos armados.
Nosotros llegamos como invitados a la mesa de conversaciones de La Habana para acompañar, apoyar y hacer veeduría al proceso de salida de los niños, niñas y jóvenes de las Farc. En ese sentido y en esa etapa de implementación, hicimos una apuesta por la participación y la visibilización de la situación de niños y niñas víctimas del conflicto armado en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En ese contexto nuestra tarea ha sido ver cuáles son las posibilidades, dentro del sistema integral, para que el enfoque de niñez y la participación de los niños y las niñas tenga un lugar, teniendo en cuenta las características y el mandato de cada mecanismo.
Pares: ¿Por qué se convoca a la mesa de conversaciones de La Habana a COALICO y a otras instituciones, y no al ICBF como una de las entidades responsables de la protección a la niñez del país?
H.M.C: Había una discusión de fondo entre el Gobierno y las Farc sobre la presencia del ICBF, concretamente había unas críticas sobre el trabajo y la presencia del Instituto en los territorios.
Esa decisión de la mesa de negociaciones hizo que no solo fuera COALICO el llamado a hacer esas asesorías y el diseño del programa, también participaron siete instituciones más; algunas representantes del Estado como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
Nosotros fuimos llamados en reconocimiento al recorrido que tenemos y aportamos, no solo en la parte técnica, sino en la visión como sociedad civil en una voz compartida con el Estado y las organizaciones internacionales.
Ya en la parte de implementación el ICBF sí estuvo. En esa segunda parte tuvo un papel importante, sobre todo por la figura de los defensores de familia, ya que a través de ellos, los niños y niñas que salieron de las Farc tuvieron la oportunidad de tener apertura de los procesos de restablecimiento de derechos.
Pares: El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió por parte de COALICO el informe «Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra» ¿Cuál es el balance sobre la situación de los niños víctimas de la guerra en nuestro país?
H.M.C: Lo presentamos en esa fecha porque era el día mundial contra el uso de los niños soldados, conocido como el día de las manos rojas. Lo que hicimos fue presentar un acumulado de información del monitoreo que hemos hecho durante nuestro trabajo, y estaba disponible para efectos de lo que hoy se conoce como el caso 007 sobre reclutamiento y uso de niños y niñas que abrió la Sala de Reconocimiento el pasado 6 de marzo.
El informe da cuenta de lo que han sido las afectaciones contra los niños, por siete hechos que se enmarcan en el conflicto armado en un periodo de tiempo de 2009 a noviembre de 2016, precisamente atendiendo al límite temporal de la JEP.
Esa información está relacionada con todo el contexto que tuvimos en el desarrollo del conflicto, que de alguna manera daba cuenta de las afectaciones contra los derechos de los niños.
Por ejemplo, las afectaciones de derechos a la educación y a la vivienda, afectaciones generales que ellos han tenido que sufrir, y en particular se hizo entrega de la información disponible por casos de reclutamiento y uso, así como ataques a escuelas y hospitales, violencia sexual, negación de acceso humanitario, secuestro, muerte y mutilación, y para el caso colombiano en particular, situaciones de desplazamiento que han afectado a los niños y las niñas.
Eso finalmente nos da un acumulado de 696 casos que dan cuenta de cuáles han sido esas afectaciones atendiendo los parámetros de la JEP y la presunta responsabilidad de las Farc o de la Fuerza Pública. Esa fue la base de información que entregamos a la JEP.
El informe también cuenta con un desarrollo conceptual de fuentes de lo que ha sido la evolución de la situación de los niños en conflictos armados, no solamente en Colombia, sino en estudios comparados, es decir, los marcos normativos de referencia que dan cuenta de cuáles han sido las decisiones de tribunales de justicia transicional en el ámbito internacional.
Estas decisiones pueden ayudar, dar luces sobre cómo comprender un fenómeno tan complejo como el reclutamiento de niños y niñas y dar algunas pistas de cómo abordar esa situación.
La idea es darle un contexto a lo que ha sido la afectación de los niños, más allá del reclutamiento por parte de las Farc, y darnos cuenta que el uso de niños es también una práctica realizada en el marco del conflicto armado y que tuvo como responsables tanto los actores ilegales, como los legales.
Lo que ha pasado con los niños no se reduce al tema del reclutamiento directo por parte de un grupo armado ilegal, la realidad es más compleja, ya que hubo una afectación conjunta de los derechos de los niños y niñas.
Pares: En los últimos días se ha presentado una aguda controversia sobre la violencia sexual contra los menores de edad en el marco del conflicto armado y, particularmente, sobre la responsabilidad de quienes eran comandantes de las Farc ¿Cuál es su análisis sobre esta situación?
H.M.C: En concepto de la COALICO nosotros hemos hecho una apuesta por el reconocimiento de los hechos que se dieron en el marco del conflicto, y por los responsables independientemente de que sea el actor ilegal, en este caso las Farc, o la Fuerza Pública.
En el caso particular de violencia sexual consideramos que es parte de lo que debe llevarse en el procedimiento que está pensado en la JEP, pensando no desde los perpetradores, sino desde los niños y niñas y desde los hechos que ellos han tenido que padecer en el conflicto.
Es desde allí que se deben encontrar los mecanismos que hagan que los responsables se conozcan, digan la verdad y tengan las sanciones correspondientes.
Lo que para nosotros es claro es cómo se ha instrumentalizado la situación de violencia sexual y se muestra como la afectación de mayor recurrencia contra los niños y las niñas, y se desconoce el conjunto de afectaciones y violaciones a sus derechos.
Para nosotros en este momento la apuesta por el mecanismo de la JEP es que el conjunto de afectaciones que los niños han sufrido en el conflicto armado sean asumidos en la Jurisdicción, y vayan en la vía de esclarecer la verdad y reconocer las responsabilidades; tratarlo de esa manera aislada lo que puede generar es que efectivamente al final nos quedemos como en el caso de la justicia ordinaria, es decir con unos grados muy altos de impunidad.
Incluso en el mismo auto de la apertura del caso en la JEP, se da cuenta que de todos los casos de reclutamiento documentados por el Estado no hay sino 10 sentencias en justicia ordinaria. Donde realmente se dio un paso adelante a un mayor número de sentencias sobre y acceso a la justicia fue en el proceso de justicia transicional de Justicia y Paz.
Pares: Entonces ¿hay confianza de que la JEP sea un tribunal de justicia real para este tipo de delitos contra los niños y niñas en el marco del conflicto?
H.M.C: Por eso es ahí donde está nuestra expectativa, tanto en los casos de violencia sexual, como todas las demás violaciones contra los niños y niñas que la JEP asuma como de su competencia; nuestra esperanza es que sean resueltos en la JEP, en ese marco de justicia transicional sobre una expectativa mayor de justicia a lo que hemos tenido hasta el momento.
El riesgo es permitir que toda la discusión entre por vía de un concepto instrumentalizado de los derechos de la niñez. Los que critican a la JEP no han demostrado cuál es la alternativa clara para que los niños y niñas tengan justicia en otro lugar, y una atención adecuada para el restablecimiento de sus derechos, ahí es donde está el debate.
Apoyar al mecanismo de justicia transicional no se hace por el perpetrador, nosotros lo que buscamos es un escenario que le brinde a los niños, niñas y adolescentes la justicia que hasta el momento les ha sido negada; por ejemplo en este caso concreto para los niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, entre otras afectaciones.
Pares: Es dramático pensar un país que durante décadas convirtió, ante los ojos de todos, a sus niños y niñas en víctimas de la guerra. ¿Fueron los niños quienes más sufrieron este conflicto?
H.M.C: Podemos decir que sí. Son generaciones completas que han crecido en el marco de la violencia, no solamente a través de los hechos concretos como el reclutamiento y la violencia sexual, sino a través de la cantidad de círculos por donde ha pasado el conflicto armado en Colombia.
Según la Unidad de Víctimas, estamos hablando de más de ocho millones de víctimas reconocidas, casi dos millones y medio fueron niños, niñas y adolescentes en el momento de sufrir la afectación.
También hay que pensar que dentro de la población menor de 18 años víctima del conflicto, hay unos enfoques diferenciales, es decir, cuando un niño es indígena o afrodescendiente y ha sido desplazado, tiene unas condiciones de mayor vulnerabilidad; las niñas también vienen de condiciones muy complejas en el marco del conflicto, en muchos casos las violencias se exacerban contra ellas, y esa situación no cesa.
Para el año 2018, de acuerdo con nuestro monitoreo, hubo más afectaciones contra los niños y niñas que el año anterior; por ejemplo, ha aumentado el riesgo de reclutamiento por parte de los diferentes actores armados, entonces los niños y niñas siguen siendo un blanco permanente de las afectaciones producidas por el conflicto y la violencia.
Pares: ¿Cómo se recupera un niño que ha sufrido el conflicto armado en Colombia?
H.M.C: Esta es una tarea del caso a caso. Lo que hemos visto en la práctica es que no hay fórmulas mágicas que nos permitan resolver de una sola manera, o con una sola visión esas afectaciones de las que los niños y niñas han sido víctimas.
Se requieren procesos pensados a largo plazo que deben pasar por, primero entender el contexto en el que los niños sufrieron, y qué es lo que ellos están esperando para seguir adelante y reconstruir, o construir, un proyecto de vida.
Hay que comprender las múltiples causas por las cuales han sido víctimas del conflicto y ahí, en esas razones hay que encontrar las alternativas del acompañamiento. Acompañarlos a largo plazo es clave y siempre teniendo en cuenta lo que ellos necesitan, qué alternativas les interesa y cuál es la opción que ellos necesitan para restablecer sus derechos.
Ese proceso debe construirse de manera compartida y pensando a largo plazo, porque no hay un tiempo mínimo. Tristemente hay casos en que pasará mucho tiempo, y aún estando acompañados, no superan los impactos. Eso depende de cada niño, cada niña y cómo le haya impactado el conflicto en su vida.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) está conformada actualmente por: la Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial -Taller de Vida-, la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Benposta Nación de Muchach@s, la Corporación Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI – Colombia), la Fundación Creciendo Unidos, y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Colombia).