Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió celeridad en la promulgación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con las exguerrilla de las Farc.
El texto analiza algunos puntos de la implementación de pacto, tales como el funcionamiento de la JEP que aún está estancada debido a la serie de tropiezos que ha tenido entre el Congreso y el Gobierno Nacional.
En el período abarcado por el informe del 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, hubo debates en la opinión pública que polarizaron aún más al país.
Los defensores del Acuerdo han expresado que el Gobierno ha querido frenar lo pactado, mientras los opositores al mismo han dicho que hay varios aspectos que pueden reformularse para mejorar el texto.
Sin embargo, para la ONU, la JEP es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a los más de 7.000 excombatientes que entregaron las armas.
“Acojo con beneplácito el compromiso del Presidente de buscar un terreno común y reitero mi llamamiento al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz y que la Jurisdicción Especial para la Paz disponga de todos los instrumentos políticos y prácticos necesarios para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía”, indicó Guterres.
El camino de la Ley Estatutaria
El Congreso había aprobado la ley estatutaria y la remitió a la Corte Constitucional para el control previo.
La Corte la declaró exequible en el mes de noviembre de 2018. A inicios de febrero fue enviada para sanción presidencial; pero el 10 de marzo, luego de cuatro semanas de revisiones, la Casa de Nariño objetó seis de los artículos por inconveniencia y la regresó al Congreso.
Dos días después, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo García viajó a Nueva York para reunirse con Guterres y explicarle sobre las objeciones.
“Tomé nota de los motivos de la decisión del Presidente, destaqué la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteré las preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodeaba la aprobación de la Ley Estatutaria.
«También transmití al Ministro mi esperanza de que se actuara prontamente para asegurar que esa base jurídica entrara en vigor lo antes posible, a fin de que se garantizaran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas”, detalló Guterres.
Asimismo, insistió en el absurdo de que en más de dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara aún con una Ley Estatutaria.
Otro de los espaldarazos más importantes a la JEP fue el de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda quien además, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades nacionales para asegurar que los criterios previstos en el Estatuto de Roma se cumplan íntegramente en el contexto de los mecanismos de rendición de cuentas del país.
El plazo para poner en marcha la JEP
Ante las objeciones dadas del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria, los defensores del Acuerdo de Paz tal y como se firmó en La Habana, señalaron que dicha decisión iba en contra de la misma Corte Constitucional, debido a que, ya la había declarado exequible.
La Representante a la Cámara, Juanita Goebertus del Partido Verde, realizó una revisión a cada una de las objeciones y ratificó que eran inconstitucionales, por lo tanto, debían ser sancionadas de inmediato y no ser devueltas al Congreso.
Por su parte, el partido Farc que nació de los acuerdos, le envió una carta a Guterres para pedirle apoyo en la implementación del pacto, puesto que, tan pronto se conoció sobre los artículos rechazados por el Gobierno, varios sectores políticos, incluido el de los excombatientes mostraron su preocupación.
De todas maneras, la Corte Constitucional confirmó a finales de marzo que haría una segunda revisión de la Ley Estatutaria después de que el Congreso recibiera y debatiera nuevamente el articulado.
El máximo tribunal también expresó que ambas cámaras deberían actuar antes de que concluya el período de sesiones en curso, el 20 de junio. Ahora, hay quienes ven un mejor panorama para la puesta en marcha de la JEP, puesto que, con la serie de cambios se puede considerar que no habrá polarización.
El rol de la JEP
Según el informe, hasta la fecha 9.691 exmiembros de las Farc han suscrito actas de sometimiento, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares que solicitaron someterse a su autoridad.
En cuanto a las solicitudes de no extradición la entidad ha recibido 57 solicitudes de revisión de la aplicabilidad de la garantía por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, en 2016. De acuerdo con el texto 40 de ellas han sido negadas.
La JEP ha catalogado los hechos victimizantes en varios casos. Uno de ellos es el 001, que corresponde a la retención ilegal de personas por parte de la exguerrilla. La JEP ya comenzó a llamar a 31 antiguos altos mandos para que comparezcan y proporcionen información.
“Nueve de ellos ya han comparecido, incluido el líder de la FARC, Rodrigo Londoño. También están llamados a comparecer 22 exmiembros de las FARC-EP un proceso similar en el caso 002, relativo a hechos ocurridos en el departamento de Nariño.
En el proceso del caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, han comparecido 56 miembros de las Fuerzas Militares”, indicó el informe.
Así las cosas, se espera que antes de julio la Corte ya tenga en su despacho el articulado definitivo para que por fin se le de luz verde a la ley de procedimiento que le permitará a la JEP tener una ruta para cada uno de los casos que empiece a tramitar.
De todas maneras, hay indicios de que el Gobierno está cada vez más solitario en el Congreso, pues no tiene las mayorías para avalar las objeciones que le realizó a los artículos.
En ese sentido, el texto pasaría a la Corte muy similar a lo que se había aprobado con anterioridad.