Por: Redacción Pares
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, investigará, no solo la grave situación de violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca, sino también la situación de los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí, Candelaria, en el Valle del Cauca, y Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en Cauca.
Con esta adición, el caso 005 pasa a llamarse «Situación Territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca».
Los hechos ocurridos entre el primero de enero de 1993 y el primero de diciembre de 2016 en el norte del Cauca serán la columna vertebral del caso que será llevado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas del tribunal. La decisión indicó que en el sur del Valle del Cauca han confluido los mismos actores armados que han cometido violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y que afectan principalmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.
La Sala también tuvo en cuenta los informes presentados ante la JEP por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Ruta Pacífica de Mujeres y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Asimismo, examinó el Primer Informe de Afectaciones a la Vida en el Marco del Conflicto Armado «El pasado, la guerra, la esperanza…. el buen vivir», presentado el pasado 22 de noviembre de 2018 por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que menciona la existencia de acciones bélicas que afectaron gravemente a varios municipios, entre ellos Jambaló.
Los hechos victimizantes de estas regiones
Los distintos informes sobre este caso indican que, así como en el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental de las Farc- EP, que afectó a numerosas comunidades afrodescendientes e indígenas y puso en peligro su estabilidad social, cultural, organizativa, política, ancestral, lo mismo que su permanencia cultural y pervivencia colectiva.
En ese sentido, los informes establecen que en ambas zonas operó la Tercera División del Ejército Nacional, por lo que muchos hechos ocurridos en el norte del Cauca se extendieron o continuaron en los municipios adicionados de esa región y del sur del Valle del Cauca.
Las características especiales del territorio hacían que muchos de los hechos victimizantes, que empezaban a cometerse en el norte del Cauca, como el desplazamiento, la tortura, el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y la desaparición forzada, posteriormente se consumaran, o continuaran en el sur del Valle del Cauca y viceversa.
De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las comunidades fueron perjudicadas por los continuos enfrentamientos entre la guerrilla, las Fuerzas Militares y grupos paramilitares, que generaron un constante hostigamiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Zonas azotadas por el conflicto armado
Adicionalmente, según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en el Valle del Cauca se reportaron 344.333 víctimas de desplazamiento forzado, 1.083 por secuestros, 828 por confinamiento, 260 por minas antipersonal, 2.105 de desaparición forzada, 26.861 por amenazas, 213 por reclutamiento forzado y 3.885 casos de ataques a la población civil.
Asimismo, se estableció que el norte del Cauca y el sur del Valle conforman un corredor que conecta el centro y el oriente del país con el Pacífico y que se extiende especialmente en la zona montañosa de Caldono, Jambaló, Caloto, Corinto y Miranda, y se conecta con el Valle en Florida y Pradera, a través del Páramo de las Tinajas.
Por ello, esta zona fue estratégica para las Farc-EP, pues conectaba Marquetalia (Tolima) y Uribe (Meta) con el occidente del país, lo cual lo convirtió en una región de permanente disputa territorial entre las Farc-EP, las autodefensas y el Ejército Nacional, generando una confrontación que causó miles de víctimas.