Por: Redacción Pares
La Fundación Paz & Reconciliación – Pares, en su sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia, «La reestructuración unilateral del acuerdo de Paz«, hace un balance de los aspectos fundamentales de la materialización de la paz, especialmente en los territorios, para contribuir a la comprensión de la realidad nacional desde un visión crítica e independiente.
Al poner la lupa en lo que ha ocurrido a más de dos años de firmado el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, hecho que cerró el ciclo de negociaciones de La Habana, podemos decir que se ha producido una reestructuración unilateral por parte del Estado de lo acordado con las FARC-EP.
Algunas de las reformas convenidas por las partes no se han hecho y ya no se harán. Dos ejemplos claros de esto son la modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de la lucha contra el narcotráfico; otras se están haciendo a medias y el ejemplo aquí es la reforma política, de la cual hay logros parciales como el llamado “Estatuto de la oposición”.
Aún se discuten en las distintas instancias del Estado, como el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que sigue adelante en medio de una división enorme de la opinión al respecto y soportando no pocas arremetidas y controversias; finalmente, algunas están arrancando y pueden salir adelante, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Una paz con pocas transformaciones
Fundamentalmente han pasado tres cosas: en primer lugar, se podría decir, que el nuevo gobierno hasta el momento ha planteado cumplir unos mínimos de lo pactado.
Hacer una implementación que no busca transformar de fondo las condiciones sociales, políticas y económicas que describió el acuerdo de La Habana. Será una paz con pocas transformaciones.
Sobre la Reforma Rural Integral se harán algunas variaciones a la angustiosa situación que vive el campesinado.
Acerca del punto de combate a las economías ilegales, se mantendrá lo pactado con un grupo de familias para la restitución, pero no se avanzará más en ello; y en lo de Participación Política se logró el Estatuto de oposición y lo demás se ha hundido o se está hundiendo en el trámite parlamentario.
Todo parece indicar que el gobierno se concentrará en: Reincorporación; en temas claves de los PDETS; y garantizará, con recortes el funcionamiento de la Justicia Transicional, aunque su partido intentará una y otra vez realizar cambios al sentido de este sistema.
El gobierno debe aprender a manejar el tema de la paz
La segunda conclusión es que el gobierno de Iván Duque, es decir, sus funcionarios, están en un proceso de adaptación o lo que se denomina la curva de aprendizaje. Por un lado, algunos miembros del gobierno creían que el tema de postconflicto y en general el de la paz era un discurso, era una espuma.
Pero una vez posesionados en sus cargos, comenzaron a entender la complejidad, es decir, que había instituciones operando y ejecutando recursos y estrategias, había una infraestructura social en las regiones y sobre todo había expectativas en muchas comunidades.
Era más complejo de lo que se esperaba. Así las cosas en esa curva de aprendizaje, es relativamente normal que se den parálisis de algunas estrategias en el territorio.
Hay una tensión dentro del gobierno nacional frente a cómo manejar el tema del Acuerdo de Paz. Para algunos debería cambiarse todo, casi que destruirlo, para otros, hay cosas que se deben cambiar pero preservar partes importantes del acuerdo como los PDETs o el Desarme de las FARC.
Y para otro grupo de funcionarios hay que cumplir en algo, pero en ese debate no se debe quedar el gobierno, hay que salir de ese círculo vicioso de paz sí o paz no.
Esa tensión no se ha resuelto y el presidente no ha tomado partido. Lo que sí es claro es que la paz de Duque no será la misma del Teatro Colón.
Hay un cambio de lenguaje fundamental, a la palabra paz la cambiaron por la palabra legalidad y a la palabra postconflicto la cambiaron por la de estabilización. Esté cambio no es únicamente semántico, es más profundo.
Colombia está en un punto de quiebre donde o nos regresamos a la guerra o consolidamos el proceso de construcción de paz. La argumentación para llegar a esta conclusión se puede ver a través del texto pero valdría la pena dar algunos ejemplos.
En primer lugar, el homicidio. Dicho indicador de seguridad disminuyó constantemente desde el año 2012, una caída increíble; pero en 2017 se estancó, llegando a lo que se denomina piso de cristal; para 2018 hay una leve, pero preocupante, tendencia al alza.
Entre 2012 y 2017 la tasa de homicidio disminuyó cerca de 10 puntos. Así, aunque casi todos los indicadores asociados al conflicto armado disminuyeron increíblemente, hay que ponerle cuidado al homicidio.
En segundo lugar, este aumento del homicidio en 2018, se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño.
Allí hay municipios como Caucasia o Taraza que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana.
En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio.
¿Seguimos adelante o regresamos?
En tercer lugar, el secuestro está muy cerca de desaparecer, la desaparición forzada asociada al conflicto armado está en los niveles más bajos y los afectados por minas antipersonal han caído más de un 90% desde 2012.
Sin embargo, hay una preocupación: entre 2017 y 2018 se duplicó la cifra de afectados por este tipo de artefactos, paso de 50 a 100 personas; la historia venía en otra dirección, en el peor año de la confrontación armada 1229 personas fueron afectadas por minas antipersonal y la cifra más baja se vivió en 2017 con solo 50 personas.
Como se ve en estas cifras estamos en un punto de quiebre y la sociedad colombiana debe decidir si vamos adelante o regresamos.
El proceso de paz con el ELN y el sometimiento a la Justicia del Clan de Golfo son dos temas claves para el futuro de la construcción de la paz en el país.
Con respecto a las negociaciones con el ELN, hay tres grandes problemas: por un lado, el secuestro, el ELN no ha entendido que la sociedad colombiana se cansó de ese flagelo y es imposible avanzar si siguen secuestrando.
Por otro lado, el gobierno colombiano ha tenido poca coherencia frente a las nuevas condiciones para negociar, se corren las líneas muy fácilmente.
Por ejemplo, el Comisionado de la paz y la legalidad, Miguel Ceballos, prometió que si se liberaban los militares y policías secuestrados recientemente en el Chocó y Arauca habría una reunión bilateral en Cuba para crear las condiciones para arrancar la mesa de negociación.
Los militares y policías fueron liberados, y al día siguiente el gobierno puso nuevas condiciones y no cumplió su palabra.
Con respecto al sometimiento del Clan del Golfo, se puede decir que casi todo había quedado listo al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, pero el actual gobierno se ha detenido y cada día que pasa más miembros de esta organización, que estaban dispuestos al sometimiento a la justicia, salen hacia las estructuras enemigas de esa decisión.
Algunas conclusiones
A pesar de que las reformas políticas acordadas no se han tramitado con éxito en el Congreso, lo cierto es que la paz con las FARC contribuyó de manera decisiva a un cambio en el mapa político y a un despertar de la ciudadanía frente a la corrupción.
La alta votación por nuevas fuerzas se debe, sin duda, al proceso de paz. Los cambios económicos y sociales aún no se vislumbran, pero los años que la reestructuración unilateral del acuerdo de Paz mostrarán que sin la guerra es muy difícil justificar las enormes brechas entre el centro y la periferia, entre zonas urbanas y campesinas y las élites políticas tendrán que declinar su gran egoísmo y avenirse a transformaciones largamente aplazadas para romper estas brechas.