Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares.
Hace unas cuantas columnas escribí sobre cómo los riesgos de las democracias actuales no están dados por la presencia de dictadores militares o dictaduras de partido único, de hecho, estos modelos de amenaza democrática están descendiendo a nivel mundial.
En cambio, el gran problema lo tenemos con los denominados demócratas-autoritarios, aquellos que se hacen elegir con normas democráticas y luego comienzan a destruir la democracia de adentro hacia afuera.
Una destrucción que es lenta y casi imperceptible. Generalmente, estos modelos de gobierno se basan en cuatro cosas. Por un lado, una guerra abierta contra los medios de comunicación. Los satanizan, los intentan cooptar y establecen una guerra jurídica contra los periodistas.
En segundo lugar, intentan modificar las ramas del poder público. El objetivo es lograr cooptarlos una vez reformados, por ello les gusta hacer grandes reformas a la justicia, proponen acabar las diferentes cortes y crear una sola, pasan de un sistema bicameral a uno unicameral, utilizan generalmente el discurso del ahorro de presupuesto público para generar estos cambios. Casi siempre, esto se logra con asambleas constituyentes, que a su vez sirven para que la “nueva” arquitectura institucional sea elegida bajo el gobierno del demócrata-autoritario.
En tercer lugar, intentan destruir los pilares democráticos a partir del miedo, en este último caso el objetivo es destruir la oposición. La sociedad se divide entre buenos y malos; pueblo y burguesía; ciudadanos de bien y terroristas; o blancos y migrantes. Al final se trata de dividir y causar pánico con lo que es diferente.
Obviamente, cuando se divide la sociedad en dos, a partir de excluir a los que piensan diferente, a los que aspiran a una sociedad diferente o, a los que tienen un color de piel diferente, se les intenta quitar su dignidad humana, para con ello, limitar sus derechos sociales, políticos o los fundamentales de cualquier ser humano.
Por tal razón, es común ver que a familias con niños de brazos que intentan atravesar una frontera se les manden soldados a reprimirlos, a los jóvenes que protestan pacíficamente se les manden civiles armados para que los repriman. O en el caso colombiano se sataniza la protesta social acusándola de estar infiltrada por terroristas o de ser enemiga de los colombianos que no protestan.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia es preocupante, a la minga indígena se le acusó de estar infiltrada por terroristas. A los estudiantes se les acusó de estar infiltrados por agentes violentos, y ahora, con el paro de hoy, 25 de abril, se intenta decir que “no hay razón para marchar”, “todo es una estrategia para debilitar a Duque”, “esa gente que marcha y no deja trabajar, solo sirve para hacer trancones”. Al final se trata de limitar el ejercicio democrático.
La protesta social, las personas marchando en la calle, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legitima la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar.
El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Esos analistas, opinadores y políticos que dicen ser demócratas y lo primero que hacen es atacar el ejercicio democrático son los más peligrosos.
Tal vez sean idiotas útiles y no se den cuenta del efecto de su discurso sobre una democracia. Sin embargo, esto último es poco normal, generalmente estos agentes son conscientes de su discurso.
Una última característica de estos regímenes es que son buenos para perpetuarse en el poder, aunque esta condición no es un inamovible, también están los gobiernos en cuerpo ajeno. Pero para estos demócratas-autoritarios solo les digo que así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a aun país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.
Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en Semana