Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares.
El anuncio esta semana de “Artemisa”, la nueva estrategia del gobierno de Iván Duque para frenar la deforestación, tuvo lugar en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el más grande Colombia y uno de los más golpeados por la deforestación en los últimos años.
Esta estrategia cuenta con tres ejes de acción que, sin embargo, confirman la decisión del gobierno de atender síntomas y no causas hablando de deforestación y degradación ambiental en áreas de interés ambiental.
Tres propósitos de «Artemisa», solo buenas intenciones
1. El primer propósito tiene que ver con la contención de la deforestación y la consolidación de un aumento a cero en la tasa nacional de hectáreas deforestadas al año.
Sin embargo, este objetivo, que además ha quedado consignado en el Plan Nacional de Desarrollo como columna vertebral de la política ambiental de Duque, permite la deforestación de cerca de 900 mil hectáreas en los próximos cuatro años y, aún así, cumplir la meta del gobierno en tal materia (0% en aumento de deforestación).
Para este propósito se ha involucrado al Ministerio de Defensa como coordinador de un despliegue territorial de carácter militar para enfrentar mafias y Grupos Armados Organizados que financian, coordinan y agencian la tala y la quema en áreas protegidas.
2. El segundo propósito plantea la urgencia de restaurar los ecosistemas que han sido degradados por la deforestación.
Allí son los Institutos de Investigación, el Ministerio de Ambiente y el trabajo con comunidades locales los actores que ha definido el gobierno como agentes principales de la conservación y recuperación del ‘patrimonio natural’.
Este propósito guarda mucha relación con la implementación del acuerdo de La Habana, pues la Reforma Rural Integral (que ha quedado en el olvido) planteaba planes y programas para contener el avance de la frontera agropecuaria en áreas protegidas y la construcción de planes de restauración ambiental en zonas afectadas por la violencia como mecanismo de reparación y cumplimiento de penas de excombatientes de FARC en el marco de la justicia transicional.
Sin Reforma Rural Integral la restauración ecológica queda reducida a buenas intenciones, pues mientras no se configuren las dinámicas de seguridad en territorio y la presencia del Estado en estas zonas se reduzca al ámbito militar, la lucha contra la deforestación difícilmente transitará de la contención a la restauración.
3. El tercer propósito es la judicialización de quienes están detrás de las quemas y talas indiscriminadas de bosque que ha quedado bajo el mando de la Fiscalía General de la Nación.
Aquí hay dos retos fundamentales: por un lado, la construcción de una estrategia investigativa para que los resultados contra la deforestación no sigan siendo el decomiso de un par de motosierras y la judicialización de campesinos, el eslabón más débil de la cadena ilegal que agencia la deforestación, particularmente en el sur del país.
Y, por otro lado, la garantía de independencia en los organismos de control a nivel regional pues, en muchas zonas del país, son los poderes políticos regionales los principales involucrados en el negocio del acaparamiento y la especulación con la tierra.
Si estos poderes políticos son juez y parte en la lucha contra la deforestación difícilmente se llegará al fondo del asunto. En esta materia podría priorizarse el departamento del Guaviare y Meta, donde sus respectivos gobernadores defienden públicamente el ejercicio ganadero en departamentos con amplia vocación forestal.
Ir al síntoma y no a la causa, un error del gobierno
Además, Duque ha planteado que una de las claves para el éxito de la campaña ‘Artemisa’ es la pedagogía y “la apropiación de la riqueza natural de Colombia”.
Esta idea, de nuevo, deja en evidencia el enfoque del gobierno frente al reto ambiental que le plantea la deforestación: atacar síntomas y no causas.
El fenómeno de la deforestación, fundamentalmente en el Amazonas y el Nudo de Paramillo, se caracteriza por una confluencia temporal y geográfica del desarme y el agrupamiento de las FARC con la praderización y remoción de capa vegetal.
Así pues, el problema es político y administrativo, con fuertes raíces en las dinámicas de tenencia de tierras y expansión de latifundios hacia áreas de alto interés ambiental.
La especulación con la tierra, el reemplazo de la agricultura por la tala en regiones empobrecidas del país, el asesinato de líderes sociales y la persistencia de actores armados en zonas pos-FARC tienen que ver con el conflicto armado y el ritmo con que se atienden los puntos pactados en La Habana.
Si el gobierno piensa que la deforestación se detiene con militarizar Parques Nacionales (como ocurrió el año pasado cuando el ESMAD llegó con gases lacrimógenos al PNN Tinigua a sacar campesinos) y con campañas de sensibilización ciudadana, no sólo no cumplirá con su objetivo en materia de deforestación, sino que en el 2022 nos dejará con más de un millón de hectáreas deforestadas y unas mafias más enriquecidas que nunca.