Por: Redacción Pares
En días pasados, los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron ser víctimas de interceptaciones ilegales a sus teléfonos y de la posible instalación de micrófonos en sus oficinas y salas donde sesionan.
Adicionalmente, el magistrado Alberto Rojas recibió un sufragio, en el que al parecer amenazaban a su hija de muerte.
Días después, el presidente del Tribunal de Arbitramento que lleva el caso de Odebrecht, Jorge Enrique Ibáñez, denunció ser víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales y la sospecha de tener también micrófonos en las oficinas donde este Tribunal sesiona (la noticia fue dada por el portal semana.com).
A este rompecabezas le falta una pieza clave
Los seguimientos no son nuevos ni es la primera vez que se conocen, pero sí es la primera vez que parecen ser alarmantes para la opinión pública.
En abril del año pasado, en medio de la tormenta desatada en la JEP por la salida y acusaciones de Nestor Raúl Correa contra los magistrados Alejandro Ramelli, Danilo Rojas, Patricia Linares, Eduardo Cifuentes, entre otros, el ex secretario general de esta jurisdicción dio a conocer unos correos electrónicos.
En éstos, los magistrados escribían -antes de posesionarse- sobre el trámite de algunos proyectos de ley de la JEP y la estructura que a su juicio debía tener la misma.
Por cuenta de esto, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió un proceso contra los magistrados Ramelli y Linares que de forma extraña avanza muy rápidamente, como no es costumbre en esta comisión.
Cuando se llevaron a cabo estas conversaciones entre los actuales magistrados de la JEP, Ramelli era magistrado auxiliar del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, el mismo que denunció el sufragio y las interceptaciones esta semana, y Danilo Rojas era el presidente del Consejo de Estado.
Cabe entonces preguntarse, ¿en el marco de qué proceso judicial tenían intervenidas las comunicaciones de los presidentes de dos altas cortes y de un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional?
¿Estas interceptaciones llegaban al también magistrado Alberto Rojas? ¿Por qué no conocemos ningún resultado por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre la denuncia interpuesta por estas interceptaciones? ¿Admitió la Cámara de Acusaciones estos correos electrónicos como pruebas? De ser así ¿qué autoridad judicial las ordenó para que pudieran ser legalizadas?
Lo cierto es que existe un común denominador en todo esto:
tanto la Corte Constitucional como la JEP han sostenido posiciones contrarias a las del Gobierno y el Fiscal General, e incluso contrarias a las del gobierno de los Estados Unidos.