Por: Redacción Pares
La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, solicita medidas urgentes de atención humanitaria y protección para 1.600 personas de las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Juradó, Chocó, en la frontera Colombia-Panamá, que se han visto forzadas a huir de sus comunidades o están confinadas.
Además, según la Organización Nacional Indígena ONIC, los Pueblos Indígenas Embera Dóbida, Chamí, Katío, Wounnan, Zenu y Tule del departamento del Chocó, y las organizaciones y asociaciones del Urabá chocoano, son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de los actores armados que han invadido los territorios y por la indiferencia e inoperancia del Estado colombiano.
«Somos víctimas de militarización y actores armados»
«Sufrimos la invasión de nuestros territorios por parte de los grupos armados. Estamos obligados a convivir permanentemente con la militarización y hasta que los actores armados no se vayan del todo, vamos a seguir siendo víctimas, pues esta es una de las raíces de nuestros padecimientos.» expresaron las comunidades indígenas a través de un comunicado.
Estas son algunas de las denuncias de las comunidades indígenas que viven en este territorio del suroccidente del país:
«Diferentes intereses económicos, tanto legales como ilegales, presionan nuestros territorios. De un lado, hay proyectos cacaoteros, bananeros y ganaderos, y de otro lado, el negocio del narcotráfico ha crecido de forma desmedida. Lo anterior, hace que se incrementen también los controles sobre las rutas y la población, al punto que los actores buscan ejercer presión para que las comunidades hagan parte de estas actividades y así garantizar su silencio.»
Los actores armados han sembrado minas antipersona en nuestros territorios interfiriendo con nuestras actividades propias de caza, siembra y pesca, agravando la crisis alimentaria y de salud, y causando graves afectaciones psicológicas y físicas.
Se han incrementado escandalosamente los casos de reclutamiento forzado y sus estrategias, contra los integrantes de nuestras comunidades, especialmente los jóvenes, violando así las normas del Derecho Internacional Humanitarios. Lo más preocupante es que cuando logramos recuperar a los jóvenes, los actores armados amenazan con matarlos por haber pertenecido a otros grupos.
Existe una estrategia de silenciamiento, nos prohíben denunciar y hacer pública la grave situación en la que nos encontramos. Hay una estrategia de miedo y de asesinatos múltiples para causar zozobra en nuestras autoridades y líderes, y así obligarlos a guardar silencio sobre la presencia de los actores armados en nuestros territorios y sus diferentes acciones.
A las acciones de los grupos armados ilegales se suman la actitud omisiva, complicidad y aquiescencia de la fuerza pública que debería garantizar nuestros derechos humanos y fundamentales, junto con la débil presencia institucional que hacen parte de un Estado Social de Derecho para garantizar el goce efectivo de nuestros derechos. De hecho, al ser la fuerza pública la única que hace presencia, agrava nuestro riesgo porque los actores armados en desacuerdo, nos acusan de ser quienes los llevan.
Al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y a la institucionalidad responsable, las comunidades exigen:
1. Que nuestros territorios, en el departamento del Chocó sean denominados y tratados como territorios de paz y se tomen las medidas necesarias para ello.
2. Que se cumpla el Acuerdo Final de Paz y su efectiva implementación, para lo cual se debe tener en cuenta el papel de la inversión social en la construcción de paz, por encima de la estrategia militar.
3. Que se retomen los diálogos de paz con el grupo armado ELN y se tomen las medidas necesarias para la desarticulación de los grupos paramilitares, para liberar nuestros territorios de su accionar.
4. Que se tomen las medidas necesarias, en oportunidades de educación y trabajo, para crear las condiciones que permitan rescatar efectivamente a nuestros jóvenes del reclutamiento forzado y evitar las represalias provenientes de los actores armados, que los convierte en sujetos de ataque militar.
5. Que la Unidad Nacional de Protección atienda los requerimientos de protección que en el marco de la emergencia que hoy vivimos, se han presentado, con medidas del mismo carácter, esto es, de emergencia, para garantizar las medidas de protección de urgencia para los líderes señalados en la lista entregada nuevamente en Quibdó el paso 02 de mayo en el CERREM departamental e implementar las rutas de protección colectiva, igualmente con carácter urgente. Lo anterior, teniendo en cuenta la arremetida que se puede presentar tras el encuentro realizado durante estos dos días en Riosucio, Chocó.
6. Hacemos responsable al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad Nacional de Protección, de las represalias que en contra nuestra tomen los actores armados tras el presente encuentro, más aun teniendo en cuenta la negligencia y omisión que ha caracterizado su proceder ante la grave situación humanitaria que afrontamos y las diferentes solicitudes elevadas.
7. Adoptar las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida de nuestras autoridades y líderes, mediante el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de las altas cortes.
8. Que el Gobierno Nacional y la institucionalidad responsable se comprometa a invertir en las comunidades y en el fortalecimiento de su autonomía y gobierno propio para afrontar los efectos nefastos del conflicto armado.
9. Que se fortalezcan nuestros mecanismos propios para la protección de la vida y el territorio, tales como la guardia indígena.
10. Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se posible afectar un presupuesto fijo para esta región, de tal manera que las propuestas tengan condiciones de materializarse.
11. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los recursos destinados para las comunidades indígenas a través de las gobernaciones y alcaldías, lleguen efectivamente a sus destinatarios y así generar las condiciones para la construcción de una paz estable y duradera.
12. Al Senado de la República, solicitamos que a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz, se adelante una audiencia conjunta para abordar y visibilizar la problemática en los territorios indígenas del departamento del Chocó.
A los actores armados exigen:
1. Que abandonen nuestros territorios, nos reafirmamos en que nos aferramos a nuestras raíces y a nuestro territorio. Nosotros somos dueños de nuestros territorios y no hacemos parte de esta guerra, solo defendemos nuestra vida y autonomía.
2. Que nuestros jóvenes y comunidades no sean forzados a hacer parte del conflicto armado, o a involucrarse de alguna manera, ni nos usen como informantes.
3. Que respeten la vida de nuestras autoridades, líderes y comunidades y con ello, nuestra autonomía y procesos de resistencia como constructores históricos de paz y defensores de nuestra vida y territorios.
4. Que respeten el Derecho Internacional Humanitario.
5. Que no se involucren en nuestros conflictos internos ni en los conflictos interétnicos.
6. Que retiren las minas antipersona de nuestros territorios.
A los organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos solicitan:
1. Que en el marco de sus actividades misionales realicen el acompañamiento a las autoridades, líderes, comunidades y organizaciones indígenas y el monitoreo correspondiente sobre la situación de derechos humanos que sufren las comunidades en el departamento del Chocó, así como las correspondientes visitas de verificación y elaboración de informes sobre nuestra situación.
2. Que la ONU, ante los graves eventos de violación de derechos humanos, se desplacen de manera urgente a nuestros territorios para realizar las visitas de verificación y acompañamiento, de tal manera que sea posible atender las emergencias de manera efectiva.
3. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se otorguen medidas cautelares en favor de los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó, que a través del enfoque indígena permitan superar esta grave crisis humanitaria que afrontamo