Un Gobierno sin ideas para frenar la masacre de líderes

12 mayo, 2019

Un Gobierno sin ideas para frenar la masacre de líderes

Por: Redacción Pares

La cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar y el 2019 arrancó con una vertiginosa disparada de la tasa acumulada que ya llega a, aproximadamente, un homicidio cada tres días.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta el 6 de mayo de 2019, han sido asesinados 262 líderes y lideresas sociales. Los lugares en los que se concentra el asesinato selectivo son los departamentos de Córdoba, Antioquia, la región del Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Costa Pacífica nariñense.

Época electoral, la de mayor riesgo

Los picos de violencia contra líderes sociales se han presentado, mayormente, en períodos prelectorales y en el mes de enero desde 2017 hasta 2019.

«Se podría decir que cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia. Una cifra que difícilmente se ha visto en otros países. Si a los homicidios se le suman los secuestros, atentados y amenazas, se podría llegar a la cifra de dos víctimas diarias. El último hecho ocurrió el pasado sábado 4 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca.» señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares

Sumado a esto, la deuda histórica de implementar soluciones pertinentes sigue en vilo. Si el año pasado había cerrado con una cifra alarmante de 87 asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados.

Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4)defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas.

Como lo explica Giorgio Londoño, investigador de Pareslos agentes involucrados en los hechos en mayor medida son actores no identificados que suman más del 70%, seguidos por el Clan del Golfo, los Grupos Armados PostFARC y, en menor medida, el ELN. Esta tendencia podría apuntar a vínculos estrechos con actores legales e intereses económicos que han tendido más y más a contratar sicarios.

«Una de las exigencias que le hacemos al gobierno, y lo hemos dicho de todas las formas posibles, es que debe darle un tratamiento a aquellos grupos que hoy están considerados al margen de la ley. El gobierno anda diciendo que hay que «darles plomo», pero el gobierno tiene que sentarse a negociar porque tiene que pensar en los que estamos en el medio, en nosotros que somos su puebloseñaló a Pares Héctor Carabalí, líder social del norte del Cauca.

¿Cómo ha reaccionado el Estado frente a esta violencia?

En línea con los devenires de la política del “espejo retrovisor” que ha predominado en el gobierno Duque, el propio presidente lanzó a finales del año pasado el PAO (Plan de Acción Oportuna), que busca crear una acción articulada y coordinada entre actores e instancias para definir políticas frente al creciente fenómeno de homicidios y victimizaciones.

Durante el lanzamiento de esta iniciativa la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que su finalidad última sería “encontrar una visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas en el territorio”.

Sin embargo, los reparos al PAO no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se llamó la atención acerca de su composición, que priorizó la presencia de funcionarios de alto gobierno pero que excluyó a la sociedad civil.

A la par, distintas organizaciones también denunciaron su visión reduccionista, que reproducía varios errores cometidos en pasadas ocasiones, principalmente, en relación con una idea de seguridad ceñida a la presencia de fuerza pública y a la protección.

Asimismo, el protagonismo de personajes ajenos y adversos a los movimientos sociales no fue vista con buenos ojos y el PAO ha sido criticado por simplificar y duplicar otras estructuras ya contempladas en otras instancias, especialmente en el caso de la Comisión de Garantías de Seguridad contenida en el punto 3 del Acuerdo de Paz.

Así las cosas, la medida parece tanto el resultado improvisado de la presión ejercida desde las organizaciones nacionales e internacionales, como una movida mediática para responder de alguna manera a la imagen presidencial que va en picada.

A lo anterior, se suma el hecho de que, a pesar de múltiples denuncias y evidencias, solo hasta ahora se reconoce un cierto grado de sistematicidad por parte del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez -hecho que sucedió precisamente el día en que se llevaron a cabo movilizaciones masivas reclamando su renuncia-.

«El gobierno colombiano se defiende manifestando que no hay una conexión entre todos estos hechos, en cambio, dicen que se deben a temas locales e incluso problemas personales de los líderes. Su principal argumento es que el que mata o el victimario no es el mismo, por ende, no habría sistematicidad.» explica Ariel Ávila.

Según el investigador y analista, «El Estado no tiene ningún plan de choque para proteger líderes con estos perfiles y nada indica que la masacre se vaya a detener. En varias regiones del país hay una lenta agonía de la democracia, es como si se estuviera desangrando.»

La Oficina de DDHH de la ONU alerta del elevado número de defensores asesinados, acosados y amenazados en el país.

Se necesita una protección integral en los territorios

Héctor Marino Carabalí, líder social del norte del Cauca, le explicó a Pares: «Una salida a esta situación es el diálogo y resolver las situaciones sociales que hay al interior de las comunidades, porque si no, va a persistir siempre ese conflicto.»

«Y lo que vamos a tener es más amenazas, más asesinatos y el gobierno diciendo que no tiene plata para proteger a los líderes sociales. Nosotros no estamos exigiendo más camionetas, más chalecos. Hoy lo que le exigimos al gobierno es negociar con todos esos grupos que hay al interior de nuestras comunidades porque hoy estamos a la merced de ellos.» enfatizó Carabalí. 

Todo, además, en el marco de los riesgos que representa un escenario electoral regional próximo, de la incertidumbre sobre los efectos reactivos de distintos actores que se sienten amenazados por los procesos de reconstrucción de Verdad e implementación del Acuerdo de Paz y de los prácticamente nulos avances en la identificación de autores intelectuales.

En últimas, lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba. 

Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales. En un contexto como este es necesario, además, que urgentemente se dejen atrás las medidas ineficientes cargadas de vicios mediáticos y las recetas reactivas fallidas.


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