Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El Estado colombiano también ha sido un actor activo de una violencia que ha dejado un sinnúmero de masacres a lo largo y ancho del país.
Muestra de ello es el caso que sindica la participación del Ejército Nacional en la masacre de San José de Apartadó en 2005, sobre la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis (6) militares por su participación en este lamentable hecho. Además, ordenó el pago de una indemnización por 15.000 millones de pesos a las familias de las víctimas.
El alto tribunal encontró al coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina como responsables de este crimen.
Este fallo muestra cómo operó el paramilitarismo articulado con las fuerzas militares del Ejército colombiano. El alto tribunal encontró pruebas para determinar que los integrantes del Ejército tenían conocimiento de la presencia del grupo paramilitar Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para lograr la verdad judicial sobre la masacre de San José de Apartadó, fue de vital importancia conocer los testimonios de Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’. De hecho, las versiones de los exjefes paramilitares permitieron conocer la participación del Ejército Nacional en este hecho.
La participación del Ejército
“Los militares que aceptaron patrullar la región simultáneamente con los integrantes de las AUC, estuvieron cerca de los sitios donde ocurrieron las muertes cometidas por éstos, y aun cuando se enteraron de ese accionar de los ilegales, no reportaron la ocurrencia de los respectivos decesos” (Extracto del fallo de Sala Penal de la Corte Suprema)
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la decisión del juzgado especializado de Medellín y el Tribunal Superior de Antioquia; quienes habían absuelto a los militares pues según las dos instancias judiciales no había suficiente material probatorio en contra de los integrantes del ejército y, que por ende, no se podía determinar su participación.
Por otra parte, conforme a la investigación, las acciones se dieron en el marco de las Operaciones Fénix por parte de la Brigada XVII, una avanzada contraguerrilla del Ejército.
Además, a esta avanzada se juntó la denominada misión ‘Feroz’, que llevó a cabo el Comando Conjunto Caribe, del cual estaba a cargo del general Mario Montoya. Cabe recordar que Montoya está investigado por el caso de las ejecuciones extrajudiciales en la JEP.
A su vez, por esta masacre fueron llamados a indagatoria los generales Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, desde 2013, sin embargo en la Fiscalía no avanza la investigación, ni muchos menos en un fallo.
La mañana del 21 febrero de 2005
Cerca de 60 integrantes del Bloque Héroes de Tolová perpetraron la masacre en San José de Apartadó, un corregimiento del municipio Apartadó; en zona rural del Urabá Antioqueño. Los cadáveres de las víctimas, entre ellas tres niños, fueron encontrados con machetazos en las cabezas, extremidades y sin ninguna herida con arma de fuego.
Cabe recordar que San José desde 1997, ocho años antes de esta masacre, se convirtió en una Comunidad de Paz. Esta decisión nacida desde la dignidad de esta comunidad del Urabá, marcó un precedente al no admitir la presencia en el territorio de integrantes del Ejército Nacional, Policía Nacional, paramilitares, ni guerrilleros.
De esta forma, la comunidad decidió aislarse, tanto de grupos armados legales como ilegales, lo que le representó señalamientos por ‘colaboradores’, hecho que le negó la posibilidad a sus habitantes de hacerle el quite a la ola de violencia que sufrió San José de Apartadó.
Un hecho que no puede quedar en el olvido
En ese momento el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, negó la denuncia hecha por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que sindicaba la participación de la Brigada XVII en la masacre que perpetró el Bloque Héroes de Tolová de las AUC.
Justamente, al mismo actual senador y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien se ha mostrado tan interesado en extraditar a los jefes guerrilleros por encima del compromiso que tienen en Colombia con la contribución de la verdad -caso parecido a lo que sucedió en el marco del Pacto de Ralito con los jefes paramilitares-.
Precisamente, las versiones libres de los exparamilitares permitieron que el caso condujera a la responsabilidad del Estado en la masacre, con el papel del Ejército Nacional. De hecho, el periódico EL TIEMPO ubica como implicado al capitán Guillermo Gordillo, de quien se desprende la acusación que pesa para el gobierno nacional de la época de Álvaro Uribe.
Según lo dio a conocer el portal del periódico “La idea era culpar de la masacre a las Farc, usando testigos pagos por los ‘paras’, que fueron exhibidos por altos funcionarios del gobierno Uribe ante diplomáticos, el Congreso y la Fiscalía”.