Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares.
Cultivos ilícitos y Grupos Armados Organizados (II)
El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los departamentos de Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá y por el occidente con los departamentos de Caquetá y Meta. El 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente lo elevó a la categoría de departamento.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de la Naciones Unidas – UNODC identifica que los municipios de mayor concentración para el Guaviare son “Tomachipán (afectando a Miraflores y San José del Guaviare), Charras y el perímetro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, oscilando su aumento desde el año 2015 de 10.425 hectáreas a 12.302 hectáreas” (SIMCI, 2017).
Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el segundo y tercero de ellos:
2. Cultivos ilícitos
En consecuencia, la economía de la coca ha sido un renglón económico clave dentro del departamento, beneficiando a la población que depende directa e indirectamente de este negocio, ya sea por actividades propias del proceso de cultivo y producción de la coca o por actividades asociadas del comercio, especialmente quienes comercializan licores, combustibles, alimentos e insumos agrícolas.
Las alternativas siguen siendo precarias o prácticamente ninguna. Teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que según fuentes territoriales no ha avanzado y pareciera que el Estado no realiza ningún esfuerzo por mejorarlo.
Sobre esta realidad una fuente en el territorio señala: “hay un problema grave con este tema, y es que después de las concertaciones iniciales y que varias familias entraran en el proceso de erradicar los cultivos de sus fincas, cuando los acogidos por el programa llegan a reclamar la financiación para la generación de los proyectos productivos, les dicen que no, que no cumplen los requisitos y los sacan del programa: por un apellido mal escrito, por información faltante, por cualquier cosa.»
«Ahora, los reincorporado de FARC, quienes eran los que movilizaban el tema, organizaban a la gente, les dejaron de pagar hace alrededor de 6 meses y ya no tienen ni con que moverse y los que lideran el programa han cambiado ya varias veces. En Miraflores la cosa es aún peor, porque allí están indígenas, reincorporados y campesinos y se nota más la ausencia del programa” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019).
Esto ha generado mucho descontento en la comunidad campesina cocalera que participa en este proceso y poca credibilidad en el programa, lo cual ha generado que familias enteras vuelvan nuevamente a la siembra de la coca y a vivir en la ilegalidad para garantizar el sustento de sus familias.
3. Grupos Armados Organizados y disidencias
Según algunos pobladores y líderes de San José de Guaviare, se conoce que los Grupos Armados Organizados (GAO) que controlan el crimen organizado dentro del departamento son liderados por dos exintegrantes del grupo paramilitar los “Puntilleros”: alias “Caracho”, paramilitar que controlaba los Llanos Orientales y que quedo al mando después de alias “Cuchillo” y Richard, brazo militar de “Cuchillo” operan desde la cárcel los grupos delincuenciales y de sicariato.
Como lo expresa una fuente territorial “ellos funcionan como empresas criminales al servicio de grupos económicos históricos que han estado presentes en el territorio, por un lado los despojadores de tierra y por el otro los grupos del narcotráfico. Se cree que su zona de operación principal está al norte de San José de Guaviare, donde hay grandes cultivos de palma y grandes fincas de terratenientes” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019).
También señalan que por el lado de Charras de Boquerón, un grupo de paramilitares que debe tener alrededor de 30 hombres hacen presencia permanente en esta zona y se sospecha que son cuidadores de grandes fincas de cultivo de palma.
Sobre las disidencias, se conoce que la mayoría está compuesta por militantes del frente séptimo y 44, una parte de ellos ubicados en la zona alta de San José del Guaviare por Guayabero hasta la zona del Raudal y Cerro Azul; y la otra por la zona del Retorno, en veredas como Golondrinas, la Paz hasta la parte baja de Morichal, bajo el mando de Gentil Duarte.
El frente primero está ubicado en la zona baja de San José del Guaviare, Calamar y Miraflores (Barranquillita) bajo el mando de Iván Mordisco. Su principal objetivo en la actualidad es seguir manteniendo el control de las rutas del narcotráfico del suroriente del país y reagrupar a los excombatientes que no hicieron parte del proceso o han venido desertando.
También se conoce que en el municipio del Miraflores, las disidencias vienen, nuevamente, reclutando jóvenes.
Cabe anotar que su reorganización se ha replegando a las zonas más alejadas de los centros poblados del departamento, ya que la Fuerza Pública ha ganado presencia en estos espacios y avanza junto con la Marina en operativos de incautación de armas y mercados ilícitos, como por ejemplo el de la vereda Golondrinas, en el municipio El Retorno.
Esta dinámica representa un grave riesgo para las comunidades puesto que se reactivan los enfrentamientos entre estos dos actores y se recrudecen las acciones bélicas en el territorio, situación que venía superándose con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz.
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