Por: León Valencia, director – Pares
Ni el presidente Duque, ni el fiscal saliente Néstor Humberto Martínez, ni algunos sectores de la justicia de los Estados Unidos han entendido que el país ha cambiado y por eso han tomado decisiones y han hecho discursos como si estuviéramos en los tiempos de Pablo Escobar, o en los años de la dura confrontación con las Farc.
Han tratado a Jesús Santrich como si fuera el jefe de un cartel de las drogas y le han dado a Marlon Marín el estatus de un agente infiltrado capaz de incubar con pruebas fehacientes un jugoso proceso judicial. Están actuando frente a la JEP como si fuera un tribunal ordinario, no un conjunto de juristas con acendradas convicciones de protección de los derechos humanos que están ante una misión extraordinaria derivada de un acuerdo de paz.
Están prohijando acciones de las fuerzas militares frente a líderes sociales o a personas vinculadas a la paz, como en los tiempos del ascenso subversivo de las guerrillas donde resultaba fácil acusarlos de complicidad con estas fuerzas. Están invocando la guerra contra las drogas, como en el tiempo en el cual las organizaciones de narcotraficantes le plantaron un desafío de muerte a las instituciones del país y a los Estados Unidos y no era difícil convocar la solidaridad nacional para enfrentarlas.
Señores, se firmó la paz con las Farc, entiendan eso. Señores, una parte de las élites del país quieren dejar atrás la guerra y la narcotización de las relaciones exteriores y construir otra agenda para la Colombia del siglo XXI. Señores, la izquierda salió de la marginalidad política y entró a disputar la presidencia y tiene ahora una importante bancada parlamentaria, capaz de llegar a acuerdos con esas élites políticas que quieren cambios en la vida nacional. Esa es una nueva realidad que exige unos comportamientos distintos de los altos funcionarios públicos.
Jesús Santrich y la dirección del partido Farc se están comportando conforme al acuerdo de paz, apelando a los mecanismos de la justicia transicional. No han buscado atajos al estilo de los narcotraficantes, no han intentado negociaciones por debajo de la mesa ni han amenazado con violencia. Esta semana tormentosa terminó con un comunicado diciendo que nada ni nadie los hará volver a la guerra. No estamos ante las turbias negociaciones que se hacían y se deshacían con Pablo Escobar o con los paramilitares, de las que no se dejaban documentos con el detalle del proceso y las obligaciones de las partes.
El Fiscal Martínez quiso envolver su renuncia en un dramatismo y en un manto ético propio de mejores causas. Duque y Uribe seguían el libreto, diciendo que se le estaba entregando el país al narcotráfico y se estaban rompiendo compromisos internacionales ineludibles. La fiscalía sacó de la manga otro auto de detención para impedir que se llevara a cabo la orden de la JEP. Esperaban que todos los partidos y grupos respaldaran estas acciones. Incluso en un desborde de imaginación, Martínez Neira llamó a la movilización inmediata del país para respaldar sus decisiones. Nada de esto ha ocurrido. Los defensores del acuerdo de paz que han ido creciendo al ritmo de estos acontecimientos, no han tragado entero y han criticado estas maniobras.
Los medios de comunicación no han podido escapar a las nuevas realidades y están abriendo los micrófonos y las páginas a esas voces diversas que piden respeto a los acuerdos de paz, y que no se dejan intimidar con el expediente de que se está echando abajo la extradición y se está favoreciendo a los narcotraficantes. En estos días los líderes sociales han tenido una especial atención de los periodistas, y Francia Márquez que sufrió un atentado en el Cauca, pudo contarle al país su lucha y sus riesgos.
A la vez, en un diario del prestigio y la influencia del New York Times apareció un artículo en el que se habla del retorno de los falsos positivos y se somete a un duro escrutinio las acciones de las Fuerzas Armadas. Esta vez ni los militares ni el gobierno han podido eludir las respuestas, o decir, como en el primer gobierno de Uribe, que se trata de perseguir a los aliados de la guerrilla.
Ojalá el uribismo entienda muy pronto que estamos en un país distinto y por ello debe ajustar sus acciones y sus discursos a estas nuevas realidades. De lo contrario ellos irán al fracaso, pero el país sufrirá mucho en estos tres años que le quedan al gobierno de Duque.