Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES
Con poco más de una década desde su constitución como municipio, San José de Uré hoy es hoy un auténtico campo de batalla. Ubicado en la subregión del sur de Córdoba, se ha convertido en un lugar al que pareciera que ha olvidado la mano de Dios.
Hacia las 3 de la tarde del 23 de mayo de 2019, una decena de hombres vistiendo prendas de uso militar incursionaron en la vereda de Brazo Izquierdo, en la zona rural del municipio, y luego de sacar a todas las familias que habitan en el corregimiento, asesinaron a Jáder Polo, mototaxista, y Manuel Pertuz, seminarista de la Diócesis de Montelíbano; ambos de 24 años y miembros del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.
Para cometer el crimen, según fuentes consultadas, los asesinos les pidieron a las familias que se repartieran en dos grupos, uno se quedó frente a la escuela y al otro lo obligaron a retirarse. Con lista en mano empezaron a preguntar por presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, más conocidos como Clan del Golfo, y al azar escogieron a los dos jóvenes asesinados. El grupo que se alejó solo escuchó las ráfagas de fusil.
El día anterior se reportó la desaparición del joven Luis Velásquez, en el corregimiento Batalito, vereda Trapichero, también beneficiario de PNIS. No fue sino hasta después del asesinato de los dos jóvenes en Brazo Izquierdo que se supo de la muerte de Velásquez, quien, al parecer, habría sido torturado.
A su regreso a los lugares donde se cometieron los crímenes, las comunidades encontraron las casas pintadas con las siglas “AGC”, al parecer por orden de quien lideró la incursión. Sin embargo, por las preguntas hechas a la población, la lista en mano y el modo de operación, estas acciones no serían propias de AGC-Clan del Golfo, sino que se asemejarían más a las del Bloque Virgilio Peralta Arenas – BVPA, mejor conocido como Caparrapos. La pregunta es ¿Por qué marcaron la zona con las siglas “AGC”?
De acuerdo con versiones dadas por miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – Ascsucor, en su retirada advirtieron que “si el ejército subía hasta el corregimiento, regresaban para masacrarlos” (ver comunicado), razón por la cual se generó un nuevo desplazamiento. Uno más que se suma a la oleada de hechos violentos que azotan este municipio desde 2018.
Y es que, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, en la subregión del Sur de Córdoba, desde enero de 2018 la estructura armada autodenominada BVPA- Caparrapos, que le ha declarado la guerra al denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, ha convertido este municipio en un infierno.
Como se mencionó en el artículo “Como en la época paramilitar” (ver link), la confrontación en esta zona está relacionada con el control territorial por los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico.
Por un lado, Clan del Golfo–AGC, al mando de alias “Otoniel”, cuenta con tres frentes a su mando: Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas. Estos se enfrentan a las estructuras armadas del BVPA, disidencia de Clan del Golfo, en alianza con Caparrapos, quienes congregan a las estructuras armadas de “Los Paisas”, “los Rastrojos” y las “Águilas Negras”.
En la disputa también hay tres Grupos Armados Posdesmovilizados de las Farc-Ep, de los antiguos frentes guerrilleros 18, 58 y 5, los cuales han llegado a una reciente alianza con BVPA-Caparrapos para enfrentar al Clan del Golfo.
Hay que recordar que estas guerras recicladas comenzaron en el Bajo Cauca antioqueño en enero de 2018, y ahora se toman el Sur de Córdoba. Para marzo de ese mismo año, el saldo solo en San José de Uré era de tres líderes comunales asesinados.
El primero, Plinio Pulgarín, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, fue asesinado el 18 de enero en medio de la disputa territorial. De acuerdo con diversas fuentes consultas en territorio, luego del crimen los violentos citaron alrededor de 133 familias de la vereda y los obligaron a desplazarse.
Luego, el 31 de enero, en el corregimiento Batalito, hombres armados asesinaron a Antonio María Vargas, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión. Para el 6 de marzo, Luis Arturo Royet, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel y líder de PNIS en el corregimiento, fue asesinado a pocos kilómetros de la cabecera municipal, en la carretera hacia Montelíbano.
Aunque se desconocen los motivos de estos homicidios, coinciden con el momento en que incursionaron los BVPA-Caparrapos y los enfrentamientos con las AGC-Clan del Golfo.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la situación se ha enrarecido aún más con el asesinato del precandidato a la alcaldía del municipio, Herney Castrillón Gutiérrez, el pasado 1 de febrero de 2019 cuando fue encontrado su cuerpo en zona rural del corregimiento Mejor Esquina, zona rural de Buenavista.
Un hecho al que se suma los recientes asesinatos y que cabría preguntarse sobre su relación con la contienda electoral del 2019 para las elecciones locales. Es importante señalar que en el territorio hay presencia del ejército a través de la Operación Agamenón I y II, y la operación Aquiles, con más 7 mil hombres desplegados.
Sin embargo, ante esta escalada de violencia y desplazamientos, se conoció que el día anterior a los homicidios recientes se dio el cambio de mando del Comando de la Décima Primera Brigada del Ejército, a cargo del coronel Gabriel Marín Peñaloza, responsable de la seguridad en esa jurisdicción departamental, por el coronel Augusto Lemus Osorio.