Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Congreso de la República aprobó el año pasado la realización de la consulta anticorrupción que se llevó a cabo el 26 de agosto, con el fin de fortalecer las sanciones contra los corruptos. Los colombianos salieron a las urnas, sin embargo, a la iniciativa de siete (7) puntos no le alcanzaron los 11.674.951 de votos, y se acordó entonces tramitarla vía Congreso.
La iniciativa, impulsada por la actual candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, y la senadora, Angélica Lozano, ambas del Partido Verde, empezó a gestarse desde el 2017 por medio de la recolección de firmas para convocar una consulta popular.
Para que la consulta prosperara, la Registraduría estipuló un mínimo de 1.762.083 firmas de respaldo. Al mismo tiempo se fueron sumando otras fuerzas y los partidos de oposición se adhirieron al comité promotor de la propuesta. Al final se recogieron 4.236.682, y luego de culminar el proceso de revisión la institución validó las 3.092.138 de firmas.
El Congreso dio vía libre a la consulta popular el 6 de junio de 2018 y el expresidente Juan Manuel Santos estableció el día de la votación para el 26 de agosto de ese mismo año. El umbral electoral de la consulta fue de 12 millones de votos, por lo tanto, fue una derrota agridulce porque si bien tuvieron una alta votación, las cifras no alcanzaron para que entraran en vigor.
Por lo tanto, desde Presidencia llamaron a los promotores y a distintos sectores para negociar un paquete de proyectos que fuesen presentados en el Congreso. A partir de ese momento, los siete puntos que integraban la consulta han estado entre debates y hundimientos.
Pares habló con la congresista del PartidoAlianza Verde, Juanita Goebertus, quién explicó que no ha habido voluntad política – ni del Gobierno ni de los partidos políticos mayoritarios- para sacar adelante los proyectos de la consulta anti-corrupción.
«Tristemente, es muy probable que terminada la legislatura no se logre la aprobación de ninguno de los proyectos de la consulta. El Gobierno dejó hundir el proyecto de bajar el salario de los congresistas y ha estado dispuesto a aceptar cambios en los proyectos de declaración de renta y de rendición de cuentas, que le quitan el espíritu a los proyectos.» indicó Goebertus.
Recorrido de los puntos
Los siete (7) puntos establecidos para la consulta fueron:
1. Reducir el salario de los Congresistas
2. Cárcel y sanción a corruptos
3. Contratación transparente
4. No más mermelada
5. Congresistas rinden cuentas
6. Expropiación a testaferros
7. No más atornillados en el poder
Un asesor legislativo en el Congreso habló con Pares y contó que el primer punto está archivado hace tiempo. En él se buscaba reducir los salarios de los congresistas en un 45 % y establecer un tope máximo a los sueldos de los altos funcionarios del Estado, pero debido a las demoras de los debates se guardó.
El segundo fue adherido al proyecto de la Fiscalía, y aunque se está cursando en último debate de la Cámara alta, puede que no alcance a aprobarse porque está suspendido, haría falta una conciliación para ser aprobado.
Sin embargo, este segundo punto tiene otros dos proyectos radicados en Cámara el cual uno está en el orden del día, el otro fue aprobado en primer debate y está pendiente el segundo debate en Cámara que es el proyecto de ley número 153 de 2018.
En cuanto al tercero, de los pliegos tipo que le apunta a la contratación transparente, ya fue aprobado en su segundo debate en plenaria de senado y pasó a Cámara.
Según el asesor, el punto cuatro de Audiencias Públicas se va a debatir hoy en comisión cuarta. Este consiste en una veeduría por parte de la ciudadanía, en audiencia pública para conocer el presupuesto de inversión de carácter nacional, regional y local.
El quinto fue aprobado en comisiones conjuntas, es decir, en primer y tercer debate de Cámara y Senado y están pendientes dos debates que son las plenarias.
Cascarillas en la rendición de cuentas
El punto cinco estuvo en discusión este martes y fue aprobado bajo presión. Por poco no pasa el debate, y aunque llegó a buen puerto, hubo reparos y reticencia que disgustaron a la oposición.
Según expresó Lozano en medios, van a ser eliminados tres puntos del artículo cinco (5) los cuales buscaban hacer un seguimiento a:
La relación detallada de los votos emitidos para la elección de servidores públicos que incluya sentido del voto, cargo y fecha e informar sobre la asistencia del congresista a la votación o la razón de su inasistencia.
Citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada.
Una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dicho registros se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas.
En cuanto al punto seis (6), este fue aprobado en comisiones conjuntas en primer y tercer debate de Senado y Cámara el año pasado y fue aprobado en plenaria de Senado este año, que es el proyecto que ordena publicar la declaración de bienes y renta de los altos funcionarios del Estado, y ese proyecto está pendiente de un debate en plenaria de Cámara.
En definitiva, se han archivados el punto uno (1) que es reducción de salarios y el siete (7). Los que están avanzando a buen ritmo son los puntos seis (6) y tres (3), mientras los otros están en veremos y dependen del calendario del Congreso.