Por: Redacción Pares
Al parecer, esa sería la intención del gobierno nacional tal y como se pueden interpretar los Artículos 2 y 3 de la Ley de Órden Público.
Así lo revela una demanda interpuesta esta semana ante la Corte Constitucional por los senadores Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar, junto con organizaciones sociales y de Derechos Humanos, que consideran que dicho Artículo de la Ley de Órden Público contempla la creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII en territorios que hoy hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, lo que según se expone en la demanda, «podría llevar a que en estas zonas se apliquen estados de excepción, por conmoción interior, so pretexto de combatir la criminalidad, trasgrediendo con ello las competencias y los requisitos que para su declaración establece la Constitución Política.»
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Ccajar, una de las organizaciones demandantes, pretende que se declare la inexequibilidad del artículo 2 y 3 de la Ley de orden público, ya que dichas normas, primero, no fueron consultadas ni presuponen la participación ciudadana pese a afectar directamente derechos de comunidades; segundo abren la puerta para que se desvíen recursos destinados a la paz hacia políticas de seguridad contempladas en esta Ley y desconocen la competencia de órganos creados por el Acuerdo Final de Paz; y tercero, restringen las facultades del Presidente para negociar futuros acuerdos de paz.
Vale la pena recordar que el PDET se construye desde los territorios con la participación de las comunidades, las autoridades locales; así como con representantes de academia, iglesia, sector privado, organizaciones sociales, autoridades étnicas, jóvenes, sector privado y organizaciones sociales, entre otros.
A través de información de prensa, las organizaciones manifiestan que se pone en riesgo el funcionamiento de la institucionalidad que había sido creada para la paz como un mecanismo necesario y participativo, pues se reemplazarían las competencias de los PDET y el Consejo Nacional de Paz, por planes hechos y dirigidos por el Consejo de Seguridad Nacional.
Adicionalmente, dice el comunicado de las organizaciones, en su artículo 3 incluye un inciso que limita la facultad del presidente de la República para suscribir acuerdos de paz con grupos armados al margen de la ley, al disponer que el Consejo de Seguridad Nacional -CSN definirá cuándo, cómo y con quién puede adelantar diálogos de paz. Para los accionantes, dicha potestad sobre los acuerdos de paz es exclusiva e indelegable a otros funcionarios del gobierno.
«Lo anterior obligaría al jefe de Estado a utilizar métodos coercitivos como el uso de la fuerza para asegurar el orden público, lo que resulta contrario al derecho a la paz consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política de 1991.» manifiestan las organizaciones.
El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET es un programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, para poner en marcha los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
Es por esto que la participación activa de las comunidades es fundamental, ya que el PDET busca reivindicar su valor protagónico en la promoción de su propio desarrollo.
Las 16 regiones PDET son: • Alto Patía – Norte del Cauca • Arauca • Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño • Catatumbo • Chocó • Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño • Macarena – Guaviare • Montes de María • Pacífico Medio • Pacífico y Frontera Nariñense • Putumayo • Sierra Nevada – Perijá • Sur de Bolívar • Sur de Córdoba • Sur de Tolima • Urabá antioqueño
Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que suscribieron estas acciones públicas de inconstitucionalidad junto a los ciudadanos son: Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» –Cajar, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Cspp, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES y Corporación Jurídica Yira Castro.