Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Hace ocho meses Ariel Ávila —subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación— había advertido sobre la propuesta del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien pretendía que en las zonas de cultivos de coca o marihuana se quitara la luz.
Uno no sabe si reír o llorar. Pero escuchar a un alto funcionario, como el Fiscal General, hacer estas propuestas es realmente perturbador. pic.twitter.com/L4FLdwpcrj — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 9, 2018
Alrededor de 221 días después, la polémica regresa a la prensa a tan solo siete días de que, por orden de la Fiscalía General de la Nación, la Compañía Energética de Occidente tenga que ejecutar la orden de dejar sin energía a las zonas rurales de Caloto, Toribío, Miranda y Corinto, ubicados al norte del departamento del Cauca.
De esta forma, el próximo 25 de junio se empezará la avanzada de la Fiscalía, en este caso para las zonas rurales de dichos municipios, en lo que desembocaría en un probable apagón generalizado para las zonas del norte del Cauca. Según la orden de la Fiscalía que llego hasta el despacho de la gobernación del Cauca, la medida pretende desconectar los sitios en los que hay invernaderos para la producción de marihuana.
Una advertencia que siembra incertidumbre
Por el momento, según el comunicado de la Compañía Energética de Occidente, se espera que el ingreso a la zona de los operarios que lleven a cabo la desconexión sea el martes 25 de junio y que si se registra algún intento de impedimento; se “realizará la maniobra de desconexión total del circuito a partir del día 28 de junio”.
De hecho, Omar Serrano Rueda —gerente de la Compañía Energética de Occidente— instó que “Si no nos dejan entrar o si no podemos proceder con la legalización, le estamos notificando a los alcaldes que, en fecha posterior, el 28 de junio, tendríamos que suspender el servicio en todo el circuito».
En términos operativos, según Serrano Rueda, a partir de las ordenes y las coordenadas que emitió el Oficio 0112 de abril de 2019 de la Fiscalía General de la Nación se pueden reconocer con “facilidad” las zonas donde habría conexiones “ilegales asociadas a cultivos de uso ilícito”. Además, señaló que para el procedimiento se requerirá de pie Fuerza Pública, que, “garantice” la protección de los operarios para las posteriores desconexiones.
Asimismo, el Oficio 0112 de abril de 2019 advierte que, efectivamente, el miércoles 26 de junio iniciarán los cortes a las seis de la tarde, si no se logra el acceso a los transformadores de los que la Fiscalía dio coordenadas. Así pues, en este orden de ideas, los cortes bajo estas disposiciones se harían de manera general en Caloto, Toribío, Miranda y Corinto; incluyendo zonas rurales y casos urbanos.
Un atentado contra los derechos de la comunidad
Ariel Ávila en su momento había señalado que era completamente errónea la dirección que tiene la iniciativa de la Fiscalía. Entre otras cosas, porque en las regiones que se pretende hacer corte de luz, zonas productoras de cocaína o marihuana, son zonas en las que escasea la energía y la poca que hay; alimenta centros de salud y escuelas. En este sentido —para el analista—con estas disposiciones, ya se avizoraba un verdadero atropello para campesinos que de por sí no tiene tierra, no tienen crédito, no tiene acceso a educación, no tienen acceso a salud.
De hecho, este martes 18 de junio el alcalde del municipio de Corinto, Edward García, ya alertó que la disposición que se pretende ejecutar el 25 de junio pone en riesgo a la comunidad debido a que ““realizar la suspensión por zonas como lo pretende la empresa es complejo, porque Corinto tiene cuatro conexiones y estas hacen parte de todo el sector rural, es decir que más de 7.000 familias podrían quedarse sin energía”.
Para García, además, estas decisiones que se toman desde una perspectiva centralista desconocen que en la región también hay cultivos de café y aguacate y, que, el hecho de que existan cultivos de uso ilícito tiene que ver con unas dinámicas mucho más complejas, de presencia de actores que cohíben alternativas en la región. Asimismo, el alcalde García señalo que “Nos quedamos esperando el programa de sustitución de cultivos ilícitos, pero primero nos llegó la suspensión de energía que afectaría a más de 12 veredas del municipio”.
La resistencia de las comunidades puede estar en la presentación de una Acción Popular, tal como lo advirtió el alcalde García. A pesar de que aún falta concretar comunicaciones con alcaldes y presidentes de JAC, esta podría ser una de las posibilidades de plantar frente por parte de las veredas del municipio de Corinto.
Desconocimiento que atropella
Además, para Ávila, hay dos puntos que desde la formulación de la propuesta que denotaban el desconocimiento regional. Por un lado, que, ante la falta de energía de los municipios, estos usan plantas de energía eléctrica las cuales funcionan con combustible. Para ese caso, tendría que haber una decisión desde la Fiscalía de ilegalizar tanto venta como comercialización de plantas de energía eléctrica, lo que no solo resultaría polémico; sino un despropósito a todas luces.
Por el otro lado, Ávila señala que la avanzada de la Fiscalía se estaría enfocando de forma negativa y riesgosa; contra los eslabones más pequeños y vulnerables de la cadena de producción de marihuana y cocaína. Para el analista el problema que pretende el Estado mitigar suscita en las redes de lavado de activos, el problema esta en cómo se saca la droga en los puertos legales de Colombia.
La hoja de ruta de Martínez Neira
Así las cosas, el exfiscal Martínez Neira, desde hace ocho meses le dejó la hoja de ruta al gobierno nacional para centrarse en la disputa de los servicios públicos para que, de esta manera, se busque cercar la cadena de producción de cocaína y mariguana que constituyen economías ilegales. Sin embargo, con el paso del tiempo lo que se advierte es una disposición que afectará a las comunidades y no se ha acercado al resto de la red de producción que saca mayor rédito económico que dichas sustancias.
Ante la incertidumbre que ha dejado la decisión que pronto se implementará, también hay visos de disposiciones que van más allá de la energía y que se expandirá a ejercer control y restricción de cemento y de gasolina en zonas productoras de cocaína y marihuana. Ahora bien, este panorama ha acrecentado la polémica que desató el anuncio del gobierno nacional del regreso de la aspersión con glifosato para el segundo semestre del año en Colombia.
«La aspersión es una herramienta necesaria»: Duque
El anuncio lo dio el presidente Iván Duque y el ministerio de Defensa, Guillermo Botero. En el señalaron que esa será la disposición por parte del gobierno. Sin embargo, ante la ausencia de la implementación de planes para sustitución de cultivos; el gobierno ya se encuentra estudiando el protocolo que le permita dar inicio la aspersión del glifosato. De hecho, el ministro Botero aseguró que se cobijarán en sentencia T-236 de 2017, de la Corte Constitucional.
Paralelamente, mientras el gobierno toma determinaciones y hace anuncios sobre las políticas que toma, en las regiones crece la incertidumbre sobre las repercusiones que estas representan.