Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Paralelamente, mientras el Consejo de Estado condenó a la Nación por la ‘Operación Orión’ en la ciudad de Medellín, en Cali hay unas propuestas de militarizar las comunas. La incertidumbre no da espera y, no es para menos, pues retornan los fantasmas de las violaciones a derechos humanos que este tipo de decisiones ha generado en el pasado.
Como una vez escribió el uruguayo Eduardo Galeano, “hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”, en el libro Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Frase que sirve para pensar los costos en términos de vidas humanas que ha cobrado la historia en Colombia, en nombre de la seguridad.
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Esto, sumado a la estigmatización de la prensa desde hace décadas, quien se ha encargado de viciar el debate de seguridad; impidiendo ir en direcciones en verdaderas acciones estructurales con enfoques sociales. Un ejemplo de dicha estigmatización —que abunda en los medios de comunicación— se puede constatar en un artículo de 1999, en el que discursivamente ha ubican a los barrios y comunas en Cali en “listas negras” y culpables de “dañar la imagen de toda la ciudad”.
La propuesta
En este caso, quien lidera la propuesta de militarizar las comunas es el aspirante a la alcaldía de Cali Alejandro Éder, quien —paradójicamente— fue director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Es importante recordar que la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ya había hecho esta propuesta que, incluso, produjo enfrentamientos con el alcalde la capital vallecaucana, Mauricio Armitage.
De esta forma y en nombre de “recuperar orden y la seguridad” el candidato asegura que es necesario tomar cartas en el asunto o “Cali se puede ir por el borde”. Este capítulo de antesala a las elecciones de octubre revive un debate de vieja data en Cali; la militarización de las comunas como “solución para la seguridad”.
Pese a que la propuesta de militarización no es nueva, Éder, candidato del movimiento Compromiso Ciudadano —movimiento liderado por el excandidato presidencial Sergio Fajardo— ha recalcado que su iniciativa, más allá de buscar acciones conjuntas de la Fuerza Pública, busca militarizar completamente las comunas más ‘violentas’.
De hecho, Sergio Fajardo declinó en favor de Éder para los próximos comicios que definirán el alcalde de Cali. En una entrevista que el excandidato a la presidencia 2018-2022 le concedió al medio El País, señaló que su apoyo se debía a que, en consideración de Fardo; Éder “representa los ideales, los principios de Compromiso Ciudadano, tiene las condiciones de integridad, conocimiento, vocación de servicio, de compartir las ideas que hemos venido construyendo durante estos años. Compromiso Ciudadano en el Valle del Cauca lo eligió a él y estoy muy contento con ello”.
La trayectoria de Éder en tema de reintegración ha sido amplia, de hecho, ha trabajado tanto en el gobierno Uribe y en el gobierno Santos. Dentro de su trasegar se encuentra su trabajo durante la presidencia del expresidente Ávaro Uribe, impulsando las iniciativas del modelo de la Ley de Justicia y Paz, en el marco del proceso que adelantó dicho gobierno nacional con los grupos paramilitares.
“Fuerza Pública fue cómplice con paramilitarismo”
La condena del Consejo de Estado a la Nación y específicamente a la Fiscalía General de la Nación, en la que se debe hacer un pago por más de 348 millones de pesos a la familia de un hombre al que inculparon de ser un comandante de la extinta guerrillera de las FARC. Además, de haberle acusado del delito de concierto para delinquir con fines terroristas, en el marco de la denominada ‘Operación Orión’.
Este hombre, después de haber estado preso y de ser absuelto Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín el 31 de octubre del 2018, interpuso una demanda de reparación directa de la cual declinaron en favor Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado. Este suceso, sucede mientras los vientos de la militarización asechan a Cali y las críticas sobre la actual vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez por la ‘Operación Orión’ crecen.
Esto debido a que Marta Lucía Ramírez, era la ministra de Defensa de la época en la que se llevó a cabo la ‘Operación Orión. Es más, actualmente, la vicepresidenta enfrenta las acusaciones del senador Gustavo Petro quien señaló “la Operación Orión, realizada en 2002 en la Comuna 13 de Medellín y liderada por Ramírez, fue un delito de lesa humanidad.” Es más, el senador ratificó sus acusaciones en el marco de la versión libre que entregó ante el magistrado Marco Antonio Rueda de la Corte Suprema de Justicia.
Gustavo Petro presentó una compulsa de pruebas integradas por los siguientes decretos:
1. Decreto 1837 de 2002 del 11 de agosto de 2002, Declara el Estado de conmoción interior, firmado por el presidente de la República, Álvaro Uribe, y la defensa Martha Lucía Ramírez.
2. Decreto 2001 del 3 de Septiembre de 2002, por el cual se modificó las competencias de los jueces Penales del circuito especializados.
3. Decreto 1975 del 3 de septiembre de 2002, suspendió la Ley de Extinción de dominio, firmado por los ministros de Gobierno.
4. Decreto 2002 del 9 de Septiembre de 2002 Medidas para el control del orden público.
Lecciones no aprendidas
La mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos.
Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—.
Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP.
Nunca Más Colombia
Los ejercicios de memoria histórica de las víctimas de delitos cometidos por agentes de Estado son de vital importancia, cuando quieren resurgir nuevas políticas de seguridad. Por eso, a partir de Nunca Más en Colombia, un equipo de personas en el Valle del Cauca ha estado adelantando un trabajo en torno a recuperar la memoria de las víctimas de crímenes de Estado; en donde la principal bandera es la Garantía de No Repetición.
Desde ese momento, se centraron en como los crímenes de Estado se circunscriben bajo la mal llamada “Limpieza Social”. Para la iniciativa las “prácticas sistemáticas de «limpieza», ordinariamente se ocultan bajo complicados mecanismos de clandestinidad, afloran a veces cuando grupos de derechos humanos deciden asomarse a esos abismos de inhumanidad”.
Tal como lo muestra Centro Nacional de Memoria Histórica, Limpieza social. Una violencia mal nombrada, Bogotá, CNMH – IEPRI, 2015; el riesgo que le representa a Cali las decisiones de seguridad ha tenido todo un peso sobre su comunidad, así como lo muestran las siguientes tablas:
