Por: Pares Pacífico
En Buenaventura la seguridad no depende de las autoridades sino de la voluntad de los grupos armados. En el Consejo de Seguridad programado para este jueves 4 de julio es urgente que se discuta y se produzcan soluciones reales ante la crítica situación de seguridad de la ciudad.
Desde 2018 la situación de seguridad en el Distrito de Buenaventura tiende a empeorar. Las cifras del último informe de Instituto de medicina Legal -INML y de la Policía Nacional al respecto de la violencia letal respaldan esta tesis, pues si bien para 2018 el número y tasa de homicidios no se equipara a las registradas entre 2008 y 2013, lo cierto es que a partir de 2017 se rompe la tendencia a la disminución.
La reducción de los indicadores de violencia letal en la ciudad no significa que se goce de un ambiente seguro. Lo que indican estos datos es que hace más de dos décadas este territorio sufre la acción de estructuras armadas y las disputas que libran por el control territorial y de rentas ilegales.
De esta forma, la reducción de homicidios que se da desde 2013 tiene que ver con el fin de la disputa territorial entre ‘Rastrojos’, ‘La Empresa’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC por medio de un pacto entre ilegales, pero no por el resurgimiento del imperio de la ley y la garantía de seguridad por parte del Estado y su Fuerza Pública.
Asimismo, la disputa entre estructuras armadas que comenzó en 2017 y se extiende hasta hoy, es la explicación del aumento de los homicidios. A la presencia y disputa de las AGC, la banda ‘La Local’, ‘La Empresa’ y el ELN, hay que sumarle la producción bélica del grupo postfarc conformado por exintegrantes del Frente 30 y del antiguo frente urbano Manuel Cepeda Vargas, quienes entraron esta disputa por las rentas ilegales que estaban bajo dominio de las AGC.
El miedo diario de la población
No sólo se trata de homicidios; en el Distrito se vive una situación de terror y zozobra por cuenta de los frecuentes los patrullajes de hombres armados en los barrios, así como los asesinatos selectivos y crímenes ejemplarizantes, los enfrentamientos entre diferentes estructuras y contra la Fuerza Pública.
Esta crítica situación que viven sus habitantes a diario ha causado una serie de desplazamientos intraurbanos; los más recientes, en el barrio Alberto lleras Camargo a raíz de los hechos violentos del pasado fin de semana. Foto: Pares
Todo lo anterior generó una alerta en la institucionalidad que llevó a que el pasado 27 de mayo se realizara un Consejo Extraordinario de Seguridad que contó con la presencia de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la alcaldesa Maby Yineth Viera y las autoridades militares.
Algunas de las medidas adoptadas fueron: militarizar algunas zonas de las comunas 10 y 12; establecer controles de tránsito como la prohibición del parrillero hombre y los vidrios polarizados en los carros; pedir la llegada de grupos especiales de la Policía; instaurar planes de recompensa por información, entre otras.
Pero todo se les salió de las manos. Una señal inicial fue el comunicado de la Universidad del Pacífico, fechado el 29 de mayo, cuando suspendió clases hasta el 04 de junio porque se presentaron intentos de asonadas contra la Policía en varios barrios, como en el sector del Colón.
Al parecer, las decisiones tomadas no sirvieron para mitigar ni prevenir nuevos hechos de violencia. El mes de junio fue el más violento del todo el año y sólo el fin de semana pasado fueron asesinados cinco hombres, tres de ellos en el barrio Alberto Lleras Camargo. El escenario de orden público en Buenaventura es crítico y parece una bomba de tiempo que va a estallar frente al aparato del Estado que insiste en que el municipio está protegido.
El mes de junio comenzó muy mal
El macabro asesinato de la menor de 11 años, Diana Tatiana Rodríguez en el barrio San Francisco el pasado 2 de junio, aterrorizó a los habitantes de Buenaventura. Al parecer fue asesinada por un tío en complicidad con varios sujetos más.
Luego ocurrió el homicidio de Rubén Darío Gómez, un reconocido comerciante de la ciudad y sobrino de ‘care’palo’, que fue asesinado a manos de un ex militar con aparentes problemas mentales, y, además, lo hizo con el arma de dotación de un policía descuidado, al que se la quitó de la cintura y comenzó a disparar indiscriminadamente en el centro de ciudad.
Otro caso que conmocionó a los bonavarenses y que trajo el recuerdo de las peores épocas del Puerto, fue la aparición de un cuerpo desmembrado en el sector del puente El Piñal, cuya cabeza fue exhibida encima de una pala en medio del puente frente a los ojos de todo el mundo.
La preocupación aumentó porque ese mismo día encontraron un cuerpo en descomposición y con señales de tortura en uno de los ríos, lo llevaron hasta el muelle turístico, con un letrero que lo acusaban de ladrón de motores. El obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, denunció que las casas de pique no se han acabado, se ha mantenido la práctica de desaparición con este mecanismo, sólo que en el último tiempo se reactivaron.
La guerra urbana en los barrios de bajamar
En la actualidad, la situación más dramática en materia humanitaria se presenta en los barrios Alberto Lleras Camargo y Alfonso López. Sus calles y zonas de terrenos ganados al mar han sido un campo de batalla con ataques sicariales, patrullajes de hombres con armas largas en motos y lanchas, enfrentamientos entre el Frente 30 y las AGC, además de la ofensiva conjunta entre los grupos especiales de la Fuerza Pública que derivó en enfrentamientos, capturas e incautación de un arsenal de guerra.
En estos momentos hay acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de organismos defensores de los Derechos Humanos como pedido de las comunidades y en vista que se han presentado múltiples desplazamientos internos: muchas de estas calles se han vaciado de pobladores. Todavía no se cuenta cifras certeras ni medidas concretas, lo cierto es que existe un desplazamiento masivo de los habitantes de estas zonas desde el día 28 de junio del 2019.
El Espacio Humanitario de Puente Nayero también se ha visto afectado por la profundización de la violencia. Durante el año se han presentado varios incidentes que evidencian la fragilidad de la seguridad; el más reciente ocurrió el fin de semana con el ingreso de sujetos que los habitantes de esta comunidad de paz asocian con estructuras paramilitares quienes llegaron a amedrentar a quienes se niegan a pagar cobros extorsivos o denuncian la presencia de estructuras armadas.
Operativos de Fuerza Pública: pobres resultados
Aunque suene contradictorio, lo resultados operativos dan cuenta de las dimensiones de las problemáticas de inseguridad en el Distrito. Los hechos de los últimos meses dan cuenta de que el reto para la Fuerza Pública no son menores:
Hay proliferación de armas de todo tipo, especialmente armas largas, con las que las estructuras armadas ilegales han enfrentado a la Fuerza Pública en barrios como Antonio Nariño y ‘el Lleras’.
Por otro lado, se dieron capturas de miembros de las disidencias de las FARC que hicieron parte del frente urbano Manuel Cepeda Vargas y que los relacionan con el hecho sicarial en el barrio Oriente, que es un corredor de movilidad del narcotráfico, zona que esa organización está disputando contra los grupos locales al servicio de las AGC.
El Frente 30 demostró su capacidad bélica al confrontar a la Fuerza Naval del Pacífico que junto a la Policía Nacional y la Fuerza Aérea desarrollaban un operativo en la desembocadura del Río Raposo. El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública heridos y murieron cuatro (4) integrantes del grupo postfarc.
El panorama se ve cada vez peor
El Consejo de Seguridad programado para este jueves 4 de julio deberá realizar una evaluación, con saldo negativo, de las medidas adoptadas en la reunión anterior. Estos operativos en ciertos sectores pudieron dar algún grado de control, pero los grandes conflictos se desplazaron a la isla. Por lo tanto, las autoridades tendrán que recomponer su estrategia para tener resultados y que puedan asegurar el control de la seguridad, en épocas preelectorales en las que históricamente la violencia se incrementa.
Mientras no se reconozca la grave situación de seguridad, es imposible que esta se resuelva. Eventos como los Consejos de Seguridad o la Cumbre de Gobernadores del Pacífico que se llevó a cabo el 21 y 22 de junio, en el que se reunieron una buena parte de quienes toman las decisiones, deben dar lugar a la formulación de estrategias y rutas que permitan una gestión adecuada de la situación por la que atraviesa el Distrito, de lo contrario los niveles de violencia seguirán aumentando y la comunidad seguirá sufriendo esta pesadilla que no cesa.
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