Por: Diana Alejandra Mateus García. Asistente de Investigación, Pares
Tras declaraciones del senador Álvaro Uribe Vélez en medios de comunicación sobre su apoyo a un referendo promovido por el comunicador Herbin Hoyos con el fin de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP; se ha vuelto a poner en discusión la legitimidad del Estado de Derecho y el llamado al Estado de Opinión como una instancia superior.
En el caso colombiano, es posible notar que después de haber perdido la posibilidad de instaurar las objeciones a la JEP, estar en un descenso constante de favorabilidad en la imagen del gobierno y que Álvaro Uribe Vélez, la cabeza principal del Centro Democrático, esté a punto de tener que rendir cuentas en diferentes procesos ante tribunales judiciales, muestran que sus iniciativas son patadas de ahogado pues dejan al descubierto la desesperación por impedir que el agua les tape la cabeza y terminen, finalmente, sumergidos en la verdad que por tanto tiempo el país ha reclamado y las reivindicaciones de una sociedad en transformación.
Según el expresidente, la JEP se ha constituido en un tribunal de impunidad para los excombatientes de las FARC y no representa los intereses de la población colombiana. Asimismo, el senador Uribe promueve revocar a los magistrados de las altas cortes y reducir el número de congresistas para supuestamente disminuir la corrupción sobre todo en lo relacionado a las elecciones de Cámara y Senado; ya que, según él, las instancias institucionales han sido insuficientes. Estos argumentos lo que dejan claro es que Uribe es el vocero de un sector político que, al parecer, tiene el agua hasta el cuello.
Miedo a la verdad
En cuanto al primer punto que ataca esta propuesta de referendo, la JEP, el Partido Centro Democrático expone que este ha sido un mecanismo diseñado para que los altos mandos de las FARC sindicados de narcotráfico eviten la extradición; así como también que la consolidación de esta jurisdicción ha sido únicamente una trampa al sistema judicial tradicional, debido a que la cantidad de años que recibirían los excombatientes por sus crímenes no son suficientes para reparar los daños causados a la población.
No obstante, lo que no han tenido en cuenta quienes acusan de impunidad a la JEP es que el objetivo central de este tribunal es la reparación de los hilos sociales, la restauración de la confianza entre los habitantes que históricamente han sufrido y han estado inmersos en escenarios de violencia, y ahora, esta nueva forma de comprender la reparación brinda una oportunidad a las víctimas de saber la verdad sobre cómo y por qué se dieron los hechos de violencia y lo que podría ser más importante, quiénes fueron los responsables directos y quiénes dieron las órdenes.
Un ataque a la estructura de la democracia
Este segundo punto es quizá el que más inquiete a los políticos que se oponen al funcionamiento de la JEP, que la verdad, puede llegar a mostrarle a todo el país quiénes son realmente los responsables de la violencia en el conflicto.
En ese sentido, Uribe propone revocar a los magistrados de las altas cortes para que sean reemplazados por aquellos que defina el Congreso. Esta fórmula es un ataque directo al principio fundacional de la democracia de separar los poderes públicos, a la legitimidad y al carácter objetivo del Estado de Derecho. Este planteamiento del uribismo le quita la facultad al Consejo Superior de la Judicatura para que la elección de estos magistrados esté lo menos relacionada posible a favores políticos y así se evite el clientelismo político.
Esta búsqueda por revocar a los actuales magistrados muestra una relación entre los procesos contra el senador Álvaro Uribe y su preocupación por haberle negado el recurso de reposición, en el caso del Senador Iván Cepeda, en el que se demostró que el expresidente manipuló testimonios para inculparlo.
De esta manera, las investigaciones contra el líder del Centro Democrático han seguido avanzando mientras él, repentinamente, asegura que su decisión de apoyar que se revoque a los magistrados nada tiene que ver con que las pruebas en su contra lo estén ahogando.
Disminuir la representación en el Congreso
El tercer tema que convoca este referendo tiene que ver con la disminución de congresistas. Dice el senador del Centro Democrático que al reducir este número es posible bajar también los índices de corrupción, sobre todo en época de elecciones, evitando así la compra de votos; sin embargo, esta decisión no significaría la disminución de la corrupción sino la disminución de la representación nacional y departamental, aminorando los intereses de la población y restringiendo la participación de los territorios en las Cámaras.
Colombia es en este momento un escenario de construcción de legitimidad, de participación ciudadana y del restablecimiento de los derechos por medio de la reparación y la reconciliación de una sociedad que lleva apenas 28 años implementado una Constitución Política.
Colombia todavía no ha tenido la oportunidad de ver operando la justicia restaurativa sin las trabas políticas y las falsas declaraciones sobre inestabilidad institucional para distraer la atención, y llamar Estado de Opinión a una serie de acciones que son contraproducentes para la democracia y que solo favorecen a las líneas políticas que se niegan al cambio.
El servicio mediático de los medios de comunicación masivos ha sido determinante para hacer ver como legítima esta iniciativa. Los medios, en general, no han cumplido con su deber de mostrar las verdaderas implicaciones de lo que significaría tomar partido en cualquiera de los tres temas que involucra el referendo.
También es importante resaltar que la derecha colombiana no es la única que ha tomado la opinión como herramienta para generar esta clase de confusiones en sus habitantes, es posible notar este mismo llamado a la opinión en los discursos de líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, al manifestar su apoyo a las marchas que están exigiendo la suspensión de las Cámaras y del Alto Tribunal, dejando de lado que el funcionamiento de estos dos organismos es fundamental para garantizar la democracia.