Por: Redacción Pares
La JEP convocó a una audiencia pública en Medellín, los próximos 17 y 18 de julio, para recoger información e insumos que permitan determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 de esa ciudad, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. A la audiencia están convocados familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, así como representantes de entidades del Estado.
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».
En el caso particular de la Comuna 13, los peticionarios requirieron el cierre de los lugares conocidos como la Arenera y la Escombrera, a manera de medida cautelar anticipada para reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto» como «garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares» en el futuro, o los sitios de inhumación donde se pudieren hallar cuerpos o restos esqueletizados relacionados con los solicitantes.
Otro de los propósitos de la audiencia pública será establecer si en la Comuna 13, o sus alrededores, hay lugares de inhumación no reportados (o no inventariados), en los que se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y, a la vez, determinar si existen otros posibles lugares de inhumación donde haya víctimas de desaparición forzada relacionadas con los mismos hechos y contextos.
Esta diligencia también servirá para conocer las coordenadas, la descripción geográfica, o la mayor definición posible, de las características del sitio para cumplir con los propósitos de las medidas cautelares.
La audiencia pública también es importante para conocer qué acciones institucionales se han tomado y establecer si hubo planes de búsqueda por parte de las diferentes entidades públicas locales, regionales y nacionales, o de cualquier agente privado. Asimismo, para saber si esas acciones fueron adecuadas, rigurosas y suficientes de acuerdo con los mayores estándares de diligencia.
Otro propósito de la audiencia es establecer si es posible recolectar información adicional, no conocida, no tramitada o no considerada, que provenga de diversas fuentes como documentos regionales, perpetradores, testigos, familiares o personas cercanas de las víctimas, habitantes de la región, entre otros.
La Operación Orión, una cicatriz en la Comuna 13
Vale la pena recordar que la mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas.
Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos.
Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—.
Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP.
Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó.