Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En estos días y debido a la extradición del exministro de Agricultura de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, se revivió un tema muy sensible en la opinión pública: los efectos que tuvo el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que en principio iba a beneficiar a los campesinos, y resultó ser todo lo contrario, varias de las familias más pudientes de las regiones de la Costa Atlántica, del Valle del Cauca y Santander recibieron los subsidios de varios miles de millones de pesos.
Dicha política pública, impulsada por Arias en 2007, pretendía “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”.
En ese sentido, el AIS fue lanzado como un proyecto innovador debido a que se establecieron tres nuevos mecanismos por demanda: líneas de crédito subsidiadas, incentivo a la capitalización rural (ICR) y la convocatoria concursal para riego; este último, el que causó más polémica debido a que eran subsidios del 100% para campesinos y pequeños empresarios, pero resultaron en manos distintas.
Estos instrumentos tenían un rubro de 400.000.000 millones de pesos para destinar en el 2007 y 500.000.000 millones en adelante, según Fernando Arbeláez, viceministro de ese momento. Pero, a fin de cuentas, gran parte del dinero fue destinado a las familias más pudientes de las regiones anteriormente mencionadas.
“El más escandaloso de los favoritismos fue el de los subsidios al riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido”, señaló Jorge Enrique Robledo, senador de la República, en una entrevista reciente concedida a Revista Semana.
Asimismo, expresó que AIS fue una “pésima política agraria”, puesto que, en lugar de repartir los recursos con los pequeños empresarios y los campesinos, lo que generó fue una mayor concentración del capital agrario, entre los que habían estado gobernando por décadas dichas zonas del país.
Las familias beneficiadas
En octubre de 2009 cuando se destapó el entramado de un posible caso de corrupción en el marco del AIS, -gracias a una investigación realizada por la Revista Cambio y otra serie de debates surgidos del reportaje-, más de 40 personas pertenecientes a las familias más adineradas de la Costa, del Valle y Norte de Santander resultaron involucradas por haber recibido varios millones de pesos como beneficiarios del programa de riego y drenaje.
En ese sentido, las familias que más recibieron subsidios se repartieron el dinero de la siguiente forma. En la Costa: los Dávila Jimeno, Vives Lacouture, Lacouture Dangond, Lacouture Pinedo y Vives Caballero sumaron la mayor parte de los subsidios suministrados. Cada familia recibió alrededor de 2.000 millones de pesos, pero la que tuvo un ingreso más elevado fue la Vives Lacouture con un aproximado de 7.600 millones de pesos, de acuerdo con los datos recopilados de las listas de riego y drenaje del programa.
Dichos dineros fueron entregados desde el 2007 hasta el 2009 con el fin de promover el desarrollo del campo, y aunque al programa alcanzaron a ingresar empresarios más pequeños, lo escandaloso fue haber destinado los recursos agrarios a los empresarios más experimentados y con ingresos más altos de lo que recibieron con el subsidio.
Así las cosas, en el Valle del Cauca la familia involucrada fue la Sardi de Holguín, quien se benefició con unos 200.000 millones de pesos. Otro caso que llamó la atención fue el de la empresa agroindustrial Manuelita S.A, el ingenio azucarero que durante décadas ha hecho parte de la economía nacional, puesto que, recibió alrededor de 464.000 millones de pesos para el mismo proyecto del programa AIS.
Por último, en el departamento de Santander, sonó el grupo familiar de los ‘Villamizar’, que recibió alrededor de 496.000 millones de pesos. Sin embargo, tras el escándalo que en primer lugar inhabilitó al exministro y en el 2014 lo condenó a 17 años y 5 meses de prisión, inició un proceso de conciliación para que dichas familias retornaran al Estado colombiano la totalidad del dinero suministrado, y asimismo declararan ante la justicia acerca de los procesos irregulares ejecutados en el programa que los favoreció, en ese sentido, declarar en contra de Arias.
En definitiva, los más ricos salieron beneficiados y hasta el momento no se tiene claridad si los dineros -que salieron del bolsillo de todos y todas las colombianas-, fueron devueltos al Estado, o si se pactó algo adicional con dichas familias. El responsable directo fue Arias, entre otros funcionarios como el ex viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar; el exgerente del Incoder, Rodolfo Campo. Pero, en todo caso, el campesinado y los dueños de empresas pequeñas fueron los principales afectados
La Fiscalía General, en su momento, abrió una investigación a los más de 40 responsables de recibir estos dineros y estimó que unos 13.000 millones de pesos debían ser regresados a los activos del Estado, sin embargo sobre ese caso no se tiene mayor conocimiento, y la atención se centra actualmente en el exministro Arias, quien estuvo prófugo de la justicia durante unos cinco años en el Estado de Florida en Estados Unidos.