Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En una jugada siniestra, el gobierno informó este lunes que la Nación, que son todos los colombianos y colombianas, asumirán el pago de alrededor de 1.2 billones de pesos de la deuda total a los bancos que financiaron al consorcio Ruta del Sol II, conformado por Odebrecht, Episol, y CSS Constructores, quienes hicieron parte del entramado de corrupción en la adjudicación de contratos de infraestructura vial.
Esta decisión sorprendió a la opinión pública debido a que los colombianos y colombianas tendrán que sacar de sus bolsillos para pagar esta deuda adquirida ahora por el Estado y que en principio les corresponde a estos grupos empresariales que, supuestamente, quedaron en quiebra cuando el gobierno solicitó la terminación anticipada del contrato en 2017 cuando las obras aún seguían en ejecución, pero los escándalos tenían en jaque todo el proyecto.
Ahora, el gobierno del presidente Iván Duque decidió asumir esta responsabilidad innecesaria, tal como lo advirtieron analistas dos años atrás, porque dicha contratación debió caducarse, más no terminarse forzosamente.
Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, señaló que el gobierno está buscando pagar el capital del crédito adquirido por este consorcio, y no la integralidad del crédito obtenido para el tramo II de la Ruta del Sol.
Ante este panorama, y la serie de críticas por el mal manejo que se le ha dado a este entramado de corrupción, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, habló con el experto en economía José Roberto Acosta, quien expresó que esta es una estrategia del gobierno para favorecer a los bandidos.
Una serie de errores
En febrero de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, solicitó que la entidad a su cargo hiciera parte de un contrato público, solicitando la terminación anticipada del contrato existente con dicho consorcio, debido a las irregularidades que empezaron a descubrirse.
Odebrecht tuvo el 60%; Corficolombiana del Grupo Aval, cerca del 35%, y Carlos Solarte el 5%; y por consiguiente, el mayor responsable, y del que se tuvo pruebas reina como mayor responsable en la adjudicación de los contratos por medio de coimas fue el grupo brasileño.
Así las cosas, se fueron destapando las redes de corrupción en alianza con funcionarios del Estado, lo cual conllevó a que el gobierno tomara una decisión, y en definitiva se terminó el contrato de manera anticipada.
“Esto ya lo habíamos advertido desde el año 2017 cuando el superintendente Pablo Robledo abrió un tapete rojo para recibir a los bandidos de Odebrecht y Aval en vez de aplicarles la caducidad que era lo que correspondía con las respectivas sanciones contractuales y de multas que hubiera acarreado”, agregó el experto.
A partir de ese episodio que le hizo el quite a la caducidad del contrato -que era lo correcto según expertos-, nacieron estos supuestos derechos que están reclamando los señores de Consorcio Ruta del Sol, Odebrecht y grupo Aval para que el Estado tome partida y se responsabilice de alguna parte de la deuda general.
“Los bancos, en últimas los acreedores de esos 1,2 billones de pesos de los que nos van a endeudar a través de títulos de deuda pública, son unos bancos que se autocalifican terceros de buena fe, pero recordemos que dentro de esos bancos esta Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, y esos bancos hacen parte del grupo Aval y está demostrado que el grupo Aval no puede probar su buena fe, sino por el contrario está probada su mala fe al haber participado en los sobornos a través de Corficolombiana (Episol)”, aseguró a Pares el analista.
En ese sentido, si se hubiera permitido la caducidad del contrato se habría pagado un monto importante al Estado, pero ahora resultó ser todo lo contrario.
El panorama que el gobierno «no vio«
Para el martes seis de agosto está previsto que se conozca el concepto del Tribunal de Arbitramiento sobre el monto total que deberá responder el concesionario. En ese sentido, se esperaba que en dos semanas asistieran los implicados, se declarara nulidad al contrato y se especificara el valor del proyecto de la Ruta del Sol para poder determinar cuánto dinero le deben a los bancos.
Sin embargo, este pacto que se conoció el lunes entre el gobierno y la concesión lo que hizo fue adelantarse a la decisión y desconocer al laudo arbitral, y asimismo respaldar a quienes cometieron delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
“Algo muy sencillo es que ese litigio entre consorcio Ruta del Sol y la ANI tiene que resolverse con el laudo en agosto; pero de manera irregular, anticipada y sospechosa, el gobierno busca un acuerdo haciendo creer que ese acuerdo es beneficioso para el país, cuando la posibilidad legal de que Odebrecht pierda esos 1,2 billones de pesos es absolutamente clara de que no hay sustento legal para que nosotros paguemos las deudas que ellos contrajeron con los bancos”, insistió Acosta.
De acuerdo con el analista lo que hay de por medio es un acuerdo perjudicial con detrimento patrimonial para la nación. Y los organismos de control, especialmente la Contraloría debería pronunciarse porque lo que está por concretarse es un detrimento de lo público.
Y ahora sentarse a la mesa para negociar y liquidar en igualdad de condiciones como si el Estado también fuera corrupto deja muy mal parado el acuerdo que van a firmar para evitar el laudo arbitral, expresó.
Ahora bien, el fallo del tribunal hay que acatarlo y se debe respetar la ley, habría que esperar al mes de agosto, pero ellos no quieren esperar eso y por consiguiente hicieron ese pacto.
“Eso estamos analizando quienes hemos hecho seguimiento al tema para mirar qué herramientas jurídicas planteamos para que no se dañe el patrimonio público”, concluyó.
Por ahora, dichas empresas siguen habilitadas para contratar con el Estado, y el hecho de haber terminado el contrato y no caducado, le quitó la responsabilidad completa a dicho consorcio y los ciudadanos tendrán que pagar por los platos rotos de unos corruptos.