Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Aunque desde las altas esferas del gobierno nacional han querido mantener marginado de la agenda mediática el polémico regreso de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas, la prensa nacional e internacional, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y algunos uniformados del ejército se han encargado de denunciar casos, persecuciones y presiones en torno al capítulo más nefasto en la historia de las FF.MM.
‘Yo elijo quién me vigila’
Después de destaparse el escándalo a nivel internacional a partir de lo que denunciaba Human Rights Watch, The New York Times y— que más adelante se intensificaría con las revelaciones de Revista Semana sobre la política de incremento de bajas para 2019—; el 24 de mayo el presidente Iván Duque resolvió crear una “comisión de expertos” que hace pocos días concluyó, entre otras cosas, que los formatos del Ejército sobre las bajas no querían estimular per se “falsos positivos”.
Cabe preguntarse ¿Por qué el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, retiró de manera tan afanosa los formatos si —aparentemente— estaban exonerados de responsabilidad? ¿Qué decir sobre las presiones y las pruebas de polígrafos a las que han sido sometidos uniformados por ser, presuntamente, informantes de la prensa y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos?
La comisión de expertos que el mismo presidente Duque nombró, está integrada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, Alfonso Gómez Méndez, Hernando Yepes y Felipe Ortegón Pulido. La gran conclusión de dicha comisión fue que para 2019 no se había presentado ningún caso de ejecución extrajudicial. Según el gobierno nacional, el asesinato de Dimar Torres no fue una ejecución extrajudicial
Otra de las conclusiones del informe es “que el conjunto normativo-operacional de las fuerzas militares y de policía de Colombia, guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario». Con la negativa sobre la existencia de algún caso de ‘falso positivo’ y esta supuesta armonía con los Derechos Humanos, ¿Dónde quedan casos como el de Dimar Torres?
El asesinato de Dimar Torres reabrió el infame capítulo de las ejecuciones extrajudiciales —tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares el martes 23 de abril— cuando todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores de este crimen.
Ahora bien, tres meses después el gobierno nacional lo niega categóricamente tras el informe que entregó la comisión nombrada por Duque. Vale la pena resaltar la pregunta que en su momento hacía Pares, ¿Dónde está la Garantía de No Repetición? Aún cuando el gobierno ubica como un propósito nacional y sujeto de ‘estricta’ vigilancia la No Repetición de ejecuciones extrajudiciales, según el informe de la Comisión de Excelencia Militar.
‘Hablemos de corrupción, no de asesinatos a civiles’
Paralelamente, mientras un sector de la sociedad civil ha presionado la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la del comandante del Ejército, Nicacio Martínez; estos han hecho caso omiso a las denuncias alrededor del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales al interior del Ejército.
De hecho, se han centrado únicamente en el tema de corrupción que también salpica al Ejército, resolviendo capturas, bajas y traslados. Sin embargo, no hay ninguna reacción sobre las persecuciones ejercidas a militares que han entregado información alrededor de los escándalos de corrupción y ‘falsos positivos’; en lo que ha sido una auténtica cacería de informantes al interior de las filas.
‘La ropa sucia se lava en casa’
Llama particularmente la atención que dentro de una de las principales recomendaciones que le entregó la Comisión de Excelencia Militar al presidente Duque, se encuentre la formación y capacitación de los miembros de la Fuerza Pública como un “factor decisivo para la interiorización creciente y plena de los principios y valores que inspiran la actividad operacional del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional, y el eficaz cumplimiento de sus normas”.
Paradójicamente en el tintero yacen todavía las versiones que Revista Semana reveló en la que se indica que ““grupos especiales” que hoy están amenazando de muerte a militares activos y sus familias para evitar que digan lo que saben, también estarían detrás de las fuertes presiones e intimidaciones contra los uniformados retirados que están hablando en la JEP sobre lo que sucedió en los episodios de los falsos positivos”.
De hecho, hay denuncias de seguimientos en moto por parte de “grupos especiales de contrainteligencia” que estarían amedrentando a los uniformados que están denunciando. Queda una estela de duda ya que en el informe de la comisión nombrada por Duque no se habla de este tipo de prácticas.
Teniendo en cuenta la situación alertada por la prensa y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las recomendaciones sobre el fortalecimiento del control interno en áreas de la Fuerza Pública en clave de efectividad de normativa operacional —estableciendo solo como lo fundamental su visibilidad— no responde a la prevención de conductas que transgredan el DDHH y el DIH, ni a las alertas que se desprenden de testimonios de uniformados que están siendo asediados por hablar.
Es decir, a pesar de las pruebas con formatos firmados a puño y letra en los que uniformados se comprometían a duplicar bajas en combate, el sometimiento a pruebas de polígrafo que más adelante han sido negadas por Martínez Espinel —a las que el ministro solo le ha prestado su profundo silencio—; y la comisión elegida por Duque no consideró ninguno de esos eventos como un potencial riesgo de que se cometan, como en el pasado reciente, ejecuciones extrajudiciales.
Es más, el general Luis Fernando Navarro tomó la vocería después de Martínez Espinel para señalar que “Hay un hecho que nos genera una atención muy especial y es que se habla de amenazas contra ellos y sus familias y nosotros no tenemos conocimiento de denuncias o quejas puntuales a miembros del Ejército Nacional o sus familias”.
Una pugna entre lo oficial y las denuncias
Dentro de las paradojas del informe que entregó la Comisión, se encuentra la conclusión que refiere al hallazgo de “imprecisas expresiones que, apreciadas fuera del contexto teórico-operacional, generaron equívocos y, por ello, estimó infortunada la expedición de tales contenidos en los instructivos mencionados”. Es decir, que la preocupación de la opinión pública nacional e internacional tenía que ver con un tema más de falta de contexto.
En este sentido y en aras de reivindicar la mala hora del Ejército, la Comisión anunció que esta fue la razón por la que se prescindió de órdenes, instructivos y formatos. Sin embargo, lejos de socavar sobre las advertencias que el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales presupone, no hubo tampoco referencia a los casos que se han denunciado en Tumaco (Nariño), ni en Tame (Arauca).
Heridas abiertas
Para el mes de marzo se presentó un hecho en Tumaco, en el cual dos hombres fueron asesinados por el Ejército y que son señalados de haber sido parte de las disidencias de las Farc. Sin embargo, la comunidad, como en el caso de Dimar Torres, insiste que se trató de ejecuciones en estado de indefensión mientras que las autoridades sostienen que fue producto de un combate.
Para el mes de mayo, esta vez en Tame, la comunidad ha alertado sobre el asesinato de dos jóvenes en lo que serían ejecuciones extrajudiciales, pues a dicho jóvenes lo quieren hacer pasar por bajas en combate.
De hecho, según un boletín de prensa del Ejército, en Arauca mueren tres sujetos en el marco del desarrollo de operaciones militares efectuadas por el Ejército Nacional”. Ante esta situación tanto la comunidad como la familia denuncias irregularidades tanto en la forma en que se dio el parte de la operación como la demora en la entrega de los cuerpos, las actas de defunción y los informes de necropsia.