Asesinar un líder también es atentar contra el ambiente

31 julio, 2019

Asesinar un líder también es atentar contra el ambiente

  1. Por: Daniela Quintero. Redacción Pares

El último informe de la organización internacional Global Witness, que trabaja en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, señaló que Colombia es el segundo país más inseguro en el mundo para que los líderes y lideresas ambientales puedan ejercer las labores en defensa de los territorios.

Este diagnóstico es una razón adicional para aceptar la sistematicidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en el país, que desde el gobierno anterior hasta el actual, no han querido reconocer.

La Fundación Paz y Reconciliación-Pares conversó con el sociólogo, investigador y activista ambientalista, Mateo Córdoba, sobre el panorama de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, y quienes ponen en riesgo su vida para salvar a los territorios de prácticas extractivas o colonizadoras.

De acuerdo con Córdoba, el tema de la seguridad para los líderes sociales en general es bastante complicado, debido a que, en los últimos gobiernos, tanto el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque le han apostado a un modelo de desarrollo absolutamente extractivista y eso por supuesto pone en riesgo a ciertos liderazgos.

“Estas actividades extractivas en función de la actividad económica llevan a que las empresas contraten ciertas labores de seguridad, e incluso soliciten militarización, debido a la presencia de estructuras criminales, en zonas que también son estratégicas para la protección del territorio en muchas comunidades”, expresó a Pares.

En ese sentido, son escenarios que agudizan la situación de los líderes ambientales en los territorios, pues a muchos se les señala de estar aliados con la insurgencia o con grupos armados organizados-GAO, y por supuesto quedan en la mira de la fuerza pública o estructuras paramilitares.

La ONG también señaló que en Colombia se registraron 24 asesinatos de líderes y lideresas que trabajan en pro del medio ambiente. Sin embargo, el experto señaló que las cifras muchas veces son estimaciones muy bajas comparadas con lo que en realidad sucede en los territorios, las denuncias que no prosperan o las amenazas que nunca se conocen.

“Pero evidentemente esta movilización ambiental en Colombia ha tomado mucha fuerza, y por lo mismo se ha venido presentando un escenario y persecución a líderes y lideresas sociales en territorio”, apuntó.

Por ejemplo, está el caso de la abogada, líder social y política, Yamile Guerra, que estaba realizando un trabajo en torno a la defensa del páramo de Santurbán, y fue asesinada presuntamente por el litigio de unas tierras con el objetivo de proteger el macizo montañoso.

Lo que sí está claro es que la minería, la deforestación, y también la explotación forestal ponen en peligro a los líderes sociales. Por ejemplo, que un líder o lideresa se oponga a esas tareas de acaparamiento de tierras o quema de bosques, es una indudable amenaza para él o ella.

“Y la respuesta de las autoridades en Colombia desafortunadamente es capturar a un campesino que está talando, sacar con el Esmad a los campesino o a las comunidades que viven en los parques nacionales, entonces también hay un aparato institucional que funciona en conjunto con en esa estigmatización”, señaló el experto.

Baja protección a los ecosistemas colombianos

Para Córdoba, en muchos espacios a nivel internacional se referencia a Colombia como una de las instituciones más ambientalistas del mundo, y como uno de los países más rígidos en el tema de la protección del medio ambiente. No obstante, en los territorios eso se desdibuja porque en Colombia -particularmente- hay dos elementos que dificultan que se materialice esa aparente rigidez en la protección ambiental.

El primero es la laxitud del licenciamiento ambiental en muchas zonas de Colombia. Puesto que, hay proyectos extractivistas que no requieren licenciamiento ambiental porque están activos desde antes de 1993, cuando se expidió la ley 99 que empezó a regular los permisos ambientales.

Entonces, está el fenómeno de la flexibilización de las normas ambientales, y de la voluntad de los gobiernos de hacer minería y extraer petróleo a toda costa. Y en segundo lugar, está el fenómeno de las ‘puertas giratorias’, que consiste en que hay funcionarios que duran dos años en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, y luego pasan a las empresas, se devuelven al Estado y otra vez pasan a las multinacionales.

“Esto demuestra un escenario de cooptación corporativa del Estado, entonces esto también dificulta mucho esa normativa ambiental que en el papel es muy fuerte, pero que no aplique porque las empresas mineras están liderando la acción institucional en materia ambiental y eso es dramático para las comunidades, para los líderes y lideresas sociales y para los ecosistemas en muchas zonas del país”, agregó el analista.

Una condena para el Amazonas

Las consecuencias de ignorar el asesinato a los defensores y defensoras, es la debacle ambiental. En Colombia, el fenómeno de deforestación es el más importante y dramático desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc, cuando el grupo insurgente dejó las zonas históricamente ocupadas y les dio vía libre a nuevas estructuras armadas que actualmente se disputan los territorios y empezaron la tala indiscriminada.

“Por eso, no defender a nuestros líderes y lideresas sociales que se mueven en contra de estas mafias deforestadoras, es simplemente condenar al Amazonas a desaparecer. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a sacar pecho porque somos un país megadiverso, porque somos un país que tiene buena parte de lo que hemos denominado el pulmón del mundo. Pero no hemos entendido, no solo los ciudadanos, sino el Estado que hay medio ambiente si garantizamos la vida de quienes lo defienden”, indicó.

En definitiva, los líderes sociales en Colombia han demostrado ser los principales garantes de la estructura ecológica de muchos territorios. Si los líderes y lideresas sociales que han abanderado la defensa del páramo de Santurbán son amenazados y asesinados, se corre el peligro de que en algunos años ya no haya páramo de Santurbán, y en cambio, llegue la minería aurífera.

Si los colombianos y colombianas no defienden a los líderes Wayuú que se oponen al desvío del río Ranchería, de la contaminación de las fuentes hídricas en la Guajira por parte del Cerrejón, pues en unos años se hablará de unos ríos que ya no existen, y por otro lado una comunidad indígena que se extinguió de sed.

“Entonces en últimas el gran peligro de no defender a nuestros líderes y lideresas es ese, es poder perder esa gran riqueza que siempre nos ha enorgullecido: la cultural y ambiental, y ha quedado más que demostrado que las comunidades son las garantes del cuidado ambiental en muchos territorios. Por eso, si siguen minimizando el problema y si se sigue negando la sistematicidad y si seguimos apareciendo en ese vergonzoso ranking de Global Witness, pues en algunos años no solo no tendremos líderes ambientales, sino que tampoco tendremos una riqueza ambiental”, concluyó.

 


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Artículo por: Daniela Quintero Guevara @ | Publicado: Hace 4 meses

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