Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
A pesar de que transcurrieron nueve (9) meses desde que se hundió la avanzada uribista que pretendía crear salas especiales para las fuerzas militares, la iniciativa resurgió, nuevamente, desde la vocería de la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia y el jefe máximo del partido; Álvaro Uribe Vélez.
Como era de esperarse, en la radicación del proyecto de Acto Legislativo, la senadora Valencia aprovechó para sembrar dudas sobre los magistrados de la JEP, aún más después del fracaso del presidente Duque con las objeciones contra el Tribunal de Paz.
Un cerco para las versiones de las FFMM
“Nosotros consideramos que los hombres de nuestra Fuerza Pública, solados y policías, que ofrendado sus vidas para defender la democracia colombiana deben por lo menos tener la presunción de inocencia, que supone, que no haya confesiones a cambio de una negociación. Además, que los jueces que los juzguen conozcan el DIH y que no tengan una parcialización en su ideología”, señaló la senadora.
En su momento —como ahora— la senadora del partido de gobierno ha señalado que el proyecto ella radicó permitirá que “las Fuerzas Armadas de un país democrático no se puedan equilibrar, poner al mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas”; debido a que, en las toldas uribista, entre otras cosas, se ha venido alimentando un discurso de desconfianza con el Tribunal de Paz. Para el uribismo, existe un supuesto sesgo ideológico por parte del tribunal que configura la JEP.
El malestar de Uribe
Por su parte, cabe recordar que Uribe se ha visto especialmente interesado en la creación de dichas salas para militares. En octubre de 2018 —mientras el ambiente estaba caldeado por la votación de la Ley Estatutaria de la JEP— Uribe manifestó declinar en favor de la JEP siempre y cuando se creara una sala de el juzgamiento exclusivo de la Fuerza Pública en el sistema de justicia transicional.
De hecho, el jefe del Centro Democrático señaló “Tratar el caso de las Fuerzas Armadas dentro de la JEP, en una sala especial, implica de parte de quienes nos hemos opuesto a la JEP, tener que aceptarla y pedir ya no la revocatoria de la JEP, sino una sala especial para los militares. Eso no implica desconocer el acuerdo”.
Un proyecto reencauchado
Tal como lo dio a conocer el Centro Democrático ante la opinión pública, el proyecto de Acto Legislativo que busca las salas especiales paras la Fuerzas Armadas revive una gran polémica que trajo consigo el primer intento que tuvo fecha en 2018. El proyecto da poder para que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, escoja los seis magistrados que conocerían los casos y escucharían las versiones de los militares.
En la versión 1.0 de las salas especiales traía consigo, como requerimiento, que el presidente escogiera los magistrados para los militares; tal como en la versión 2.0 de 2019. Sin embargo, la polémica que desató esta propuesta hizo que la senadora María Fernanda Cabal abriera la posibilidad de que la escogencia quedara en manos del Congreso de la República. Advirtiendo este panorama, Paloma Valencia señaló que este aspecto podría someterse a debate y discusión. Tal como se encuentra en este momento la decisión la tomaría Duque y la refrendaría el Congreso.
En la radicación del Acto Legislativo, Valencia expresó algunas de las razones por las que espera esta vez tenga éxito su avanzada; “como lo hemos venido diciendo los militares no tienen un fuero penal militar en Colombia. La mayoría son juzgados por la justicia ordinaria. Ni siquiera toman las normas del DIH, que son las normas que se le debían aplicar a un militar, sino que los juzgan con el código penal. Su única alternativa es la JEP porque toma normas del DIH; pero quedaron errores como la presunción de culpabilidad de los miembros de la fuerza pública”.
Las salas entre el silencio y la garantía
Es claro que para las toldas uribistas hay un interés genuino en las condiciones en las que los militares entreguen versiones, aun cuando con las mismas se cuenta para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en las vicisitudes del conflicto armado. En este sentido, la apuesta está en establecer una sala dentro de la JEP para que, de manera exclusiva, se juzgue y se conozcan los casos que competen a los miembros de la Fuerza Pública.
De esta forma, la avanzada uribista busca que proyecto de Acto Legislativo cree una sala de dos instancias, de las que se encargarían; tres magistrados en primera instancia y los tres restantes en segunda instancia. Es decir, la primera estará encargada de la revisión de sentencias y la segunda se centrará en la apelación. Así las cosas, tanto los magistrados y los fiscales de la sala especial tendrán el beneficio de conocer de manera preferente las conductas cometidas por las FFMM.
El papel de la Procuraduría y a la Fiscalía
A su vez, el proyecto de Acto Legislativo trae consigo la creación de una unidad de Investigación y Acusación para miembros de las FFMM, que requiere, como mínimo, ocho ficales que también serían nombrados por el presidente Duque. Asimismo, en dicha unidad se requiere de un coordinador de dichos ficales, que será escogido por el fiscal general de la Nación.
La iniciativa uribista también incluye a la Procuraduría General de la Nación, pues el órgano de control, desde le procurador “deberá designar agentes especiales para que intervengan en las actuaciones y los procesos que se surtan ante la Sala y secciones para miembros de la Fuerza Pública”, tal como indica el documento. A pesar de que quieren el Centro Democrático quiere la vocería, los militares están yendo a la JEP.
Tal como lo había señalado Pares, el momento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se han presentado más de 300 comparecientes de la fuerza pública que obtuvieron en la jurisdicción ordinaria los beneficios para continuar su sometimiento ante la JEP.
Los comparecientes continúan con el trámite de sometimiento ante la jurisdicción para ser llamados en su momento por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sección de Revisión o las Secciones de primera instancia que corresponda, donde se resolverá de manera definitiva su situación jurídica.
Verdades necesarias
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Ejército Nacional está implicado en 1065 casos en Desaparición Forzada, 2988 casos en Asesinatos Selectivos, 219 Masacres y 126 en Casos de Violencia Sexual; lo que lo configura como un actor necesario para la reconstrucción de la verdad para las víctimas en Colombia. A su vez, para finales del mes de febrero de 2019, la JEP registra el sometimiento de 1.958 miembros de la Fuerza Pública.
El Ejército y el uribismo no estaría alineado con el tema de la JEP, ya que, para diciembre de 2018, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se han presentado militares a entregar versiones de batallones como Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.
Un largo camino
Hay que hacer hincapié en que la avanzada uribista, por el hecho de tratarse de tratarse de una reforma constitucional; necesita superar ocho debates en el Congreso. De estos ocho, cuatro deben darse antes del 16 de diciembre de 2019.
El uribismo debe tener en cuenta que, ya para marzo de 2019, la Corte Constitucional declinó los intereses del uribismo con respecto a la creación de salas especiales.
Precisamente, el alto tribunal encontró que el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP es inconstitucional. Según José Fernando Reyes, magistrado ponente, la idea de una sala especial para militares representa un riesgo para el tratamiento igualitario de la JEP frente a todos los involucrados en casos en el marco del conflicto armado.