¿Cuántos contratos se necesitan para ser Registrador?

5 agosto, 2019

¿Cuántos contratos se necesitan para ser Registrador?

Por: Redacción Pares

La Federación Nacional de Departamentos -FND- entidad que ha servido como fuente de poder y trampolín para personas como Felipe Córdoba, actual Contralor General, ahora parece servir a los intereses del actual director, Carlos Camargo Asís, quien se perfila como próximo Registrador Nacional.

Camargo es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Partido Conservador y el Centro Democrático, y responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. También es yerno de la exsenadora Nora García Burgos y primo de David Barguil, senador conservador contra quien actualmente cursa un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado por sus inasistencias a las plenarias del Congreso.

Desde que llegó a la entidad en septiembre de 2018 impulsado por el presidente Iván Duque, Camargo ha entregado contratos de la Federación Nacional de Departamentos a diestra y siniestra privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, familiares de los actuales magistrados y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses.

Entre los contratos se encuentran algunos ejecutados en periodos de tiempo y fechas insustentables, otros con el mismo objeto contractual y algunos que se caracterizan por implementar la técnica de la puerta giratoria. Se evidencia, por ejemplo, el favorecimiento a oficinas de exprocuradores que están asesorando a gobernadores en procesos disciplinarios, así como a exmagistrados del Consejo Nacional Electoral -CNE- que se encuentran asesorando a gobernadores inmersos en procesos por delitos electorales ante dicha entidad.

Pares encontró un total de 10 contratos con exmagistrados o familiares de los actuales magistrados del Consejo de Estado tales como: Rocío Araújo, Enrique Gil, entre otros, y con políticos y abogados aliados de quienes impulsaron la elección de Camargo en la Federación; entre estos se encuentra la exsenadora Olga Suarez Mira, Eduardo Montealegre y la hija del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Triangulación para asegurar la Registraduría

Triangulación es el nombre más exacto. Camargo le da contratos a personas cercanas a magistrados y exmagistrados, y a cambio, estos beneficiarían procesos de congresistas conservadores y Camargo así aseguraría el apoyo de unos y de otros para su elección como Registrador.

Entre los contratos suscritos por la FND resaltan los entregados a Liliana del Rosario Araújo y Ciro José Muñoz, hermana y primo hermano de Rocío Araújo Oñate, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado. La sección encargada de los temas electorales.

A su vez, Muñoz fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y su contrato de 26 días con la FND apunta a asesorar a los gobernadores en los procesos que se surten contra ellos por delitos electorales en la entidad que justamente presidió. Cabe preguntarse si dicho contrato podría ejecutarse en tan corto lapso de duración, a qué procesos brindó su “consultoría” y si deberíamos los colombianos pagar esto con nuestros impuestos.

Otro magistrado de la sección presuntamente favorecido por Camargo es Alberto Yepes, quien dejó su cargo hace poco más de un mes, y cuya esposa, Sonia María Castro, fue contratada para asesorar a los departamentos sobre la normatividad que rige los de juegos de azar.

Entre los contratistas también se encuentran los exmagistrados del Consejo de Estado Enrique Gil Botero, quien prestó sus servicios directamente a la oficina del director; Martha Teresa Briceño, cuyo contrato se centra en actividades que no son particulares a su experiencia, específicamente en el cálculo de giros menores a los departamentos por parte del Sistema General de Participación y la cuantificación de los daños causados por estos; y Alier Eduardo Hernández Enríquez, quien además es amigo personal de Ramiro Pazos, actual magistrado de la sección tercera y vicepresidente de esta Corte.

Por otro lado, se evidenciaron contratos con el exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo; con el conjuez de la sección segunda de esta misma Corte y también abogado del congresista Ape Cuello y la exgobernadora Oneida Pinto, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, cuyo contrato presenta el mismo objeto contractual que el de la exoficial de la sección tercera del Consejo de Estado y exsecretaria del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal, Malka Irina Guerrero Castillo.

Un contrato igual de vago en su objeto que los dos anteriores, es el del conjuez del Consejo de Estado, Mauricio Fernández Rodríguez, quien además se desempeñó como abogado defensor de los senadores del Centro Democrático y el Partido de la U, Ernesto Macías y Eduardo Pulgar en los procesos por pérdida de investidura que enfrentaron ante este tribunal.  

Contratos con aliados y cercanos al Consejo de Estado

Un caso ejemplar, a pesar del bajo monto del contrato, es el de la excongresista conservadora de Bello, Olga Suarez Mira, aliada del uribismo en Antioquia, cuyo contrato con la Federación de Departamentos se ejecutó en plena época navideña, entre el 17  y 31 de diciembre de 2018, con el objeto de asesorar a la subdirección Gobierno y Regiones y a los departamentos en el seguimiento y cumplimiento de sus planes de desarrollo, así como en la promoción de la incorporación de iniciativas departamentales en proyectos de ley y en el seguimiento legislativo, época durante la cual el Congreso de la República no sesiona.    

Otro caso es el de la firma de abogados que preside la hija del exprocurador y ahora embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Alejandro Ordóñez, María Alejandra Ordóñez, cuyo contrato con la FND busca el acompañamiento jurídico a los gobernadores en materia disciplinaria.

Ordóñez es muy cercano al hoy Consejero de Estado, Rafael Suárez, quien fue su procurador judicial, así como de Nicolás Yepes, magistrado de la sección quinta, quien fungió como su procurador delegado y está a cargo del proceso que cursa actualmente contra David Barguil en el Consejo de Estado.




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