Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La ONG Human Rights Watch volvió a publicar un informe sobre Colombia, esta vez el foco estuvo puesto sobre la subregión fronteriza del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Principalmente, alertó sobre la situación de asesinatos, desapariciones, reclutamiento de niños, crímenes de violencia sexual y desplazamientos forzados en la zona. Entre los grupos armados que actúan allí y son identificados en el informe se encuentran el EPL, ELN y disidencias de las FARC.
Así como lo ha venido advirtiendo la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, WRH —en el informe— señaló que en el Catatumbo hay una disputa territorial por las zonas en las que, históricamente, hizo presencia la otrora guerrilla de las Farc y, en las que el Estado no ha podido hacer presencia de manera efectiva. De hecho, desde Pares, en el informe sobre Cómo va la Paz: “LA REESTRUCTURACIÓN UNILATERAL DEL ACUERDO DE PAZ” se alertó sobre el incremento del homicidio en el Catatumbo, entre otras cosas, por la guerra entre el EPL y el ELN.
Asimismo, sobre el fenómeno de desplazamiento de población también se denunció la situación que atravesaban de forma más predominante la región de Catatumbo y la región del Norte, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. Catatumbo, desde la firma del Acuerdo, presentó un incremento en el desplazamiento masivo y para 2019 —tal como lo ha indicado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA)— el desplazamiento masivo en el departamento de Norte de Santander se ha mantenido como una amenaza latente.
Victimización
De acuerdo como lo presentó HRW en su informe, hay aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados; según la investigación adelantada con fuentes de “informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos”. HRW hace una salvedad más que necesaria, la cifra puede ser incluso mayor, sin embargo, el miedo de represalias por parte de los grupos armados vicia las cifras del informe.
Por su parte, OCHA responde en su informe que “109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018”. Bajo esta información, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, denuncia la victimización a los y las líderes sociales. Además, según la investigación, entre “enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia. Estos abusos incluyen violación y otros delitos sexuales”.
En ese sentido, según el sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares – SIPARES; desde la fecha de la firma del Acuerdo a la fecha (8 de agosto de 2018), en el departamento de Norte de Santander, se ha registrado el asesinato de 22 líderes y lideresas sociales y 8 excombatientes.
En los siguientes mapas de calor, se puede observar las zonas de mayor victimización:
Venezolanos también son víctimas de la guerra
Por otra parte, HRW analiza el tema migratorio, pues los venezolanos que vienen a Colombia se están enfrentando a una encrucijada: quienes salen de Venezuela por la situación humanitaria que atraviesa el vecino país, se está encontrando con la guerra entre los Grupos Armados Organizados en la región de Catatumbo.
HRW extiende el llamado para que las autoridades colombianas, de una vez por todas, tomen “medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia”.
La ONG también se refirió a las condiciones de vulneración a la que está siendo expuestos la comunidad venezolana; que van desde el desplazamiento, el reclutamiento a menores por parte de grupos armados hasta el asesinato. De hecho, OCHA, entre 2017 y 2018 había aumentado en un 550% el desplazamiento en el departamento del Norte de Santander.
Ahora bien, de las 340 víctimas de ataques a civiles, el 10.05% fueron venezolanas y de las 125 víctimas de homicidios, el 13.6% eran venezolanas. Como si fuera poco, la situación de la población venezolana se complejiza, en la medida en la que no denuncian las distintas situaciones mencionadas por miedo a ser deportados.
Advertencias de Pares
Las causas de la conflictividad en Catatumbo se vienen cumpliendo, tal como las estableció PARES en el informe Cómo Va la Paz. En su momento, expuso las siguientes tres:
(i) Ausencia de liderazgo político en el EPL: entre 2014 y 2017 los operativos de la Fuerza Pública contra el EPL acabaron con toda la vieja comandancia del EPL y quienes quedaron de mando fueron jóvenes campesinos, sin formación política ni militar, que, en el interés de seguir su expansión, comenzaron a resquebrajar acuerdos de funcionamiento que se tenían con el ELN y que no tienen el interés de mantener buena relación con esa guerrilla. (ii) el EPL comenzó a actuar de manera arbitraria con liderazgos sociales y comunidades, situación. Las comunidades comenzaron a exigir al ELN que frenara la situación, lo que derivó en la profundización de la disputa. (iii) Los viejos acuerdos que se tenían en materia de control territorial y rentas del narcotráfico se rompieron.
La Fiscalía debe tomar medidas
HRW señala que la Fiscalía General de la Nación no ha logrado establecer justicia frente a los hechos denunciados en la región de Catatumbo. Muestra de ello, tiene que ver con que en el informe la organización hace hincapié en que “en abril de 2019, había más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Sólo se habían dictado condenas en 61 casos”.
Por otro lado, la Fiscalía tiene pendientes 483 procesos que continúan pendientes en el marco de que no ha habido ningún condenado por los desplazamientos forzados en Catatumbo. De hecho, HRW afirma que “la fiscalía no había imputado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por amenazas, reclutamiento infantil ni “desapariciones forzadas””.
¿Y las FF.MM.?
La investigación recuerda que el gobierno nacional, para octubre de 2018, decidió crear una ‘Fuerza de Despliegue Rápido’ que pretendía materializar la presencia de 5.600 militares para fortalecer el Catatumbo.
Sobre dicha decisión, el informe alertó sobre las prácticas abusivas perpetradas por la Fuerza Pública en Catatumbo. HRW nombró, entre otras cosas, el asesinato de Dimar Torres, señalamiento por parte de uniformados a civiles sindicándolos de ser “cómplices de guerrillas” e interrogatorios en retenes militares. Estas situaciones han despertado la incertidumbre en la comunidad, actores humanitarios y funcionarios de derechos humanos.
“Para poder hacer lo que tenemos que hacer con el respeto de los Derechos Humanos, que es nuestra premisa.” Nicacio Martínez
El comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, en entrevistas a medios de comunicación se refirió a las prácticas abusivas por parte de los uniformados. Para Martínez Espinel, contrario a lo que señala el informe, señaló que “es posible que haya alguna prevención de las personas y de los soldados; tenemos que revisar”. “Yo conozco que hay unas investigaciones sobre algunas personas; disciplinarias e internas, pero no es el caso general”. Tendremos que revisar e investigar. Estamos atentos para estar en el marco de la Ley, para poder hacer lo que tenemos que hacer con el respeto de los Derechos Humanos, que es nuestra premisa.”
Martínez Espinel también habló de la denominada Fuerza de Despliegue Rápido, a las que se refirió para decir que su objetivo es tener mayor control territorial en Catatumbo. Además, aseveró que ya han conseguido la captura de 143 personas. Asimismo, precisó que Catatumbo es una zona de “Intervención Especial” y que por esta razón están trabajando con la Policía, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación. Además, dio a conocer que el presidente Duque “tiene unos planes específicos como la “Ruta Futuro” para poder atacar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos hasta cuando son utilizados por jóvenes, por personas”.
Finalmente, HRW en el informe expone unas recomendaciones para el Gobierno Nacional y las autoridades: “Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados”.