Por: Redacción Pares
En los próximos días el extraditado excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, recibirá la noticia sobre su aceptación o rechazo en el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. En una carta conocida por el noticiero Noticias Uno, Mancuso afirma que el proceso de Justicia y Paz se hizo, no para revelar la verdad del paramilitarismo, sino para ocultarla.
Desde noviembre de 2018 el exlíder de las Autodefensas Unidas Colombia había manifestado su voluntad de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de seguir colaborando con la justicia colombiana. La solicitud se hizo formal cuando el acta de sometimiento a la JEP, firmada por Mancuso, llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
Cabe recordar que la Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de la República en junio de 2005, no sin que se hayan presentado fuertes debates durante su discusión, uno de ellos el del “delito político” o “sedición”, en el que León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, participó en ese momento indicando que:
“Una de las principales razones por las que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar de delito político la actividad paramilitar es porque este estatus se les da a las “fuerzas que se enfrentan al Estado o a fuerzas que representan una amenaza subversiva para el Estado, ya por que tratan de intervenirla, o tratan de derrocarla”. En palabras del analista político, “Los paramilitares no se enfrentaron al Estado, sino que más bien convivieron con él en su interior”.
Las verdades de Mancuso
Como lo anunció en octubre del año pasado a través de la emisora W Radio, Mancuso, aseguró que va a aclarar la verdad sobre muchos procesos que están pendientes de decisión y que en poco tiempo va a contar la verdad en contra de muchas personas que aún no han respondido ante la justicia.
“Voy a declarar la verdad, convéngale a quien le convenga y perjudique a quien perjudique, pero que sea la justicia la que decida si hubo o no direccionamientos al respecto”, expresó en ese momento el excomandante de las AUC.
También afirmó que fue él quien jaló todo el proceso de Justicia y Paz; que por sus testimonios y pruebas más de 50 personas de connotación nacional han sido condenadas; que lo que aportó como pruebas han servido para demostrar que hubo vínculos de personas muy importantes con las AUC, como políticos, empresarios y militares entre otros, “Sin ellos no hubiéramos llegado a donde llegamos”, dijo Mancuso.
Asimismo, se ratificó en sus denuncias en contra de Álvaro Uribe Vélez y dijo que el expresidente tiene toda la responsabilidad sobre hechos que ya ha relatado en Justicia y Paz. Cabe recordar que el exjefe paramilitar se encuentra recluido en estados Unidos desde 2008 y fue condenado, en junio de 2015, por la justicia de ese país a 15 años y 10 meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de narcotráfico.
En Colombia debe cumplir la sentencia definitiva en su contra, emitida -en ausencia- en 2014. Entonces fue condenado a 40 años de prisión, 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de 50.000 salarios mínimos, unos US$10 millones al cambio actual. Sin embargo, por haberse acogido al proceso de desmovilización, la pena se le conmutó a 8 años de prisión.
Uno de los apartes de la sentencia de la Justicia colombiana del 31 de octubre de 2014 que da cuenta de una larga serie de crímenes de los que Salvatore Mancuso fue partícipe,dice lo siguiente sobre uno de las atrocidades cometidas por Mancuso:
A mediados de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado, en el departamento de Bolívar, «se utilizaron armas ligeras, piedras, palos, morteros de hierro, cabuyas, el nefasto y lamentable resultado de esa incursión militar fue de 62 homicidios», según contó el propio Mancuso a la Justicia. «El objetivo era quitarle este territorio a las FARC», dijo el exparamilitar, uno de los hombres encargados de planear ese ataque, hoy conocido como la Masacre de El Salado
La historia de Justicia y Paz
El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inició en el 2002 entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los voceros o representantes de ese grupo armado al margen de la ley, generó la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes, y el desmantelamiento de los mismos, en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre las partes.
Dicho marco jurídico quedó consagrado en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos reglamentarios. El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Este proceso tuvo su origen en 2002, cuando de manera discreta la administración de Uribe inició conversaciones con los jefes de las Autodefensas que llevara a su desmovilización.
Es entonces cuando en diciembre de 2002 Las Autodefensas Unidas de Colombia declaran un cese unilateral de hostilidades y más adelante, el 23 del mismo mes, el primer mandatario sanciona la ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno queda facultado para iniciar negociaciones de paz con grupos que no tuvieran estatus político, lo que abrió las puertas para iniciar diálogos con los grupos paramilitares.
La Ley de Justicia y Paz fue presentada como un proyecto llamado ‘alternatividad penal’ en el año 2003, sin embargo, fue duramente criticado por la comunidad internacional por no contemplar la confesión de crímenes ni la reparación a las víctimas, por lo cual, a pesar de su aprobación en el Congreso, la Corte Constitucional hizo cambios de fondo par ajustarla a las obligaciones adquiridas con la firma del tratado de Roma, aunque aún no se encontraba vigente en el país. De hecho, en ese entonces, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insistió al gobierno de Colombia modificarla señalando que:
«La nueva ley ha incluido en su texto los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, en respuesta a las observaciones formuladas por la Oficina. No obstante, esas disposiciones no son compatibles con otras de la ley. También faltan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En particular, la ley no exige la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. La ley no exige su contribución efectiva para el esclarecimiento delos hechos. No es posible hacer justicia ni garantizar la reparación sin esclarecer la verdad».
Adicionalmente, la ONU le pidió al Estado colombiano acabar con los vínculos entre fuerzas estatales y los paramilitares, adoptar un plan de acción respecto de los Derechos Humanos, abrir investigaciones de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, atacar la pobreza y luchar contra la impunidad.
Al final, la Ley de Justicia y Paz operó de la siguiente forma: la Fiscalía General de la Nación creó una dependencia llamada Justicia y Paz, encargada de presentar los macrocontextos criminales y la investigación de los hechos ante los jueces para que estos contrastaran la información con la de los versionados/comparecientes de las AUC; los versionados libres estaban obligados a aportar verdad, entregar sus bienes para reparar a las víctimas y no reincidir a fin de acceder y mantener los beneficios de las penas alternativas.
A esta norma se le introdujo un componente de reparación a las víctimas del paramilitarismo, para lo cual los desmovilizados que se sometieran a ellas, debían contar la verdad de los hechos ante los tribunales de Justicia y Paz.
Sin embargo, en la práctica, la ausencia de mecanismos de contrastación claros en la ley permitieron que estos contaran y entregaran lo que les pareciera, situación agravada por las capacidades reales de la Fiscalía y los fiscales, quienes se vieron sobrepasados con los niveles de información que debían procesar.
La extradición, una maniobra para silenciar
Precisamente, después del malestar que le generó a los jefes paramilitares el hecho de que el delito de narcotráfico no estuviera conexo, el entonces presidente Álvaro Uribe aprovechó para ordenar la extradición de los 14 jefes de las AUC que eran acusados por el delito de narcotráfico.
Frente a este hecho, que marcó la salida de Colombia rumbo a Estados Unidos de Don Berna, Jorge 40, Salvatore Mancuso, entre otros; las víctimas levantaron su voz de rechazo alegando que había sido vulnerado el derecho a conocer la verdad de los hechos y, las versiones de los jefes paramilitares que servían de información para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la reparación.
Incluso, los paramilitares extraditados señalaron que esa maniobra del gobierno se trató de una estrategia para impedir su testimonio.
En su momento, el senador liberal Rodrigo Rivera había alertado por el “narcomico’ que traía colgado la Ley de Justicia y Paz o ley 375 de 2005. Según Rivera, dicho intento había sido incluso fraguado por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en una suerte de encargo habían solicitado desde 2003 que:
«Tanto el Gobierno Nacional, como el Congreso de la República y la Comunidad Internacional deben entender que la declaratoria del movimiento político-militar de las AUC conlleva al tratamiento de delito conexo del narcotráfico, y que los pedidos de extradición que pesan contra varios dirigentes de las AUC deben entenderse a través de la figura de la sedición y del delito conexo , haciendo improcedente, jurídicamente e inconveniente políticamente, la entrega de los nacionales pertenecientes a esta agrupación armada contra insurgente».
El 15 de julio de 2003 se llevó a cabo la firma de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, en el primer gobierno del actual jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Para 2005, en junio, el Congreso de la República aprobaría la Ley de Justicia y Paz en un ambiente viciado por una estela de duda; producto de que, entre otras cosas, muchos de los que intervinieron en su aprobación recibieron el apoyo del paramilitarismo en su camino electoral para llegar a las curules; lo que se interpretó como presiones sobre el trámite de la Ley.
En entrevista concedida a el diario El Espectador en octubre de 2018, Mancuso había declarado que:
» Efectivamente, el escenario para poder seguir ampliando todas estas declaraciones ( la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en varios hechos relatados por el propio Mancuso en Justicia y Paz) para adicionar esto es la Jurisdicción Especial para la Paz. Allá, cuando yo sea aceptado, podré hacer las adiciones del caso, las ampliaciones necesarias de los hechos que han sido relatados por mí y los que también hagan falta al respecto.»